Fernando ha vuelto.

Ricardo Brodsky. Director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Resulta difícil describir los sentimientos que a uno lo embargan al conocer la noticia de que el juez Manuel Vásquez certificó el fallecimiento de Fernando Ortiz, atribuyendo su muerte a múltiples fracturas provocadas por las indecibles torturas que sufrió en manos de los ocupantes del centro secreto de extermino de la DINA ubicado en Simón Bolívar 8800, cuya existencia develó el Juez Víctor Montiglio.

Supongo que esa mezcla de sentimientos encontrados, ese dolor e impotencia, combinados con el alivio de una historia de búsqueda que llega a su fin, es ineludible. Cómo no sentir dolor al ver la manera inhumana en que fue tratado ese gentil, caballeroso, valiente e inteligente profesor universitario que fue Fernando Ortiz. Pero al mismo tiempo, cómo no sentir alivio y esperanzas al ver la emoción que están viviendo sus hijas Estela y María Luisa, quienes finalmente podrán sepultar sus restos, acompañadas de sus amigos y compañeros, para hacer vivir los muchos recuerdos de su padre en paz.

Conocí a Fernando Ortiz pocos años antes de su detención, cuando integraba la dirección clandestina del partido comunista. Frecuentaba el departamento en el que vivíamos mi madre y yo en el centro de Santiago, tras el exilio del resto de mi familia, en los años 1974 y 1975. Llegaba ataviado con horrendos disfraces, sombreros, placas que le deformaban el rostro, gruesos lentes que a duras penas le permitían ver. Se pasaba largas horas, a veces tardes enteras, haciendo tiempo para llegar a la hora en punto a un furtivo encuentro en alguna céntrica fuente de soda. No podía arriesgarse a estar en las calles y seguramente prefería romper su monotonía de encierro visitándonos en nuestro pequeño asilo que, por cierto, siempre estuvo abierto para él y unos cuantos otros.

Fernando había sido compañero de generación de mis padres. Estudiantes y luego profesores de la Universidad de Chile, impulsores de la FECH en sus años mozos y de la Reforma Universitaria en su madurez: clásicos especímenes de una clase media progresista del Chile de mediados del siglo veinte: cultos y sobrios. Sin ambiciones de riqueza personal y con sueños enormes y generosos para Chile. ¡Tan distintos de los héroes adinerados de hoy!

Conversábamos habitualmente de lo que estaba ocurriendo en el país. Era consciente como pocos en esos días, que los militares no estaban sólo para terminar con la UP sino que tenían una pretensión fundacional, que el régimen iba para largo y que entonces valía la pena intentar una nueva lectura de la realidad chilena, así como de los errores cometidos por la izquierda durante la época de Allende.

Era particularmente crítico de la ultraizquierda —”Caballo de Troya del imperialismo” la llamaba—, de su discurso apocalíptico y de sus insensatas aspiraciones violentistas.

Conocía, como pocos comunistas chilenos en ese entonces, a Gramsci y admiraba sus conceptos teóricos que alejaban a la política progresista de la conspiración jacobina y la volvían más próxima a la cultura. Estas conversaciones marcaron poderosamente mi propia formación política, alejándome de las tentaciones del aventurerismo para volverme hacia una práctica política racional.

Su arresto y asesinato, y la de los demás miembros de la dirección clandestina del PC encabezada por Víctor Díaz, terminó brutalmente con un equipo de dirigentes que ciertamente habría escrito una historia diferente de su partido y de la oposición a la naciente dictadura.

El recuerdo de Fernando Ortiz ha vuelto para siempre. En verdad, nunca ha dejado de estar presente para quienes lo conocimos, pero su recuerdo era angustioso, doloroso y oculto, como los últimos años de su vida.

Su presencia se hizo patente en 2001 cuando la Mesa de Diálogo permitió identificar restos humanos en Cuesta Barriga, pero su identificación definitiva demoraría años. Ahora regresa con plenos derechos. La atroz muerte que le dieron sus asesinos, así como los intentos por hacer desaparecer su cuerpo, no cumplieron su propósito. Sus huesos, o lo que el tiempo y sus torturadores dejaron de ellos, serán depositados por sus hijas y su viuda María Eugenia Rojas como el tesoro que son, en un lugar discreto pero venerable, protegidos del olvido, al abrigo de un amor tranquilo.

En buenahora, Fernando ha vuelto.

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl

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Lo que hay detrás de Krassnoff y de Labbé

El contenido del libro de Krassnoff y la provocadora presentación de este representan un claro intento de la ultraderecha y del militarismo pinochetista de reaglutinamiento político, de justificación de las más crueles violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, de reivindicación de los agentes de la DINA encargados del trabajo sucio y un claro chantaje a la derecha y al gobierno para reposicionar sus demandas.

El que sea el Alcalde Labbé, el único de los personeros de la DINA que ha logrado una reinserción electoral durante los años de la democracia, quien invita a la manifestación de apoyo a Krassnoff, deja en claro que esto se planificó, se pensó en cómo hacer el mayor daño reproponiendo el espectro del pasado. Con Labbé, anfitrión de la iniciativa, se ha querido dar a ella el mayor realce comunicacional posible, se ha buscado abrir la polémica e involucrar al gobierno y a la derecha en ella, se ha transformado el acto no solo en una cruel provocación a las víctimas de Krassnoff y de la DINA, sino en un verdadero desafío a Piñera y a toda la derecha a la cual se le recuerda que si Piñera es Presidente y ellos gozan de los privilegios de los cargos de gobierno es porque el pinochetismo también colocó sus votos para consumar dicho objetivo.

Recuerdan a Piñera, reivindicando a Krassnoff, que dicho apoyo fue pactado, que el candidato de la derecha se reunió con la “familia militar pinochetista” y que hubo compromisos de revisar causas, de aplicar amnistías y de incorporar militares comprometidos con las violaciones a los Derechos Humanos en el indulto presidencial, cosa que no ha ocurrido y que es casi imposible que Piñera quiera o pueda cumplir dado el repudio que ello conllevaría en una sociedad chilena con más capacidad de crítica y de movilización.

Por ello, el rol visible de la convocatoria lo juega el Alcalde Labbé, que ya ha desafiado al gobierno con sus medidas represivas en contra del movimiento estudiantil causando bochorno e incomodidad en La Moneda, en un gobierno y en un parlamento donde subsisten los hombres que de una u otra forma estuvieron ligados a la dictadura. Justamente, eligen a Krassnoff, dado que este fue el organizador del emblemático “Acto de Chacarillas”, como un mensaje, para que ninguno de estos personeros olviden fácilmente su antigua identidad pinochetista.

Casi como un gesto mafioso, de advertencia, envían una invitación al Presidente a participar en la presentación del libro sin imaginar que la inoperancia y el descuido de una funcionaria o la connivencia de ella con el ideario de la dictadura, llegaría a involucrar directamente al Presidente en un saludo, que este no conoció ni formuló, y donde se llega incluso a rescatar la figura de Krassnoff como representativa de una generación de militares y se desea éxito al encuentro. Este regalo inesperado constituye una victoria gigantesca para los organizadores ya que de alguna manera, en el ámbito comunicacional, el gobierno se ha visto involucrado, ha debido dar explicaciones, se ha repropuesto el viejo escenario confrontacional siempre favorable al pinochetismo y que arrastra la imagen de un sector de la derecha. Con ello se ha realzado la importancia de una iniciativa que, aún estando completamente aislada en la sociedad chilena, recoloca el tema de los “militares de Pinochet” más allá de lo que seguramente esperaban.

Este error del gobierno, la participación de Labbé como organizador del evento, los balbuceos de muchos exponentes de la vieja derecha que no se atreven o no quieren condenar los crímenes y las violaciones a los Derechos Humanos, ha permitido que Krassnoff, inesperadamente, se transforme en un ulterior factor de debilidad de Piñera y de su alianza presionada por el pasado, que les asoma como un fantasma que no está dispuesto a desaparecer de escena.

El acto, por cierto, está inscrito en un esfuerzo, al cual el activismo pinochetista no renuncia -por vano que ello parezca dado que la cruda verdad de los crímenes de la dictadura ya está fuertemente instalada en la conciencia de la sociedad chilena– de reinterpretar la historia. Por ello, en estos días, hemos vuelto a escuchar a personeros de la ex dictadura militar, traídos a las pantallas de la TV, a los micrófonos de las radios y a las columnas de los diarios, como verdaderos espectros de ultratumba, a hablar de nuevo de los valientes soldados que enfrentaron al marxismo y a partir de ello justificar los crímenes cometidos, presentando a los militares involucrados como “perseguidos políticos”, negando incluso la veracidad de las pruebas con las cuales los tribunales de Justicia han condenado a Krassnoff y a la cúpula de la DINA a centenares de años de cárcel.

Se elige como emblema a uno de los más despreciables personeros de la represión, un psicópata directamente involucrado en decenas de crímenes y que siempre ha hecho apología de ellos, justamente para que sea claro que sus reivindicaciones llegan muy arriba, que no se trata solo de la exigencia de liberar a un soldado que recibió órdenes o a un subalterno que participó, como tantos, en el desaparecimiento de personas o en traslado de restos. No. La ambición es mayor. Se trata de reivindicar directamente a la DINA, de instalar la idea de que gracias a ella y a estos hombres injustamente condenados y encarcelados, se ganó la guerra al comunismo y hoy el país vive en libertad.

Saben que esto lo pueden lograr solo con un gobierno de derecha y utilizan la presión, el chantaje, la amenaza soslayada para que exigir que el Presidente cumpla con la promesa de liberar a los hombres de armas encarcelados o, en su defecto, pague un precio político altísimo de imagen, al recordarles a muchos la vieja pertenencia a la dictadura, o incluso, se profundice la pérdida de apoyo en este sector que seguramente hoy está entre los que responden contra Piñera en las encuestas.

No recurren, para ello, a una petición de perdón a la sociedad. No se comprometen con entregar antecedentes que permitan esclarecer el paradero de los desaparecidos, no abren la olla de la responsabilidad directa de Pinochet en los crímenes ejecutados por la DINA, no hacen ningún gesto que favorezca la reconciliación, o una reconversión espiritual que pueda llevar al perdón. No. Recurren al alegato de la legitimidad de los crímenes, a la arrogancia, al espacio que ellos creen debe tener la dictadura en la historia de este país.

Justamente por los objetivos que hay detrás de la iniciativa del pinochetismo es mas repudiable el que sea un alcalde, elegido con los votos populares, el que organice este encuentro, ya que en el fondo Labbé utiliza este consenso ciudadano para un propósito innoble como es promover la legitimidad de los crímenes y de los esbirros la dictadura. Por ello es que todos los que se sienten parte de una visión y adscripción a los valores democráticos y al respeto a los derechos humanos, debemos reaccionar juntos en la condena a esta asonada comunicacional preparada desde Punta Peuco y desde los escritorios de los viejos exponentes del régimen militar.

Por ello, también, es que todos los demócratas debiéramos unirnos en una operación de saneamiento democrático para impedir que Labbé, un hombre de la DINA de Manuel Contreras, siga siendo el Alcalde de la comuna de Providencia. Sería una gran respuesta a la arrogancia de la vieja dictadura que asoma a través de Krassnoff y de sus 144 años de condena a los crímenes cometidos en contra de tantos chilenos.

Antonio Leal

Director del Magíster de Comunicación y Ciencia Política de la U. Mayor. Ex presidente de la Cámara de Diputados.

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Entrevista a Arnaldo Pérez Guerra: Vivimos un Estado policial

Mapuche, anarquistas, okupas, ex presos políticos, ¿quién falta?
Uno de los íconos de la herencia legal de la dictadura es la Ley Antiterrorista, aprobada por el dictador Augusto Pinochet en 1984. Diseñada para sancionar “los delitos que busquen infundir temor en la población”, hoy continúa aplicándose a mapuche, anarquistas y ex prisioneros políticos. Se aplicó en 10 de 11 casos judiciales contra mapuche, durante la administración de Ricardo Lagos. En el mandato de Michelle Bachelet, 17 comuneros que enfrentaron el juicio en Cañete fueron acusados de “terroristas” y exhibidos como tales por los medios de comunicación. Y es que aún se impone la lógica militar de la dictadura. Los últimos casos judiciales de los mapuche en Cañete y los anarquistas y antiautoritarios del llamado “caso bombas” han estado llenos de semejanzas: escuchas telefónicas, presencia de testigos protegidos, extensa prisión preventiva, criminalización de ideas y movilizaciones. Todo amparado en el uso de la Ley Antiterrorista. Tanto en el juicio en Cañete -cuya sentencia significó la absolución de 14 comuneros mapuche y el retiro de cargos por Ley Antiterrorista ante la ausencia de pruebas contundentes para los restantes-, como en el “caso bombas” -que tiene en prisión preventiva a los imputados sin que se haya iniciado el juicio, a pesar de haber transcurrido casi 7 meses-, los medios de comunicación tradicionales han informado haciéndose eco de la Fiscalía y violando el derecho a la presunción de inocencia. Sobre estos temas conversamos con Arnaldo Pérez Guerra, historiador y periodista, quien fue prisionero político en la década de los '90, ex militante del FPMR y el MAPU-Lautaro, hoy redactor de revista Punto Final, el periódico mapuche Azkintuwe y la web Liberación.

- Me gustaría saber su opinión acerca del proceso legal vivido por grupos disidentes al Estado chileno, tales como anarquistas y mapuche.

“Han instalado montajes -policiales, jurídicos, políticos y mediáticos- contra quienes no comulgan con el tipo de sociedad que defiende el Estado. El gobierno reprime cualquier atisbo de disidencia y de organización, cualquier intento de autonomía de los pueblos originarios. Han encarcelado a dirigentes mapuche, a jóvenes que se definen como anarquistas, okupas, antiautoritarios, y persiguen también a ex prisioneros políticos, sobre todo a ex lautarinos -militantes del MAPU Lautaro- de fines de los ’80 y principios de los ’90. En el gobierno, en las fiscalías, en las policías y los medios de comunicación hay demasiados hipócritas mal nacidos, mitómanos ambiciosos e inescrupulosos. Se imputa a inocentes en un show con ‘pruebas’ que arrancan carcajadas en el tribunal. ‘Todo eso solo existe en la imaginación del fiscal Peña’, me señaló el abogado Alberto Espinoza Pino en una entrevista que le hice, pero inocentes siguen en prisión y, pareciera que seguirán mucho más. Además, El Mercurio y el propio gobierno a través de su guardia privado -Hinzpeter- ya anunció que vienen más detenciones”.

- ¿De qué manera los medios de comunicación han apoyado las investigaciones de las que hoy son parte anarquistas y líderes mapuche?

“Los medios oficiales han actuado como siempre lo hacen, defendiendo sus intereses, que son los intereses del poder, la mano que les da de comer. Instalan mediáticamente montajes, ocupan todas sus plataformas -prensa escrita, radios, TV, Internet- para mentir y mentir, instalando lo que se les ocurra… Es patético leer análisis de El Mercurio, La Tercera, La Nación, El Mostrador, etc. -da lo mismo el medio que escojas-, sobre el llamado “caso bombas” o sobre los juicios contra líderes y militantes de la causa mapuche, o sobre las movilizaciones de los trabajadores o de pueblos originarios, si incluso tergiversan a los grupos ecologistas y las minorías sexuales… El año pasado, Informe Especial de TVN, presentó en un programa sobre los detenidos el 14 de Agosto ‘imágenes exclusivas’, que fueron presentadas con estridencia como ‘pruebas del terrorismo anarquista’. En Chile no hay terroristas, salvo el terrorismo de Estado. ¿Qué mostró TVN? Jóvenes entrando y saliendo de casas okupas, que eran centros culturales donde se arreglaban bicicletas, había bibliotecas, se exhibían videos y se hacían foros-conversatorios. Pero los medios siguieron y siguen mintiendo, llenando páginas y páginas con todo lo absurdo que se les ocurre para apoyar los montajes y vender, desde que los okupas ponen bombas o que los mapuche tienen conexiones con ETA, las FARC, Al Qaeda, el EZLN, etc. ¡Si hasta acusaron a un ciudadano paquistaní que venía a trabajar en gastronomía y a vacacionar! A un militante del PC lo acusan de ser el ‘hombre clave’ de la conexión con las FARC, ¡cuando al PC lo único que le interesa es ser parte de la comparsa, tener sus diputaditos y cuotas de poder!”.

- ¿Cuál ha sido el rol de los medios en la construcción de la lucha social como una instancia de violencia y terror en la población?

“Obviamente, lo que hacen los medios, que son la cara más visible del poder, es criminalizar todo atisbo de protesta social, de organización, de disidencia. Modelan la opinión y a su vez la refuerzan y consolidan como la única opinión, la del poder. Hay un duopolio mediático que es en realidad un monopolio ideológico”.

- En el área simbólica, ¿qué es lo que se evidencia tras el gran aparataje policial contra grupos anarquistas y mapuche?

“Esto viene de mucho antes que el actual gobierno de Derecha o el de la Concertación. Instalaron en 1973, a sangre y fuego, el capitalismo más salvaje. El experimento se hizo en Chile... Desarticularon a los grupos revolucionarios que luchaban por derrocar a la dictadura, atomizaron a los sectores organizados de la sociedad. Luego, instalaron a gobiernos de eunucos y mentirosos -como fueron los de la Concertación-, que terminaron por destruir las organizaciones sociales y los grupos subversivos, etc. Y hoy el poder lo tienen completamente los grandes grupos económicos, que están haciendo sus negocios con los recursos naturales, con los dineros de todos los chilenos, explotando a trabajadores, destruyendo y contaminando localidades completas. Vivimos un Estado policial. Y eso es lo simbólico, los mapuche y anarquistas son exhibidos por el poder para decirnos que cualquiera puede ser acusado, encerrado, asesinado, y nadie dirá nada o hará nada… que hay una lucha de clases, y que el poder lo tienen ellos, y que van ganando la guerra”.

- ¿Cuáles cree que han sido las consecuencias del proceso judicial vivido por anarquistas y mapuche en la persistencia de la lucha social en Chile? ¿Disminuye la convocatoria y la participación el hecho de que la población vincule la protesta social con hechos de delincuencia?

“Algunas personas, movimientos, grupos y organizaciones se dan cuenta del peligro de lo que ocurre: que cualquiera pueda ser acusado de lo que se le ocurra al poder, que actúen con total impunidad sobre los recursos naturales, lo que comemos, nuestras conciencias e, incluso, nuestros cuerpos. Algunos se organizan, otros siguen luchando por sus reivindicaciones particulares, pero la inmensa mayoría está pasiva e ignorante de lo que ocurre; ‘alienada’, diría Marx. Pero la criminalización de la protesta social no acabará con lo que genera el descontento: La explotación, la injusticia, la infelicidad. Disminuye la convocatoria y participación el hecho de que la mayoría de la población sea machacada diariamente para que crean que la protesta social y la delincuencia son lo mismo. Pero no pueden mantener este tinglado eternamente, el circo se va a acabar cuando la gente tome conciencia de que diariamente se puede oponer al capitalismo”.

-¿Existen puntos comunes entre los procesos vividos por anarquistas y mapuche?

“Anarquistas, antiautoritarios y ex lautarinos están viviendo hoy lo que anteriormente vivieron los mapuche, y éstos lo que ocurrió con los grupos subversivos de fines de los ‘80 y principios del ’90; y éstos -guardando las proporciones- lo que padecieron los militantes de la Unidad Popular durante la dictadura: Persecución, criminalización, asesinatos, cárcel, estigmatización, montajes jurídico-políticos, etc., etc. Aplican la Ley Antiterrorista contra cualquiera, aumentan las penas y no tienes derecho a un ‘debido proceso’ como asegura la legislación burguesa. Te acusan con testigos ‘inducidos’, ‘protegidos’, ‘sin rostro’, amañados, amenazados y hasta pagados; los abogados defensores se hacen ricos cobrando por prácticamente no hacer nada; las cárceles se hacen más y más duras, segregación, sin horas de patio, sin comida sana. ¡Qué más patético que el caso de los lonko Aniceto Norín y Pascual Pichún, acusados y condenados, luego de haber sido absueltos! Condenados por un delito -‘amenaza terrorista’-, que no existe en la legislación. Y debieron cumplir la pena completamente, 5 años y un día en prisión. Hoy se acusa a Pablo Morales Fuhrimann de ser el ‘líder de una organización terrorista’; se acusa a Omar Hermosilla Marín de ser ‘financista’; se acusa a Alejandro Rodríguez Escobar de ser un ‘asaltante’. ¿Terroristas con domicilio conocido, teléfono celular, trabajo estable, familias y, que además, firman periódicamente en Gendarmería por encontrarse en libertad condicional? ¿Qué han cumplido con todas las exigencias que Gendarmería les impuso tras 10, 11, 12 años de prisión política? Es un chiste de mal gusto. Alejandro Rodríguez Escobar -encarcelado anteriormente en 1992 y en libertad condicional desde 2004- fue dejado dos veces en libertad -en agosto y septiembre del año pasado- por el juez Jorge Norambuena que señaló que anteriores condenas sufridas en 1999 y 2000 no serían consideradas como antecedentes de mala conducta por su juzgado, porque fueron dictadas por tribunales militares que ‘no respetaron las garantías de un estado democrático de derecho’. Para el juez Norambuena fueron insuficientes e ilegales las pruebas que la Fiscalía presentó en este caso, e invocó tratados internacionales y la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero la Corte de Apelaciones revocó lo actuado por el juez Norambuena y mantiene la prisión de Alejandro Rodríguez y Patricio Gallardo -también ex prisionero político- desde el 30 de agosto de 2010, sólo porque serían un 'peligro para la sociedad' por haber sido condenados por la justicia militar por hechos ocurrido a fines de los 80 y principios de los 90, y por los cuales ya cumplieron largas sentencias en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). Ante lo feble e inconsistente de los argumentos de la Fiscalía han optado por inventar que existirían ‘asaltantes que financian a los okupas que ponen bombas’. ¡Por favor!.. Lo terrible es que personas inocentes seguirán detenidas, acusadas y criminalizadas durante meses o incluso años. Quienes los conocemos, sabemos que son completamente inocentes. Su único delito es haber sido militantes del MAPU Lautaro, haber estado presos, acusados y condenados por Fiscalías Militares, con las leyes heredadas de la dictadura, las mismas que hoy se aplican”.

- ¿Es posible afirmar que el Estado chileno está liderando la persecución de las ideas a través de herramientas legales, como la Ley Antiterrorista?

“El Estado persigue las ideas y controla nuestras conciencias y nuestros cuerpos a través de todas sus herramientas. La Ley Antiterrorista, la Ley de Seguridad Interior del Estado, las fiscalías militares, el extrañamiento, el servicio militar, son sólo algunas de ellas. ‘Aplicar la Ley Antiterrorista en causas mapuche o por la detonación de bombas de ruido es un desacierto del gobierno chileno’ dijo Human Rights Watch (HRW), y agregó: ‘El Estado ha sido inconsecuente al aplicar la norma y afirmar ante la Organización de Naciones Unidas que en Chile el terrorismo no existe’. Las ‘pruebas’ contra los ‘terroristas’ son triviales llamadas telefónicas, videos, fotografías de personas, listas de nombres, botellitas de bebidas vacías, panfletos y pasquines. ¡Por favor! ¿Por qué están detenidos entonces? Porque el Estado los quiere, los necesita presos, y no tanto por lo que hayan o no hecho sino porque son un ‘ejemplo’ contra quienes sí hacen y contra quienes sí podrían hacer. Que el fiscal Alejandro Peña en dos meses de investigación haya encontrado ‘pruebas’ que otros en 5 años no encontraron, no se lo cree ni él ni nadie. Buena parte de las acusaciones se basan en los dichos de Gustavo Fuentes Aliaga, un esquizofrénico, traficante de drogas y agresor de mujeres, fiel reflejo de la sociedad chilena bipolar, esquizoide, violenta, pacata, donde importa más la propiedad y las apariencias que la vida y la felicidad”.

por Vanessa Vargas Rojas Periodista. Publicado por Liberación www.liberacion.cl

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Comunicado de Camilo Perez Tamayo en Huelga de Hambre

Que la huelga de hambre derrumbe el castillo de naipes.
Mientras lentamente comienzan las dudas y cuestionamientos de algun@s cada vez mas ingenu@s ciudadan@s sobre la veracidad de las "pruebas", otr@s mucho más critic@s y despiert@s señalan tajantemente que el "caso bombas" se cae como un castillo de naipes.
La fragilidad de la estructura que intenta armar el farandulero Fiscal Peña se tambalea, ya que sus pilares son inexistentes, no hay ninguna llamada telefónica, ninguna filmación, ninguna huella dactilar, ningún rastro de ADN, ningún retrato hablado ni testigo que me sitúe en la fecha y lugar de algún atentado. En el escandaloso allanamiento a mi casa el 14 de agosto no encontraron ningún rastro de explosivos o siquiera algún artículo relacionado a su confección, solo encontraron pruebas que confirman que soy anarquista.

Después de 7 meses en la cárcel de Máxima Seguridad, y mientras en la calle, desafortunadamente para el poder, las detonaciones siguen destruyendo sus símbolos, yo sigo encerrado, por lo que decidí comenzar una huelga de hambre liquida el 21 de febrero con la intención de obtener mi liberación y denunciar esta gigantesca farsa.

No hay que ser suspicaz para imaginar que la orden emanada desde la mismísima oficina del ministerio del interior y seguridad del estado fue categórica: Mantener enjauladxs, sin importar los medios, a lxs molestxs individuos que cotidiana y abiertamente desprecien el orden impuesto, viviendo de forma autónoma y sin autorización sus sueños. Aniquilando bibliotecas y okupaciones desde donde se divulguen y practiquen relaciones sin jerarquías, amedrentando a todo el conjunto de la escena anárquica y anticapitalista, una orden que ha sido ejecutada a la perfección con la complicidad miope de algunxs de lxs ácratas y antiautoritarixs locales, en un repliegue que francamente me parece vergonzoso.

Estas últimas semanas diversos artículos difundidos en la prensa del capital, han dado a conocer dichos de "misteriosos" testigos ocultos, amparados en la draconiana ley anti-terrorista, la confirmación de estos dichos vino de los labios de la manipuladora fiscalía el día de la revisión de mi medida cautelar.

Testimonios repletos de cinematográficas y esquizoide alucinaciones de algunos, relatos falsos para obtener beneficios carcelarios de otros, eso si todos clara y absolutamente pauteados por terceros para hacerlos funcionales ala ridícula acusación de una ficticia y diabólica "asociación ilícita terrorista", en un intento desesperado por hacer calzar las piezas del montaje. Todo lo anterior viene a ratificarlos cada vez más estruendosos rumores esparcidos en el rígido hábitat de tinterillos y leguleyos sobre las sucias triquiñuelas del "zar de la pólvora" (1) quien es el acusador y arquitecto de este endeble castillos de naipes denominado " caso bombas”.

Una y mil veces, en defensa de un hermano.

Me parece indispensable establecer mi posición sobre una declaración efectuada alas 19.hrs del 17 de agosto del 2010 de "una mujer cercana a la familia de Mauricio Morales" quien señalo: "las personas que influyeron en el cambio de este joven se remontan a cuando el tenía 18 años de edad, cuando estaba terminando su enseñanza media y ya se juntaba mucho con una persona que le decían camilo, y que en las fotos que me mostro se llama Camilo Pérez Tamayo, el tenía cinco años más que él y le empezó a meter cosas en la cabeza a Mauricio y sobre la Biblioteca Sacco y Vanzetti agrega " En ese lugar el empezó a cambiar su conducta se puso muy rebelde hacia la sociedad, empezó a alimentar mucho odio".

Estas palabras me duelen como una puñalada en el medio del pecho, porque cuestionan la inteligencia y el carácter del punky mauri, porque estas frases lacerantes uno nunca las espera del circulo de afectos de un anarquistas, quien comenzó a autoformarse con experiencias extraídas de su propia vida, acumuladas desde que en su niñez conoció de cerca la prisión política de su tía, desde que con sus propias neuronas descubrió que era parte del inmenso grupo de parias que el capitalismo engendra, y ya en su adolescencia empezó a rebelarse con una acida actitud punk hasta hacer de su existencia un irrefrenable flujo de libertad, participando en tomas y protestas universitarias, en grupos de propaganda anti-militarista, en diversos foros y bibliotecas, en un programa de televisión comunitaria con niñ@s , en una banda musical, etc,etc.

El inmenso dolor de su muerte no puede cubrir de fango la memoria rebelde e indomable del punky mauri, esos desafortunados párrafos ensucian su espíritu inquieto y profundamente libertario, culpar a otros por las acciones de un ser amado nunca traerá la calma, culpar a otros de manipular como si fuese un títere al panky mauri una ofensa hacia el mismo, es despreciar sus ideas, es vilipendiar sus sueños, es desvalorar su vida y aminorar su esencia.

Estoy seguro que estos dichos están guiados por su desgarradora ausencia, el infinito vacío que dejo su muerte es irreparable, pero la herencia que nos regalo es invaluable.

Mauricio Morales Duarte, mas cariñosamente conocido como el panky mauri, no es un santo de la anarquía, ni un mártir de la revuelta, menos aún la caricatura de un hombre bomba que nos quieren imponer los más media, es un hermano valiente y sensible que decidió enfrentar a quienes determino como sus enemigos es un amigo y compañero entrañable que siempre estaré orgulloso de haber conocido, como tal lo recuerdo y seguiré queriendo, es por estas y por muchas otras razones que, donde quiera que yo este, lo voy a seguir defendiendo de quien, intencionada o involuntariamente distorsione su vida y su memoria.

Quiero terminar esta carta enviando mis saludos y abrazos a todxs y cada unx de los que han apoyado y difundido esta huelga de hambre, fuerza para todxs y... ¡Que viva la Anarquía!
Camilo Pérez Tamayo, Anarquista preso y huelguista malas pulgas

Sgto. de Chicle 04 de Marzo 2011

Notas al pie:

(1) " zar de la pólvora", apodo dado por "la tercera" al farandulero y fraudulento Fiscal Peña en una extensa entrevista en un patético intento de limpiar y potenciar su imagen.
(2) Mauricio Morales Duarte, joven anarquista de una activa vida propagando sus ideas, murió el 22 de mayo del 2009 al estallarle inesperadamente un artefacto explosivo a metros de la escuela de gendarmería de $hile.


http://solidaridadporlxspresxs.blogspot.com/2011/03/comunicado-de-camilo-perez-tamayo-en.html

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Graves irregularidades en juicio a comuneros mapuche en Cañete

Más de 35 testigos protegidos, penas que amenazan con 103 años de cárcel, doble proceso judicial -militar y civil- y una prisión preventiva que ya supera el año y 8 meses, son algunos de los rasgos del juicio que actualmente se desarrolla en Cañete contra 17 comuneros mapuches. Han pasado más de tres meses desde el fin de la huelga de hambre mapuche y el conflicto aún no es resuelto.
La medida de presión que involucró a 34 comuneros del pueblo de Lautaro en el reclamo por la aplicación de la Ley Antiterrorista se revive por estos días, en el Tribunal Oral de Cañete, lugar donde son procesados 17 de los ex huelguistas. Durante los últimos dos meses se ha extendido la investigación respecto a las supuestas responsabilidades de los indígenas en el ataque al fiscal Mario Elgueta, ocurrido el año 2008. Los comuneros y sus familiares han denunciado una serie de irregularidades en el juicio, que se relacionan con la polémica Ley Antiterrorista.

Las acusaciones de los mapuche se centran en las facultades otorgadas por dicha ley que, según sus representantes, entorpece el curso normal de las investigaciones del caso. Entre éstas, se considera que se han presentado 36 testigos “sin rostro” -cuya identidad es desconocida, sin derecho a que la defensa la compruebe- y algunos de los cuales, incluso, han denunciado torturas por parte del Ministerio Público; el “secreto de investigación” –que ha ocasionado la lentitud en el acceso a los archivos oficiales para su refutación-; el doble proceso judicial que enfrentan cinco comuneros –lo que significa un juicio paralelo ante la justicia civil y militar- y las altas penas a las que se ven enfrentados, que van desde los 50 a los 103 años de cárcel.

Además, los comuneros procesados están en prisión preventiva durante el tiempo que se ha extendido la investigación y por lo que queda del juicio, que se traduce en 20 meses de reclusión -casi dos años hasta la fecha- para los 17 mapuche. “Durante estos meses, todo lo que ha existido son testigos secretos, carabineros, gente de investigaciones y escuchas telefónicas y éstas no son interpretadas por los jueces, sino por agentes de la PDI”, relata Pamela Pessoa, familiar de Héctor Llaitul, uno de los comuneros procesados.

LAS CONFESIONES DE LOS TESTIGOS SECRETOS

Entre los más de 35 casos de testigos “sin rostro” que han ofrecido sus declaraciones en el Tribunal de Cañete, diversos situaciones han llamado la atención de la comunidad mapuche y de quienes han presenciado el trabajo de la Fiscalía. “Hay casos cómicos que se han dado, de personas que declaran en la sala: analfabetos, alcohólicos y sordos que, sin embargo, son presentados como testigos de oídas”, declaró Fernando Lira, presidente de la ONG Libera –que ha participado activamente de las demandas de la causa mapuche en los últimos meses-. El uso del cuestionado recurso de los testigos secretos ha sido criticado con frecuencia por organizaciones internacionales en defensa de los Derechos Humanos.

No obstante, lo verdaderamente extraño sucedió hace unos días, cuando dos de los testigos secretos confesaron que habían sido torturados para ser obligados a declarar contra los comuneros indígenas. Es el caso de Rodrigo Viluñir, quien relató que fue detenido por Carabineros y posteriormente colgado de un puente boca abajo, donde se le forzó a firmar un documento sin antes poder revisar de qué se trataba. Rodrigo sólo tenía 17 años. “Me dijeron que hablara y yo le dije que no tenía que hablar nada, si no sabía nada. Ahí me dijeron ¿Querí’s morir? ¿Vai a hablar o no? (sic). Llegó uno, sacó la escopeta y la cargó. Ahí me puse a llorar y me torturaron. Después, en Cañete, me hicieron firmar hojas y yo les dije ¿Puedo leerlas? No, me dijeron, tú no podí’s leer nada, te vai pa´la casa al tiro (sic)”, relata Viluñir. El joven perteneciente a la comunidad Caupolicán, del territorio de Lleu Lleu, acudió al líder mapuche de la zona, Patricio Cona, para relatar su experiencia y la de su hermano José, quien fue detenido a fines de 2009, en pleno mandato presidencial de Michelle Bachelet.

LAS PROMESAS INCUMPLIDAS TRAS LA HUELGA DE HAMBRE

En la huelga de hambre que se extendió por más de 80 días, los comuneros exigieron el derecho a un juicio justo en el que no fueran acusados por la Ley Antiterrorista, vigente desde la dictadura. Dicha cláusula legal fue defendida por diputados como José Manuel Edwards (Renovación Nacional), quien manifestó que “todo delito que se realiza para infundir terror en la población, es delito terrorista”. Edwards se declaró a favor de la aplicación de la Ley Antiterrorista, recordando que “debemos concentrar más esfuerzos en las víctimas del terrorismo y no en los victimarios”.

El gobierno chileno, no obstante, accedió a algunas de las demandas tras la fuerte presión mediática, internacional y ciudadana frente a lo que denunciaba el pueblo mapuche. Así, se retiraron las querellas amparadas en la Ley Antiterrorista, dejando en manos del Ministerio Público (con facultades punitivas en Chile) la posibilidad de recalificar los delitos, lo cual no sucedió y los comuneros siguen procesados por esta Ley. En la actualidad, se mantiene el juicio por 9 delitos, entre los que se encuentran: Amenaza terrorista, emboscada, asociación ilícita terrorista e incendio terrorista en contra de los 17 implicados en el caso del atentado al Fiscal Elgueta. Si bien el Gobierno retiró las acusaciones por la Ley Antiterrorista “y sigue como querellante por delitos comunes, la Fiscalía sigue adelante”.

Ellos perserveran, dicen que van “a seguir aplicando la Ley Antiterrorista porque son un organismo autónomo, distinto al Gobierno”, relató Natividad Llanquileo, ex vocera de los huelguistas de hambre en Concepción. En opinión de Pamela Pessoa, “la ley antiterrorista se aplicó durante toda la investigación y actualmente se ha aplicado durante todo el juicio”. Pessoa agrega, además, que todo el proceso legal ocurrido en Cañete “ha estado avalado por esta ley antiterrorista, lo que ha impedido el derecho a hacer una buena defensa por parte de los abogados”.

Por otro lado, uno de los puntos más conflictivos se refiere al doble procesamiento (civil y militar) que están recibiendo cinco de los comuneros mapuche, que arriesgan penas superiores a los castigos punitivos comunes por la misma clase de delitos, sin la aplicación de la Ley Antiterrorista. Es el caso de Héctor Llaitul Carrillanca, identificado como líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), quien aún corre el riesgo de ser condenado a 103 años de prisión.

ETAPA FINAL DEL JUICIO

Durante esta semana, el juicio oral que enfrentan los comuneros en el Tribunal de Cañete está entrando en su recta final. El pasado lunes 17 de enero se dio paso a la defensa legal de los mapuche, proceso que antecede al alegato de clausura del caso, donde se certificará su eventual cierre y la autenticidad de las pruebas presentadas, lo que será determinante en la futura sentencia. Los resultados del juicio en Cañete podrían ser considerados como un antecedente de lo que va a suceder en los próximos procesos legales en Lautaro, Temuco, Angol, Victoria y Chol Chol, también protagonizados por comuneros mapuche.

Tras varias horas de reunión con Monseñor Ezzati, actual arzobispo de Santiago; y Cristián Larroulet, secretario general de la Presidencia, Natividad Llanquileo declaró que aún están analizando las medidas ante una eventual sentencia negativa para los procesados y que “al fin y al cabo los que evalúan esto y cómo se va desarrollando el proceso legal son los presos”. Cristián Larroulet, en cambio, no quiso emitir comentarios al respecto.

La ex vocera de la huelga de hambre mapuche ha llamado a diversas organizaciones internacionales y medios alternativos a poner atención al curso del juicio en Cañete con el fin de transparentar las irregularidades que ahí están sucediendo. Por su parte, Pamela Pessoa, al ser consultada sobre la posibilidad de volver sobre una medida de presión similar a la del 2010, afirma: “La huelga de hambre siempre es una opción. Seguramente la pasada no fue la última”.

Por Vanessa Vargas Rojas

El Ciudadano

Foto del juicio: wichaninfoaldia.blogspot.com

Foto de Natividad Llanquileo: Ismael Muñoz/El Ciudadano

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Carta de Olate desde la Cárcel.

Mis buenos queridos amigos: Quiero agradecer las infinitas muestras de preocupación y solidaridad que han tenido conmigo en estos días difíciles. En los malos tiempos se reconocen los buenos amigos, me he sentido acompañado en esta soledad y eso se lo debo a ustedes, me siento afortunado por eso, aún en estos amargos momentos.
Ustedes los saben sin embargo, no es baladí el que lo reitere. Desde el trabajo en la Comisión Internacional del Partido Comunista, entre otras muchas cosas, nuestro esfuerzo ha sido establecer larealidad de un conflicto que los medios esconden, y , que sin embargo, ha desangrado a Colombia por más de 50 años. Bregamos porque la cordura se imponga, consideramos que un canje humanitario de prisioneros era el primer paso para iniciar un camino de diálogo entre las partes t por fin una salida política a la lucha entre compatriótas, habitantes de Nuestra América, en definitiva.

Aún no acierto a entender cómo es posible que la militancia en estas causas pueda ser objeto de una persecusión tan injusta. Durante 29 meses "respetables" medios de comunicación hicieron eco de las teorías de supuestas fuentes de inteligencia (donde lo único supuesto es que fueran de inteligencia), así las cosas, este era un final probable y mi privación de libertad tiene que ver más con cuestiones mediáticas que judiciales.

Como sea les envío un abrazo y mi agradecimiento eterno, espero al igual que ustedes, estoy seguro, se imponga la razón y que en el futuro disentir o no compartir un punto de vista no sea considerado ilegal, sino un aporte a la construcción de la realidad desde otro punto de vista.

Santiago, Noviembre 2010



Tomado de www.abpnoticias.com
2010-11-26- ABP Noticias- Manuel Olate- Santiago de Chile- Cárcel de Máxima seguridad-Módulo 3/ Manuel Olate, integrante del MCB y militante del PC Chileno comenta en su última carta desde la cárcel cómo el gobierno colombiano pretende criminalizar a todos a quienes creen en el canje humanitario de prisioneros en Colombia.

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LIBERTAD PARA MANUEL OLATE AHORA!. No a la extradición, no a la criminalización.

Con sorpresa hemos recibido la noticia de la detención en Chile del diseñador gráfico, Manuel Olate Céspedes, militante del Partido Comunista de Chile, miembro del Movimiento Continental Bolivariano y representante del Movimiento de solidaridad por la paz en Colombia, el cual a fue arrestado en su domicilio en Santiago , por su supuesta vinculación con la guerrilla colombiana FARC-EP, tras la orden de la Ministra de la Corte Suprema Margarita Herreros, quien acogió una solitud de detención enviada por la justicia Colombiana.

Conforme se desarrolla la noticia nuestra perplejidad aumenta, ya que desde las declaraciones de los distintos actores, se ventilan cada vez con más vivacidad las notables contradicciones en el proceso de detención e inculpación de Manuel. Por un lado en las primeras horas se asegura que Olate es detenido en función de una solicitud de extradición del gobierno colombiano, más adelante el presidente de Colombia junto con manifestar su júbilo por la detención del chileno , declara que en los próximos dos meses se formalizará el pedido de extradición. Tras las declaraciones de Santos las informaciones cambian en función de señalar que Olate es arrestado tras una orden de detención emanada del Ministerio público Colombiano. Necesario es señalar, que Manuel Olate se encontraba fuera de Chile hasta el día 13 de Octubre y que hasta ese momento no pesaba ninguna orden en su contra de manera que no fue detenido al ingresar su país, de lo que se infiere, que no obstante no ser acusado de delito alguno, el Gobierno Chileno informó de su entrada a Chile, tras lo que Colombia solicitó su detención. De otra parte las noticias en Chile no son menos confusas, es así como por un lado se informa que en el día de hoy un funcionario judicial fue a notificar a Olate de su detención y pedido de extradición por parte de la justicia colombiana, no obstante que Colombia aun no ha solicitado dicha extradición, esto según lo dicho por el propio Juan Manuel Santos. Se señala así mismo que el día martes la jueza analizará la situación judicial de Manuel y que recién hoy se mandará a pedir pruebas a la justicia colombiana que avalen su detención y posible extradición. Frente a esto último cabe preguntar ¿En base a que antecedentes probatorios se le ha privado de libertad a Manuel Olate?. Frente a tal confusión no es difícil inferir que tras la detección del chileno subyace una actitud colaboracionista del gobierno chileno, el cual se presta a la internacionalización del conflicto colombiano al resto de América, orquestando así la persecución de todo aquellos que se levanten contra posición guerrista del gobierno y la férrea determinación de exterminio físico y político de todos aquellos que defiendan la idea de una salida política al conflicto, como queda demostrado en el asesinato de más de 20 activistas de derechos humanos en Colombia en los apenas 75 primeros días de gobierno de Santos, las arbitrarias acusaciones hechas hacia la Senadora Piedad Córdoba , una de las principales impulsoras de los acuerdos para la Paz y que hoy se encuentra inhabilitada y judicialmente perseguida y la salida del país del cabo Mocayo, ex prisionero de guerra de las FARC, liberado unilateralmente durante este año, quien debió abandonar Colombia tras las constantes amenazas de muerte y amedrentamientos por su compromiso con la causa de la Paz y en contra de política de enfrentamiento armado como salida a la guerra que ha azotado por más de 50 años a Colombia.

En Chile es de conocimiento público el compromiso del Partido Comunista con una salida política y pacífica al conflicto colombiano y así lo ha manifestado en numerosas ocasiones apoyando las iniciativas que profundicen esta búsqueda de Paz , entendiendo que esta pasa por la manifestación de voluntades políticas reales, tendientes a restituir las garantías políticas y sociales de todos los colombianos, asegurando la inviolabilidad de sus derechos fundamentales, el respeto a las posiciones divergentes y el retroceso de las políticas de criminalización del movimiento popular y de derechos humanos, las cuales bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo, se han convertido en una política de estado , que haya su forma más perversa en los llamados “Falsos positivos”.

El compromiso político de Manuel Olate se enmarca en dicha práctica solidaria, práctica que lo llevara a visitar en el año 2008 al campamento del extinto comandante de las FARC-EP Raúl Reyes, con motivo de la realización de una entrevista, la cual fue publicada posteriormente en el Semanario “El Siglo”. Dicha entrevista fue realizada solo días antes del bombardeo en territorio ecuatoriano del campamento de Reyes, en donde el ejército colombiano encontrarías pruebas fotográficas que darían cuenta de la presencia reciente de Olate en el lugar, presencia que de hecho sería posteriormente divulgada, dada la inminente publicación de la entrevista al comandante de las FARC, en un medio de comunicación chileno de cobertura nacional.

Necesario es señalar que días antes de su detención, Manuel junto a su abogado se encontraban prestos a presentar acciones judiciales para aclarar su situación legal en Chile, ya que desde los sucesos de Sucumbios ha sido sistemática y reiteradamente condenado por la prensa sin que existiera, hasta ese momento, ninguna causa en su contra, confiado en la solidez de su inocencia ya que no es responsable de ninguna de las acusaciones que arbitrariamente y sin sustento legal se le atribuyen. En cuanto a las imputaciones esgrimidas por la justicia colombiana, estas se basan en la supuesta aparición de un seudónimo, atribuido a Olate, en los mal llamados correos de la computadora de Raúl Reyes (está comprobado y reconocido que se trata de documentos Word por tanto no se trata de pruebas jurídicas) y que esto según ellos tendría un carácter incriminatorio. El hecho que no se trate de correos electrónicos no es un detalle, ya que esto inhabilita a estos archivos como documentos probatorios. No está demás señalar esto se suma el hecho de que el oficial colombiano a cargo de los supuestos computadores de Reyes, declaro bajo juramento que no existían tales correos propiamente dichos y que no se había cumplido con la cadena de custodia de los computadores y que por lo tanto no había forma de probar que estos no habían sido manipulados o intervenidos.

Frente a la detención de Manuel Olate el Movimiento Continental Bolivariano expresa su solidaridad y preocupación por la detención arbitraria de uno de nuestros responsables en Chile, quien es nueva víctima de la persecución y criminalización de la solidaridad internacionalista.

Emplazamos a las autoridades en Chile a dejar en libertad a Manuel y no dar lugar a la extradición ya que no existen garantías jurídicas que puedan dar lugar a juicio justo y conforme al debido proceso en Colombia y que se trata de una acusación sin sustento jurídico que no justifica su detención y su posible extradición.

Hacemos un llamado así mismo a las organizaciones y dirigentes políticos y sociales nacionales e internacionales, a movilizarse por la liberación de Manuel Olate, rechazando desde ya la idea de su posible extradición ya que como se ha señalado en reiteradas ocasiones en Colombia no existen las condiciones mínimas para un proceso justo que garantice el respeto a sus derechos fundamentales como dan cuenta los más de 7.500 presos políticos de ese país.

Nos declaramos en estado de alerta y movilización permanente.



LIBERTAD A TODOS Y TODAS L@S PRES@S POLITICOS DEL CONTINENTE!

LIBERTAD PARA MANUEL OLATE!



Caracas, 30 de Octubre de 2010



Dirección Ejecutiva

Movimiento Continental Bolivariano.

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LA ROSA DE LOS VIENTOS HABLANDO “FUERTE Y CLARO”: LOS RIESGOS DE LA RETÓRICA EN LA DIPLOMACIA

Nuestro presidente Sebastián Piñera, declaró que había hablado “fuerte y claro” con la presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández, a propósito de la decisión de la Comisión Nacional de Refugiados, Conare, de conceder la calidad de refugiado al ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, Gavarino Apablaza.
El tono no parece precisamente diplomático, y sin duda la expresión “fuerte y claro”, provoca reminiscencia de otros que llevaron al país, en tiempos de la diplomacia castrense, al aislamiento, y a una cuasi guerra, precisamente con Argentina, situación que indudablemente fue mejorada por los gobiernos democráticos de ambos países.
Pinochet, Merino, y otros, hablaban en 1978 “fuerte y claro”, alimentando el chovinismo local, como argumento y mecanismo para azuzar los ánimos, y pretender alinear al país en la histeria bélica (Hay que decir que por el otro lado, otros tiranos, hacia lo propio), para una guerra sin destino.

El tono, indudablemente, parecería la expresión del peligroso deseo de escalar la controversia en torno a un hecho del ámbito de los Derechos Humanos y de la justicia, y claro un tema de la política contingente del país: la indignación expresada por la Unión Demócrata Independiente por la muerte de quién fuera, en tiempos de la dictadura, fundador de esa corriente política y al que han elevado a la categoría de mártir.

Lo que las declaraciones, francamente insultantes de políticos de la UDI y otros, es politizar las relaciones internacionales, incluso entrometerse en la política interna de la vecina Argentina, lo que va en contra del sentido mismo de la diplomacia, y de los intereses nacionales permanentes,

Y cuando lo que encierra toda la escandalera mediática es en realidad un “ajuste de cuentas”, una venganza política, ahora que consideran que ha llegado la hora de cobrarse revancha, con quienes, desde la insurgencia armada, pusieron en aprietos a la dictadura que como clase política y económica, prohijaron, sostuvieron,y colaboraron desde cargos de gobierno, y que aún, algunos, añoran.

La muerte de Guzmán, cuyas circunstancias son oscuras, y donde no se descarta, según diversos antecedentes, la mano de los servicios secretos de la dictadura, vía infiltración o vía monitoreo a distancia, donde se había hecho de enemigos jurados, y cuya falta de escrúpulos es conocida y confirmada por la historia, no es un hecho aceptable en democracia, y mucho menos un acto del cual alguien podría enorgullecerse.

Claramente no se puede hablar de “ajusticiamiento”, aunque Guzmán fue ideólogo de la política represiva de la dictadura de Pinochet, a la que dio sustento, que costó a Chile, miles de muertos, “detenidos desaparecidos”, torturados, aprisionados, exiliados, perseguidos.

Una política revolucionaria que merezca el nombre de tal, y el derecho a la rebelión contra la tiranía que consagra incluso Santo Tomas y la doctrina de la Iglesia Católica, tiene sus propios códigos de conducta ética y de realismo político, que claramente fueron violentados con este hecho.

Pero no es esto lo que está realmente en juego, porque ello forma parte de una discusión y análisis que aun está ensombrecido por la pasión, los intereses políticos de la contingencia, el deseo de venganza y la falta de rigurosidad y objetividad política e histórica, y claro el dolor de las pérdidas en vidas que produjo, sobre todo en el pueblo democrático, la dictadura, su violación de los derechos Humanos, sus aparatos criminales.

De lo que queremos hablar es del haber traslado al terreno de la diplomacia, una pasión política y el deseo de venganza de una clase contra quienes desafiaron su poder- la dictadura de Pinochet- con las armas, en el marco de una lucha de la mayoría del país, parar terminar con la dictadura criminal.

De lo que se trata, en realidad, ahora que son gobierno, de utilizar todos los mecanismos del Estado para perseguir, no tanto a las personas, a Apablaza, Villanueva, sino demonizar el derecho a rebelarse contra la dictadura y al uso de la fuerza, en las condiciones de una dictadura sangrienta como la de Pinochet.

Cabe preguntarse, ¿qué es lo que encierra en realidad la afirmación del canciller, Alfredo Moreno, al dar cuenta de la nota de protesta ante el gobierno Argentino, un mecanismo habitual para el mundo diplomático y hecha en general en un tono adecuado cuando establece que el gobierno va a seguir “realizando todos los esfuerzos para que, no sólo el señor Apablaza, sino que todos los que estén involucrados en estos crímenes y que tengan información sobre estos o que hayan tenido participación, deban enfrentar a los tribunales chilenos como corresponde a todos los chilenos”.

¿Será que comenzaremos a vivir los tiempos del “macartismo” o una nueva versión de la caza de brujas?.

Se entiende que se pueda discutir, analizar, confrontar opiniones sobre el concepto, la práctica, el rol que tuvo la lucha armada, la insurgencia, la rebeldía, en la lucha contra la dictadura de Pinochet y por la recuperación de la democracia y la libertad, algo que viene sucediendo por lo demás, desde 1810.

Eso es legítimo, y además, necesario, pero Dios nos libre de entregarle la dirección de la política exterior de Chile a quienes han revivido hoy, estando en el gobierno, los tiempos del odio y de la violación de los derechos humanos de miles de chilenos, y aceptar la caricatura, el imperio del deseo de venganza.

Por Marcel Gárces. El autor es periodista. Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.

Santiago de Chile, 7 de octubre 2010
Crónica Digital

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En Chile aún se tortura. Hervi Lara B.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha instituido el 26 de junio como Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Una conmemoración que no debería realizarse, porque la tortura no debería existir.
No obstante, en más de un tercio de los Estados miembros de la ONU, la tortura forma parte de los métodos de interrogatorio o se practica para castigar a los reclusos. Aún más inmoral es la existencia de instituciones que, en los procesos de formación de sus integrantes, se enseña a torturar.

El Informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, conocido como Informe Valech, señala que durante la dictadura militar que sufrió Chile entre 1973 y 1990, “la tortura operó como una herramienta de control político, sistemáticamente aplicada(…) Buscaba anular toda resistencia al régimen(…) Fue un quiebre vital que cruzó todas las dimensiones de la existencia de las víctimas y de sus familias.

En muchos casos, las huellas de esa experiencia traumática les acompañan hasta el presente(…) La persona que estuvo en prisión y fue torturada vivió no sólo el silencio propio, sino también el ajeno sobre su experiencia, transformada de este modo en un asunto privado”.

Agrega el citado Informe: “La tortura sufrida por las mujeres menores de edad, y por aquellas que se encontraban embarazadas, subraya la brutalidad ejercida y la gravedad de las consecuencias que les han afectado”. De las denunciantes ante la Comisión Valech, 316 dijeron haber sido violadas. 20 mujeres embarazadas abortaron. 15 tuvieron sus hijos en prisión. 13 quedaron embarazadas de sus violadores. 6 de ellas llegaron con sus embarazos a término.

Hubo hombres que relataron haber sido abusados sexualmente. Hubo numerosas denuncias de violaciones colectivas (a hombres y mujeres). En ciertos casos, la violación se produjo ante familiares.

Es difícil aceptar que aquellos chilenos que se desenvuelven en los círculos de poder, que se enriquecieron y ahora aparecen entre los más ricos del mundo, o que han sido nominados como embajadores en países vecinos, o los que consideran que es excesivo un sueldo mínimo de $180 mil pesos, desconocieran los hechos que, indirectamente, les han permitido acrecentar sus ingresos.

Más difícil de creer es que no los conocieran y son los que ahora se presentan como “pro vida”, o como defensores de “agendas valóricas”, o apoyan nombramientos de obispos que fueron funcionarios de Pinochet, dado que el 15 de diciembre de 1983, la Conferencia Episcopal publicó la declaración “Un camino cristiano”, afirmando que “aquellos que en alguna forma realizan, promueven o colaboran con la tortura, ofenden gravemente a Dios y la dignidad humana”(…) “Por tanto, no pueden recibir la Sagrada Comunión, ni moralmente ser padrinos en los Sacramentos de la Iglesia, los torturadores, sus cómplices y quienes, pudiendo impedir la tortura, no lo hacen”. (Nº 1).

LA TORTURA PERSISTE EN CHILE

Pero la tortura y la complicidad con ella continúa. Por ejemplo, el 4 de junio pasado, ocho gendarmes de Villarrica han sido formalizados tras la denuncia de torturas a trece internos, hecho captado por un celular.

El 10 de marzo, en Hualpén, Concepción, durante horas del toque de queda, cuatro infantes de marina dieron muerte a Daniel Riquelme, tras haber sido maniatado, golpeado y abandonado en una cancha de fútbol, según el testimonio de Iván Rojas, quien resultó sobreviviente.

Tras el terremoto del 27 de febrero, al caer un muro de la Cárcel de Chillán, los reos provocaron un motín, fugándose 269 internos, siendo capturados posteriormente 60 de ellos. Tres reos murieron por efecto de disparos de los gendarmes: Luis Guillermo López Valenzuela (26 años); Jonathan Andrés Aguirre Aguirre (21 años); Rodolfo Leal Medina (32 años). Horacio Núñez murió aplastado al encontrarse encadenado a su cama. Para el entonces Ministro de Justicia, este resultado fue “un triunfo el que se hubiese mantenido el orden”.

En 1984 se promulgó la ley 18.314, conocida como Ley Antiterrorista y que continúa vigente. Desde el 2001 se aplica al pueblo mapuche, por lo que en este momento hay 36 presos mapuche procesados por esta ley, que es contraria a las recomendaciones de Roberto Stavenhagen, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, quien en 2003 dijo que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas”.

Similar planteamiento tiene el Informe de Amnistía Internacional, que señala que al seguir aplicándose la Ley Antiterrorista, se está incumpliendo “tanto las promesas formuladas anteriormente por el gobierno respecto de no hacer uso de estas leyes, como las recomendaciones de diversos organismos internacionales de derechos humanos”.

Es un hecho que la Ley Antiterrorista viola las garantías procesales establecidas en normas internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que subraya la importancia de tener derecho al debido proceso, puesto que la Ley Antiterrorista admite “testigos sin rostro”, que pueden acusar e inculpar sin identificarse, violando así el derecho al juicio justo.

OTRAS CRÍTICAS INTERNACIONALES AL ESTADO CHILENO

En mayo de 2009, en Ginebra, durante el período de sesiones del Comité contra la Tortura de la ONU (CAT), sobre el cumplimiento de compromisos contraídos al ratificar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, algunas recomendaciones se refieren a las deficientes condiciones al interior de las cárceles. Por tanto, se recomendó al Estado de Chile prestar atención ”particularmente en lo relativo a las condiciones materiales, el hacinamiento y los abusos y sanciones injustificados en la aplicación del régimen disciplinario”, así como también garantizar las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad. (Artículo 16).

Otras recomendaciones de la CAT al Estado de Chile se refieren a establecer un mecanismo nacional de prevención que tenga competencia para efectuar visitas periódicas a centros de detención, con el fin de implementar plenamente el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura.

Además, se pide establecer medidas de seguridad acordes con el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad, de manera que se eliminen las celdas de aislamiento.

El Consejo de Derechos Humanos estipuló que la definición legal de la tortura que señala la legislación chilena no se ajusta a la Convención de la ONU. Así como que la Constitución de Chile debe establecer “un sistema electoral más democrático”, que incorpore los derechos humanos “en su plena dimensión”, incluido el derecho a no ser víctima de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Se exige la delimitación de la competencia de la Justicia Militar; el término de la aplicación del DL de Amnistía de 1978; la anulación del principio de obediencia del Código Militar; se cuestiona la labor incompleta de las comisiones de verdad, que dejaron fuera a muchas víctimas; y se condena la aplicación de la Ley Antiterrorista contra el pueblo mapuche.

La ONU también explicita que el Estado de Chile aún no ha ratificado la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas; la Convención de 1968 sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y contra la humanidad; se condenan las discriminaciones que padecen los pueblos originarios; los niños; los migrantes; las mujeres que carecen de derechos patrimoniales, además de carecer de derechos sexuales, reproductivos, sufren violencia doméstica e injusticias en los empleos y los ingresos.

También se enfatiza la ausencia de instituciones de protección de las personas frente a las violaciones de los derechos humanos y el no reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.

Quienes hemos asumido una responsabilidad ética, continuaremos trabajando hasta que la tortura deje de existir.

* Hervi Lara es Integrante de la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT)

Fuente: http://www.elciudadano.cl/2010/06/28/en-chile-aun-se-tortura/

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"Yo sí sentí la dictadura" (y también a Miguel Otero)

Por Álvaro Varela, especial para CIPER | 9 de Junio de 2010.
La entrevista publicada en el diario argentino Clarín que gatilló la salida de Miguel Otero de la embajada en Argentina fue solicitada por él mismo para desmentir un hecho publicado previamente en el mismo periódico: que como fiscal general de la Universidad de Chile, después del golpe de 1973, había liderado una razzia para expulsar a alumnos y académicos por sus ideas políticas. En esta columna, escrita antes de la renuncia del embajador, el abogado Álvaro Varela, entonces presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho, revela -por primera vez- el rol de Otero en su expulsión y el mensaje que éste le envió: “Mientras yo exista, juro que Álvaro Varela no se titulará de abogado en Chile”.

Aunque lo consiguió, Varela obtuvo finalmente su título en España y se convirtió en un abogado clave desde la Vicaría de la Solidaridad en la búsqueda de justicia para los abusos del régimen militar.

Ingresé a estudiar la carrera de Derecho en el año 1969 en la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, después de haber cursado la enseñanza escolar en The Grange School. Al momento del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, yo era estudiante del último año de la carrera y tenía el cargo de presidente del Centro de Alumnos, elegido por votación de todos los estudiantes, en mi condición de militante del MAPU. Los dos anteriores presidentes estudiantiles, Carlos Portales y Claudio Grossman, habían pertenecido igualmente al MAPU.

A la fecha del golpe militar sólo me faltaba rendir los exámenes finales de cuatro asignaturas para egresar. Además, me desempeñaba desde el año 1972 como alumno ayudante del Departamento de Derecho Público en la cátedra de Derecho Constitucional, cargo que había obtenido por concurso público.

El día del golpe militar yo tenía 22 años.

En esa misma época se desempeñaba como profesor de Derecho Procesal Miguel Otero; no fui alumno suyo ni lo conocí personalmente. Sí tuve muchas referencias de él en esa época por relatos de distintas compañeras de curso con quienes el profesor de Derecho Procesal se relacionaba de manera particular, de modo que ellas sí lo conocían muy bien. De ellas escuché que se trataba de un profesor extraordinariamente cercano, muy preocupado e interesado por los estudios de esas alumnas, de sólidos conocimientos de las normas del proceso, duro defensor del Estado de Derecho y de gran simpatía.

La Escuela de Derecho de la Universidad de Chile fue una de las primeras en reiniciar las actividades académicas una vez ocurrido el golpe -los primeros días de octubre de 1973- por lo que yo me reincorporé de inmediato con la finalidad de dar los exámenes y egresar, consciente de que vendrían tiempos muy difíciles. La represión ya se había desatado en todo el país, por la persecución a todos quienes habíamos apoyado el gobierno constitucional. Ya esos mismos aires soplaban en la universidad. De esta forma rendí y aprobé en pocos días los cuatro exámenes y obtuve la calidad de egresado de la Escuela de Derecho, lo que me fue certificado en el documento respectivo entregado por la secretaría de la facultad, con no pocas dificultades.

Lo anterior lo hice contra el tiempo, puesto que ya se había convocado a los miembros de todos los estamentos de la Escuela de Derecho a efectuar denuncias, las que se recibían sin necesidad de que el denunciante se individualizara. Se sabía que toda persona denunciada sería sometida a un sumario y que una vez iniciado éste, el denunciado quedaba automáticamente suspendido de toda actividad que se realizare en la escuela. Entonces, si no completaba los exámenes simplemente no egresaba y evidentemente que ante los hechos futuros que se avecinaban, no tener la calidad de egresado de la carrera era muy desventajoso; en cambio, la calidad de egresado, esto es, de haber cursado completamente la carrera, me permitía visualizar la posibilidad de titularme en otro país.

Para efectos de completar los exámenes y de que se practicaren los registros administrativos correspondientes que me permitiesen obtener el certificado de egresado, conté con el decidido y valiente apoyo del profesor Máximo Pacheco Gómez, quien vivía sus últimos días como decano de la facultad, y quien tenía muy claro que una vez sumariado no tendría siquiera la posibilidad de obtener certificado alguno, puesto que se había enterado de que semejante estado significaba ser excluido, por completo, de toda actividad de la facultad, es decir, ser considerado como si nunca hubiere estado allí.

La conducta del decano Máximo Pacheco es más relevante aún considerando que habíamos tenido serias diferencias políticas en el último período, pero él asumió la protección y defensa de los jóvenes alumnos, aún a riesgo de su propio futuro. Poco tiempo después fue destituido.

Como estaba anunciado, los primeros días de noviembre de 1973 aparecieron en las paredes del tradicional edificio de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, las listas de los sumariados y, como era de suponer, dada mi condición de presidente del Centro de Alumnos de Derecho, yo aparecí en ellas.

De acuerdo con el diseño formulado por las autoridades de la dictadura en la universidad, se me incluyó en lo que se denominó “público y notorio”, lo que significaba que los cargos que se me hiciere por cualquier persona en forma anónima, se entendían verdaderos y yo no tenía derecho a refutarlos. Esta categoría de proceso a que se me sometía, se debía a la circunstancia de haber sido presidente del Centro de Alumnos.

No se me notificó la resolución que me sometió a sumario y que me dio un plazo fatal de 24 horas para responder. Me enteré de la resolución a última hora de ese día y por información entregada bajo secreto por una funcionaria de la escuela, lo que me permitió redactar durante la noche un escrito que presenté al día siguiente, fecha de vencimiento del plazo, y solicitar diligencias probatorias. La petición fue rechazada, dado que la condición de “público y notorio” de mi situación, daba por probados los hechos por la sola circunstancia de la presentación de la denuncia anónima.

No fui el único alumno que estuvo en esa situación; fueron muchos en la Escuela de Derecho y fueron miles en la Universidad de Chile. También fueron miles los académicos y administrativos de la Universidad de Chile que estuvieron en la misma situación. Yo, al menos, tuve la fortuna de contar con una funcionaria de la universidad que me dio cuenta de que se me habían formulado cargos y de que estaba corriendo el plazo para responder. Sólo fue un consuelo, puesto que ninguna de mis argumentaciones y fundamentos, fueron acogidos y ninguna de las diligencias probatorias que solicité fueron dispuestas.

El “proceso” al que fui sometido en la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, concluyó con una “sentencia” que disponía mi expulsión de la misma de por vida, incluido mi cargo académico. El principal cargo que se me formuló y que me llevó a la expulsión de la universidad, fue el de haber sido presidente del Centro de Derecho. Esta “sentencia” pronunciada en la Escuela de Derecho significaba que yo no podría realizar gestión alguna en esa casa de estudios, ni mucho menos, completar lo que me faltaba para titularme luego de haber cursado la carrera completa, esto es, la memoria y la licenciatura.

No está de más recordar que en esos días previos a la expulsión un miembro de mi familia recibió una directa propuesta de negociación, consistente en que yo entregara una nómina de determinados alumnos y a cambio de ello se moderaría mi sanción. De esto me enteré por el relato posterior de mi familiar, quien había respondido en forma inmediata que por dignidad no me transmitiría semejante propuesta, puesto que estaba seguro de que yo la rechazaría y él me apoyaría plenamente en esa actitud. Eso aún cuando se trataba de un familiar de signo político opuesto al mío.

En esos duros días, muchos amigos, familiares y cercanos hicieron intentos por salvar mi situación. Uno de ellos, un médico del Hospital Militar, muy amigo de Miguel Otero, concurrió a hablar con él, oportunidad en que se enteró de que Otero desempeñaba la función de “fiscal general de la Universidad de Chile”, es decir, era quien adoptaba las decisiones. Le explicó el vínculo que tenía con mi familia, que me conocía desde niño, y le rogó que hiciera algo para que yo no me viere impedido de titularme de abogado. Con una enorme tristeza nos comunicó posteriormente que Otero le cerró toda posibilidad: “Mientras yo exista, te juro que Álvaro Varela no se titulará de abogado en Chile”. Nada más.

No hubo explicación ni justificación alguna, por lo que ese médico militar debió retirarse abatido.

Con las referencias que obtuve, logré determinar que Otero había instalado su cuartel central como fiscal general de la Universidad de Chile (cargo que entiendo él se encargó que no se formalizara, para efectos de la historia), en una casa en calle Miguel Claro, al llegar a Eliodoro Yáñez, donde hoy funciona la radio de la Universidad de Chile, recinto que nunca fue conocido ni reconocido como tal, al igual como ocurrió luego con otro tipo de recintos secretos: los de tortura.

Impresionado con el relato del médico militar tomé la decisión de hablar personalmente con Otero, para conocer directamente de él las razones de su conducta y por qué me condenaba definitivamente a la imposibilidad de titularme de abogado en Chile.

Los últimos días de enero de 1974, alrededor del día 22, en horas de la tarde, concurrí al cuartel general de Otero en calle Miguel Claro. Pasé los controles y guardia establecidos invocando el nombre del referido médico militar, y logré llegar hasta la oficina de su secretaria, ante quien me presenté. Le expliqué que aquel médico militar había hablado con él acerca de mi situación y que ahora me interesaba a mí hacerlo, por lo que le pedí que le preguntara si me recibía. La secretaria ingresó a la oficina de Otero y salió muy pronto con su respuesta: no, no me recibía.

Sabía que me sería muy difícil volver a traspasar la guardia y control de ese recinto, por lo que le insistí y le dije que no importaba que no me recibiera en ese momento, pero que yo estaba dispuesto a volver el día y hora que él me dijera, cualquiera que fuera, puesto que para mí era muy importante poder conversar con él. Gentilmente la secretaria ingresó nuevamente a la oficina de Otero, y luego de permanecer también un corto plazo en su interior, salió y me dijo: “el señor Otero dice que con mucho gusto lo recibe el día 22 de enero de 1994 a las 17.00 horas”. Obviamente comprendí el sentido de la respuesta, pero le agradecí y le dije: “Ese día y a esa hora estaré aquí nuevamente”.

Fui expulsado de la Universidad de Chile bajo la acción directa de Miguel Otero Lathrop.

La circunstancia de haber completado los estudios y encontrarme egresado de la universidad, me permitió más tarde dar la licenciatura en la Universidad de Barcelona y obtener el título de abogado. El Convenio de Reconocimiento de Títulos, Grados y Estudios celebrado entre el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva y el Gobierno de España, en 1969, me ha permitido ejercer como abogado en Chile.

Esta es una apretada síntesis de lo ocurrido, de un hecho que significó mucho dolor para mí y para mi familia. Sin embargo, a pesar de la dictadura, a pesar de Otero, obtuve mi título de abogado.

Tomado de www.cctt.cl

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Un libro claro. Mauricio Redolés

He leído el libro de Manuel Muñoz Fernández, “Torturas al ritmo de valses de Strauss”, lo que según el autor es un diario de vida de su “paso por cárceles y lugares de tortura en tiempo de los militares y civiles golpistas”, y he quedado con una sensación de claridad y optimismo.
Claridad, porque este pequeño libro de memorias (121 páginas), nos recuerda una vez más lo que la insobornable memoria colectiva se niega a olvidar. Es decir, que durante 17 años vivimos una dictadura militar oprobiosa para la conciencia de nuestro país. Entonces, cada vez que un periodista empleado por las cadenas derechistas de la información diga “gobierno militar” o “régimen militar”, se alza este librito con toda la dignidad de pueblo sencillo pero no estúpido y desmemoriado y dice: ”Dictadura militar, háganme el favor, y la boca les queda donde mismo”.

O cada vez que un ultra-renovadísimo de la whiskierda chilena diga “todos fuimos por igual culpables de la debacle del ‘73”, se alza este libro de Manuel Muñoz Fernández y dice “sí, todos fuimos culpables, pero unos más que otros -los que asesinaron, violaron mujeres, torturaron, hicieron desaparecer, recibieron plata de la CIA; son más culpables que el resto-”. Esa es la claridad que trae este libro. La claridad de saber que no estuvimos locos, que lo que pasó, efectivamente pasó, y no fue resultado de la afiebrada imaginación de un escritor de comics que hace un mal guión llamado “Chile, 1973”, con malos muy malos.

Y el libro me ha dejado una sensación de optimismo, porque este profesor que ejercía en San Fernando en el momento del Golpe de Estado, se da el tiempo de escribir el libro y además, autofinanciarlo. ¿Por qué lo hace? Él mismo responde :”Quienes sepan o hayan tenido una experiencia amarga, si su vida sufrió un trastorno violento, triste y doloroso, que lo hagan público dentro de su círculo de parientes, conocidos y amistades. Esto no significa estar amarrado al pasado, significa dar a luz hechos que plagaron de odio y violencia una parte de la historia. Se trata de no olvidar ese pasado de hechos sangrientos para que no sean tergiversados por aquellos a quienes les interesa tender un manto de olvido”.

Manuel Muñoz no ha esperado un Fondart ni una ONG para cumplir con un deber. El de contarnos que sí sucedió eso que los más jóvenes ignoran y que los viejos renuentes a la verdad eufemizan, llamando a la tortura “exceso”.

Escribe bien don Manuel Muñoz y es generoso al regalar este libro a la cultura de este país. Sin esperar una Agregaduría Cultural, sin esperar que Littin haga un film que pelee el Oscar. Sencillamente lo hace porque lo siente un deber. Un deber al que llama a los demás. Cuenten lo que les pasó. Es un gesto rebelde. Es un gesto revolucionario. Es un gesto fraterno.

El libro debe su título a los militares que, en sesiones de torturas, utilizaban valses de Strauss a todo volumen para acallar los gritos de los torturados. Hay imágenes hermosas y reflexiones sorprendentemente orientales. Verdaderos golpes de hai-ku en prosa de un profesor avecinado en San Fernando para los días del ‘73. Como cuando ve pasar una hermosa nube blanca por el cielo de la cárcel de Rancagua que lo sobrecoge. Y, además, es una nube que va hacia el sur, por donde se va a su casa. O cuando recuerda los días que cantaba en la cárcel, y el cantar mismo, y el saberse cantando, constituían dos deleites distintos.

Que siga cantando y que se sepa cantando por muchos años, don Manuel Muñoz Fernández. Son mis sinceros deseos para el bienestar de las almas de todos/as nosotros/as.

Por Mauricio Redolés

Fuente: El Ciudadano

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A 24 años del asesinato de Ronald Wood.

(Conmemoración: 20 de mayo. 19ºº hrs. Casa Central Utem, sede Dieciocho)
Me toca decir quién eras TÚ hermano. Y cito este apodo porque para tus hermanos nos dejastes un trozo de TU ALMA.
Te recuerdo como un hermano regalón y tierno, de carácter dósil, risueño e infantil para tu cuerpo, de ideales nobles y de espíritu inquieto.
Eras un jóven que recién cumplía sus 19 años el 11 de marzo de 1986, cuando emprendías tú segundo año académico en la Carrera de Contador Auditor del IPS. Era tú orgullo haber aprobado todos los ramos del 1er.año y aunque empezabas a tener más inquietudes sociales, querías terminar lo que emprendístes como una manera de ir independizándote y ser cada día más grande.
Ese verano te tocó ir a visitar a nuestros hermanos Eduardo y Carolina a Brasil, lo que te mostró una realidad distinta: conocístes a gente del exilio y una mirada crítica desde afuera de Chile. Eso aumentó tus inquietudes sociales y políticas.
En la Universidad la cosa no andaba muy normal, el Rector era un Militar designado y se corría el rumor que en las Salas de Clases andaban gurcas y soplones. De echo, te tocó ver en Televisión a un supuesto compañero de curso que actuaba como gurca, lo que recuerdo te impresionó mucho. Era preocupante la realidad en que nos tocaba estudiar.
Mientras tanto tú seguías llevando la vida del jóven que eras, tenías muchos amigos con los cuales compartías, desde estudios y trabajos, hasta los carretes y las fiestas.
Donde llegabas tenías gran afinidad para hacer amigos. De ahí que tus compañeros te pusieron, y dedicaron, la canción del “Millón de Amigos” de Roberto Carlos.

Ese día 20 de mayo, salístes de tú casa apurado para llegar a clases: te despedístes con un eco de voz……….. Yo estudiaba Agronomía en ANTUMAPU y Katia que estudiaba Enfermería en la U. de Chile, también salímos en la carrera para llegar a clases.
Ese día en Santiago, había una reunión de Parlamentarios extranjeros, y la CUT había llamado a una movilización al centro de la ciudad. Por orden del Supremo, los militares se tomaron el centro de la ciudad.
El Ministerio del Interior (Onofre Jarpa) suspendió las clases de los establecimientos del Centro de Santiago, y tú y tus compañeros que estudiaban a tres cuadras de la Alameda, tuvieron que emprender viaje a sus casas antes de tiempo. En el camino conversaban de los conflictos sociales y las injusticias.
En eso te vistes tratando de cruzar el Puente Loreto frente al Museo de BellasArtes. Los militares agazapados y encubiertos se desplegaron para impedir el paso de la gente. La muchedumbre empezó a querer cruzar el puente para entrar al centro. Chiflaban y reclamaban. En un momento se pusieron a corear consignas, el clima se puso cada vez más tenso. En eso los militares se pusieron a disparar y se produjo una estampida de unas trescientas personas, pero quedaron unas treinta que empezaron a corear el “Himno de La Alegría”, alzando sus brazos en signo de paz, y de espaldas al contingente ……. en eso un militar de más rango avanzó del resto y le apuntó al más alto, al que cantó más fuerte y alcanzó el cielo con sus manos, ……. en eso cayó RONALD con dos balazos en la cabeza y otro en su mano derecha.
Dos carabineros motorizados y todo el contingente militar, además de la treintena de personas fueron testigos de los echos. Al militar lo cubrieron y sacaron del lugar. En eso, un automóvil de un particular se enfrentó a la policía y exigió llevarse el cuerpo a la Posta Central.
Mi hermano resistió por tres días en el Instituto de Neurocirugía. Esperó hasta que esa mañana llegaron sus hermanos de viaje de Brasil …….. en la tarde, cuando ya todos estabamos juntos, murió de un paro múltiple.
……. En ese instante, la Radio Cooperativa te dedicaba la canción “Un Café para Platón” ……..
……. Por las calles de Santiago empezaba una tormenta con truenos y relámpagos estremecedores.

Inmediatamente tu familia interpuso una querella criminal ante los Tribunales de Justicia. Los estudiantes de la U de Chile y del IPS exigieron un Ministro en Visita.
Durante años se exigió justicia. Se hicieron innumerables actos de homenaje, velatones, romerías y declaraciones públicas. Nos entrevistamos con el Presidente de la Corte Suprema, con el Arzobispo de Santiago, y con muchas otras autoridades de la época, esperando respuestas.
El Proceso pasó de la Justicia Civil a la Militar. Los militares no entregaron la información que se les pedía, por lo que después de varios años se sobreselló el Sumario. Luego vinieron muchos intentos de reabrir el caso. Hasta que el año 2001 la familia se querelló contra Augusto Pinochet Ugarte como el responsable intelectual del asesinato. Con esta querella, el proceso se constituyó de Lesa Humanidad, es decir, que ya es parte de los atropellos a los Derechos Humanos de la Humanidad, por lo que nunca más lo podrán cerrar.

La familia, no dejará nunca de clamar por JUSTICIA; y vemos en este logro, un reconocimiento judicial que está por encima de las leyes de nuestro país, lo que nos permite sentir un poco de PAZ ante tanta INJUSTICIA.

Por último, un mensaje de mantener vivo el recuerdo de RONALD en nuestros corazones, para que con su mensaje de valentía y coraje, y con su entrega generosa del jóven idealista y noble, que sin saberlo se convirtió en un mártir - símbolo de la juventud de la época; seamos capaces de ser mejores y de convertir nuestra sociedad en una patria JUSTA y SOLIDARIA para todos los hermanos de Ronald que recogieron su legado, y también para las futuras generaciones, para los hijos de nuestros hijos, que merecen un MUNDO MEJOR.


Y PARA QUE NUNCA MAS EN CHILE MUERA OTRO RONALD del Alma


Mayo de 2010
A 24 años

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Derechos Humanos: Cuando el abuso de poder nos hace perder el juicio. Fernando Lira Haquin

En los próximos meses, tendremos ocasión de presenciar el desarrollo de un caso inédito en nuestro país. Se trata del enjuiciamiento de 19 comuneros mapuche donde, la fiscal Regional del Bío Bío Sra. Ximena Hassi Thumala, intentará demostrar la participación en diversos delitos bajo la figura de Asociación ilícita terrorista, hechos ocurridos en octubre de 2008 en Puerto Choque, cerca de Tirúa en la VIII Región, lugar donde un grupo mapuche ofreció resistencia a las incursiones de fuerzas especiales encabezadas por el fiscal Mario Elgueta, y en donde afortunadamente no hubo víctimas que lamentar. La mayoría de los fundamentos de la acusación se basan en declaraciones de más de 100 funcionarios de carabineros y de PDI y una treintena de testigos sin rostro.

¿Y qué novedad más tiene este caso?
La novedad es que las penas que pidió la fiscalía para este grupo van desde 102 años para uno, 70 para otros, 60, 45 y 30 para otros. Para demostrar la culpabilidad de los imputados presentará 36 testigos sin rostro y 198 testigos presenciales, de ellos más de 100 son funcionarios policiales. Demás está decir que en nuestro país, ni en tiempos de dictadura la justicia presentó tamaña maquinaria judicial para condenar a sus opositores.

¿Qué esta sucediendo entonces?
Sucede que algo no está bien. Sucede que ante la falta de evidencias y bajos estándares de prueba, el Ministerio Público busca impresionar al Tribunal de Cañete con un desfile de testigos y peritos, con enormes expedientes y con más kilos de expedientes que evidencias condenatorias, a la vez que intentará justificar los dos años de investigación y los millonarios recursos gastados en la Operación Bío Bío.

Demuestra también la ansiedad de la fiscalía por obtener condenas ejemplificadoras que desincentiven la movilización que por años lleva adelante el pueblo mapuche tras sus demandas territoriales, ansiedad provocada por la presión que se ejerce desde el poder económico de la región con el respaldo del poder político central. Sin lugar a dudas, nos encontramos frente a un juicio político inserto en un marco de criminalización, parte de la estrategia de pacificación judicial y represiva que se ha venido instalando desde los gobiernos de la concertación y que en los últimos años, ha dejado como resultado víctimas fatales y un gran número de heridos algunos con secuelas de por vida, más de 50 presos políticos mapuche, muchos de ellos con prisión preventiva de más de dos años, infinidad de comuneros con penas remitidas, el ataque y persecución a niños y el daño sicosocial instalado en la comunidad mapuche.

Esta estrategia se amplía y extiende a la mayoría de los juicios en desarrollo contra comuneros mapuche en la Araucanía. La figura de asociación ilícita terrorista entrega al Ministerio Público, antes de comprobarse la inocencia o culpabilidad del imputado, el privilegio de mantener en secreto la investigación, a mantener en prisión preventiva a su acusado hasta dos años, el uso de testigos sin rostro y una serie de excesos que restringen los derechos del imputado y afectan su legítima defensa. Esta aberración jurídica, nos lleva al absurdo que usted, por ejemplo, podría ser acusado por robo, homicidio frustrado y atentado a un fiscal, por el solo hecho de encontrarlo en actitud sospechosa con una gallina bajo el brazo. Esta acusación será investigada bajo el marco de la Ley Antiterrorista, y la fiscalía hilvanará una serie de presunciones y hará desfilar por algún Tribunal a un grupo de funcionarios policiales y testigos sin rostro, declarando al unísono haberle escuchado decir, que con el producto de la venta de la gallina robada usted compraría una escopeta con la que cometería el atentado. Si se acompañan algunos peritajes de huellas, telefónicos y planimétricos, incluso se podrá vincular a algunos amigos suyos y configurar una asociación ilícita con gallina incluida. Ni hablar si detrás de este caso está metida la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), porque usted y sus amigos, podrían aparecer asociados a grupos de extrema izquierda y al terrorismo internacional.

Particularmente creo en la justicia, aquella que imparten los hombres justos. Y estaré de acuerdo que se persigan responsabilidades donde las hay, pero jamás estaré de acuerdo en que se configuren responsabilidades donde no las hay, menos aún venidas del aparato de justicia y del poder político, quien tiene la obligación de proteger los derechos de las personas y un debido proceso. Podemos entender que la prensa funcional a los poderes de la zona, criminalice y declare culpables a priori a los imputados, pero es inaceptable que la propia justicia tenga licencia para encausar y condenar a personas sin respetar su legítimo derecho a ser considerado inocente hasta que se pruebe lo contrario.

Y cuando hablo de justicia hago una salvedad, puesto que esta licencia la esgrime el Ministerio Público abusando del poder que representa, porque debemos reconocer que en muchos casos han tenido que ser los jueces quienes han corregido estos desmanes, como en el caso del juicio reciente en contra de Elena Varela, de Kenny Sánchez y Sergio Reyes quienes quedaron en libertad luego de dos años de prisión, por orden del Tribunal de Villarrica por falta de pruebas condenatorias. Esperemos que en este caso de Cañete ocurra lo mismo.

http://blog.latercera.com/blog/flira/entry/derechos_humanos_cuando_el_abuso

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LA HISTORIA DE LA INEDITA CAMPAÑA DEL MOVILH QUE ENCIENDE EL DEBATE SOBRE LOS DERECHOS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN CHILE

Uno de los sueños de los/as activistas del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) era lanzar una inédita campaña sobre los derechos humanos y la igualdad social en las principales calles de Santiago que causara un debate nacional sobre la importancia de terminar con la homofobia y la transfobia y que estuviera a la altura del Bicentenario.

Un año atrás el organismo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales comenzó a buscar fondos para hacer su sueño realidad y para ello presentó una propuesta a la Embajada del Reino de los Países Bajos que fue aprobada en abril del 2009.

La propuesta incluía una serie de acciones, entre esas la instalación de al menos tres gigantografías en puntos simbólicos de Santiago y en buses, piezas comunicacionales que fueron lanzadas el martes pasado provocando un debate nacional.

Así, y por el plazo de un mes, en Plaza Italia se puede ver una imagen de mujeres besándose con la frase "Si te molesta el amor, hazte ver. La homofobia y la transfobia son violencia. Igualdad legal para todas las parejas".

En tanto, en Paseo Ahumada con Alameda el impacto lo ha causado una joven mujer embaraza y su pareja, cuya imagen tiene por título la frase "¿Y si naciera homosexual, le quitarías sus derechos?. Ley contra la discriminación ahora".

La tercera pieza, pensada para los buses, incluye por su lado a una pareja heterosexual de adultos mayores y en el fondo a dos gays besándose. "Porque tenemos principios, combatimos la discriminación. Estamos a la altura del Bicentenario", señala la imagen.

LOS EFECTOS

La campaña fue calificada al instante por la prensa como la "más rupturista y audaz desarrollada hasta ahora en Chile", mientras que en internet (foros, facebook, twitter y fotolog) se encendió casi instantáneamente el debate, predominando los mensajes de apoyo y de felicitaciones a la idea.

"Excelente, grandiosa y necesaria", han sido algunas de las opiniones que se coronan con frases del tipo "hoy todos somos del Movilh". El interés ha sido tal que los correos electrónicos no paran de Llegar al Movilh y su sitio web se empinó a más de tres mil visitas.

Pero no sólo se registra aceptación, sino que también rechazo en quienes consideran que la homosexualidad y la transexualidad no son normales. Así mientras personas individuales han calificado a la campaña de "asquerosa y pervertida", grupos ultraconsercadores como El Porvenir de Chile y Muévete Chile han expresado más que molestia.

"Los actos homosexuales y su promoción no pueden recibir nuestra aprobación en ningún caso, aunque sea nues­tro hijo (...) Esta campaña es una tram­pa, la trampa del sofista que analoga la condición con la conducta", dijo a Publimetro el presidente de Muévete Chile, Salvador Salazar.

En tanto, la Red Evangélica apuntó que " no nos merecemos tener una paleta publicitaria, indicando la ambigüedad. Es provocativa y ofensiva, pero claro, podría considerarse homofóbico tal comentario. Debemos hablar claro. El Movilh es una organización que se ha caracterizado por enviar ataques contra el poder judicial, la iglesia católica y evangélica. Durante un mes deberemos soportar en nuestras calles mensajes, a menos que alguien pueda interponer un recurso judicial y detenga esta exhibición inadecuada.".

El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett (UDI) no se quedó atrás, aun cuando su crítica fue menos lapidaria. "Ver dos mujeres besándose no es la campaña ideal", sostuvo.

"Declaraciones como esta demuestran justamente la necesidad de promover la igualdad de derechos para la población LGBT. Los grupos homofóbicos lógicamente persistirán en su promoción del odio y la respuesta que podemos darle es justamente la que figuran en los mensajes de la campaña", sostuvo el activista y diseñador de la propuesta, Gonzalo Velásquez.

En relación a Zalaquett añadió que "mujeres besándose se han visto varias veces en programas de televisión, incluso en las franjas presidenciales pasadas. Si para el edil esto no es "ideal", significa entonces que "su ideal" es ocultar una realidad y validar sólo la expresión pública del amor heterosexual, lo que a todas luces no compartimos".

GENESIS DE LA CAMPAÑA

Desde siempre el Movilh supo que los objetivos específicos de la campaña serían ampliar la discusión sobre los proyectos de ley contra la discriminación, de unión civil y de matrimonio, todos radicados en el Congreso Nacional, y explicitar con fuerza la visibilidad ya conseguida por el organismo tras 19 años de lucha, en el marco del Bicentenario de Chile.

Los fines generales eran, en tanto, sensibilizar sobre los derechos humanos de las minorías sexuales y ampliar el debate sobre este sector social, y para ello durante meses se pensó en diversas imágenes y mensajes.

Las ideas fueron múltiples, al igual que las reuniones y focus groups. "Había idea muy buenas, pero sólo teníamos presupuesto para tres piezas comunicacionales, entonces debimos optar, no perdiendo de vista los cambios socioculturales experimentados en Chile", añade Velásquez, tras explicar que "lo siempre tuvimos claro es que no recurriríamos a una agencia de publicidad, y que la propuesta sería producida completamente por los activistas de nuestra organización".

Para el diseño y la definición de los mensajes el Movilh pasó por diversas etapas. La primera, "y que ha sido la tónica de todas las campañas que hemos desarrollado", fue la discusión de ideas sin revisar ninguna experiencia externa. "Ello garantiza independencia y originalidad y obliga a ser creativos, sin influencias", explica Velásquez.

Tras ello, el Movilh solicitó a la población LGBT no organizada en Chile que diera ideas y al unísono investigó sobre campañas con fines similares realizadas en otros países, en especial en Gran Bretaña, Italia y Holanda. "La sorpresa fue que nos encontramos, en un análisis fino claro está, con ideas parecidas y ello reforzó que íbamos por buen camino, en especial porque no sólo analizamos los mensajes, si no también el efecto que habían provocado".

Acto seguido, se realizaron focus groups y acá fue donde el dolor de cabeza se impuso por semanas, pues el objetivo buscado no se cumplía en los borradores de la campaña.

Originalmente la imagen de la mujer embarazada y su pareja tuvo otros mensajes, que resultaban largos para leer en la vía pública.

"Pensamos en poner la frase "Y si esta pareja tiene un niño gay...", pero en los focus groups quedó claro que el mejor mensaje sería aquel que no hacía referencia al sexo del bebé. Entonces se nos ocurrió "¿Y sí es homosexual?", pero era ambiguo porque bien podría referirse a la madre, al padre y no necesariamente el bebé. Después de varios debates surgió el verbo "nacer" como una luz que resolvió el conflicto", recuerda Velásquez.

Pero la pieza comunicacional que más discusión causó fue la que ahora está en Plaza Italia. Si la pareja lésbica se besaba o no fue el primer tema, lo cual "en todo caso resolvimos con rapidez. El drama era el mensaje", dice el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.

La primera versión sostenía simplemente "Si te molesta, hazte ver. La homofobia y la transfobia son violencia". En los focus groups la frase generaba polémica. Por un lado se decía que podría interpretarse como muy violenta y muy cruda y por otra que al estar sólo el beso lésbico, el mensaje se concentraba en ello y no en la relación involucrada. Pese a las críticas, la propuesta fue mayoritariamente validada por los focus groups y al día siguiente quedó lista para la impresión.

"Felizmente tuve problemas técnicos y no pude enviar a imprenta la campaña el día que queríamos. Ese mismo día surgió la palabra amor, la sometimos a nuevo debate y el resultado fue "si te molesta el amor, hazte ver". Era justamente lo que queríamos decir", redondea Velásquez.

En relación a la pieza de los buses "la idea salió rápidamente y no generó mayor debate. Debía concentrarse en el Bicentenario y en el cambio sociocultural y la pareja de adultos mayores era ideal para ello", dice la activista del Movilh, Sofía Velásquez.

EL RESPALDO HOLANDES

Antes de instalarse en la vitrinas de JCDecaux, la campaña debía ser revisada por Ilustre Municipalidad de Santiago, lo cual ocurre con todos los avisos trabajados con la mencionada empresa.

El trámite, de carácter administrativo, no debía demorar más de 24 horas, pero en el caso de la campaña del Movilh la respuesta definitiva llegó dos semanas más tarde. "No sabemos que pasó entre medio, pero claramente algo sucedió. Esperamos pacientemente hasta que finalmente no hubo problemas".

Portadas de diarios, debate en televisión y radio y medios electrónicos contribuyeron a ampliar la discusión iniciada, donde para el Movilh jugó un rol clave el respaldo holandés.

"Gracias al imprescindible apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos el debate sobre nuestros derechos se ha potenciado en Chile. Sin los recursos por ellos aportados y sin la sensibilidad social que sus autoridades tienen para contribuir a superar las injusticias en el mundo, esto no hubiese sido posible", dice la activista Sofía Velásquez.

A juicio de autoridades y agentes sociales que han llamado al Movilh para expresar sus felicitaciones, la campaña tiene un impacto directo en los derechos humanos de las minorías sexuales y también en la promoción del respeto a la diversidad en toda la sociedad.

"El desafío ahora es que el Estado se haga justamente cargo del 10 por ciento de la población que ha olvidado y destine los recursos humanos y económicos necesarios para ello, al igual como lo hace con otros sectores discriminados. Se trata de hacer efectiva la igualdad para cada chilena y chileno", puntualizó la activista del Movilh, Karin Avaria.





Fuente: opusgay

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