Empresas depredadoras. por Francisco Marín

Desde que se instalaron en Chile, las autoridades no han exigido a las salmoneras los estudios de impacto ambiental (EIA) correspondientes para medir, entre otros aspectos, la capacidad de los ecosistemas marinos y lacustres para absorber y reciclar los compuestos orgánicos generados por actividades humanas, esto es, su capacidad de carga.


Hasta ahora, basta con que las empresas presenten declaraciones de impacto ambiental (DIA), que casi sin excepción son aprobadas por la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama). Una DIA es apenas una declaración jurada de un representante legal de la empresa inversora. El único requisito que debe cumplirse al solicitar una concesión salmonera es que la compañía esté ubicada en Áreas Aptas para Acuicultura (AAA).


El problema es que, para definir este tipo de zonas, no se hicieron los estudios que garantizaran que los espacios definidos como aptos realmente lo fueran. “Simplemente se trazaron líneas rectas en el mapa”, dice el abogado Fernando Siebald.

Según este experto en legislación marítima, las AAA no se conducen de acuerdo con las condiciones especiales de cada entorno. Y explica: “Dentro de una visión integral o ecosistémica de los espacios, las líneas rectas son, evidentemente, arbitrarias.”


En la Región de Los Lagos, por ejemplo, para definir cuáles zonas eran AAA, se emitió en 1993 el Decreto Supremo del Ministerio de Defensa Nacional 371/93, previa resolución de la Subsecretaría de Pesca 792/92. El informe técnico de esta dependencia, que avalaba la definición de ese tipo de zonas, tiene tres páginas en las que se limita a señalar que se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 67 de la Ley de Pesca y Acuicultura, que regula las asignaciones de concesiones acuícolas. Nada más.

Al documento no se le anexó ningún informe científico que respaldara esa asignación o mencionara las acciones preventivas con respecto al posible daño que la salmonicultura ocasionaría al entorno ambiental ni las medidas que deben aplicarse para evitarlo.

Hubo varias reformulaciones legales y ahora casi todo el borde costero de la Región de Los Lagos ha sido declarado apto para la acuicultura, con excepción de la bahía Tic Toc, paisaje de gran belleza utilizado por la armada para sus ejercicios navales.


La crisis de la salmonicultura puso de manifiesto la inoperancia de la institucionalidad construida por el Estado chileno, tanto que la propia titular del Departamento de Acuicultura del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), Alicia Gallardo, reconoció que “las zonas AAA no son aptas para acuicultura”. Las afirmaciones las hizo el 21 de noviembre pasado en el seminario Salmonicultura en Chile: Un análisis transversal, organizado por la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputados que se realizó en Puerto Varas (Región de Los Lagos).

Nuevas reformas

El senador Nelson Ávila, presentó el pasado 15 de abril, un proyecto de ley sobre este asunto. Sostiene que su propósito es “suplir las falencias de la legislación y de las malas prácticas que han hecho posible la debacle que se vive, fruto del colapso ambiental provocado por la salmonicultura”.


Según él, debe hacerse una profunda modificación de las Áreas Apropiadas para la Acuicultura. E insiste en la necesidad de establecer la determinación previa de la capacidad de carga de los ecosistemas a intervenir como requisito para dar una concesión.


Ávila propone en su proyecto, que se basó en el estudio Efectos de la normativa ambiental vigente para la salmonicultura intensiva en Chile, de Héctor Kol y Francisco Marín, que para reordenar el sistema de concesiones se requiere dejar sin efectos todas las AAA establecidas hasta la fecha, así como suspender las solicitudes de ampliaciones y de nuevas concesiones de acuicultura mientras no se defina con rigor cuáles son las AAA.


En contraste, el 9 de enero pasado, el gobierno de Chile presentó, por medio de la Subsecretaría de Pesca, un proyecto de reforma a la Ley de Pesca y Acuicultura. Su objetivo es salvar la actividad salmonera por medio de la entrega de mayores porciones de mar y miles de nuevas concesiones de salmonicultura, a pesar de la crisis que hoy afecta a esta industria.


Sin embargo, hay un aspecto de esta ley que ha pasado inadvertido para la prensa y los legisladores, aunque no para las organizaciones de pescadores artesanales. Se trata del apartado en el que se cambia el estatuto jurídico de las concesiones de acuicultura para que éstas pasen a ser propiedad privada y definitiva de sus tenedores.


Lo anterior tiene la finalidad de que las empresas salmoneras, que están al borde de la quiebra pues acumulan deudas por más de 2 mil millones de dólares, puedan entregar sus concesiones en hipoteca a los bancos. A cambio, estas instituciones les otorgarían créditos por 450 millones de dólares con dinero proveniente del Estado, que fue comprometido por la presidenta Michelle Bachelet en noviembre pasado en el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade). A esta medida se le conoce como “El salvataje a las salmoneras”.


La propuesta gubernamental, que supone la privatización del mar (de concretarse, Chile sería el primer país en el mundo en tomar esta medida), contraviene el artículo 585 del Código Civil nacional, según el cual “las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, como el alta mar, no son susceptibles de dominio, y ninguna nación, corporación o individuo tiene derecho de apropiársele”.

Este proyecto se votará el próximo martes 28 de abril en la Comisión de Pesca y acuicultura de la Cámara de Diputados. Sin embargo, sufrió un duro revés el pasado 16 de abril cuando en asamblea de más de mil pescadores, y ante los dirigentes máximos de las principales confederaciones de pescadores de Chile, se resolvió rechazar este proyecto de privatización del mar. Esto es muy relevante si se considera que las aguas interiores de Chiloé que se quieren privatizar están reservadas para uso exclusivo de la pesca artesanal, según se establece en el artículo 47 de la Ley de Pesca.

En noviembre de 2008 la Asociación Gremial de Organizaciones de Pescadores Artesanales de Aysén y Zonas Adyacentes (AGO de Aysén), declaró que con esta iniciativa gubernamental se pretende “extinguir” la actividad pesquero artesanal, puesto que los bancos comerciales, en caso de adjudicarse la propiedad de amplias zonas del mar, impedirán el libre tránsito de sus embarcaciones.


Héctor Kol, encargado del Programa de Salmonicultura de la Ago de Aysén, declaró en esa ocasión: “Mientras a la industria, causante de ese desastre ambiental y social, el gobierno le quiere regalar más de 450 millones de dólares en recursos que nos pertenecen a todos los chilenos, a los pescadores que han hecho un manejo responsable y sustentable de los recursos marinos se les quiere condenar al exterminio”.