Raul Sohr: La guerra contra el terrorismo que nunca fue

Emplear una legislación "antiterrorista", gestada bajo una dictadura con una clara intencionalidad política, contra activistas mapuches es cuestionable. Semejantes leyes no tendrían cabida en una constitución redactada en democracia.

Cambió el gobierno en Estados Unidos y se oyen nuevamente las voces del sentido común. Hace mucho que se denunciaban los atropellos a las libertades y derechos individuales en nombre de la mal llamada "guerra contra el terrorismo". Pero las protestas eran ahogadas por la propaganda oficialista que, cada tanto, recordaba la inminencia de un posible ataque devastador. La amenaza alcanzaba a todos los rincones del mundo. En algunos aeropuertos las medidas de seguridad transmiten, aún hoy, la sensación que, efectivamente, se vive una guerra. Las bombas pueden detonar en trenes suburbanos o templos. De una inocente carta se desprende un polvillo blanco; ¿es talco de una humorada cruel o el temido ántrax? Los ataques pueden ser tan imprevistos como relámpagos en un día de sol. Aún más desconcertante es el hecho que los blancos no guarden ninguna relación los odios que motivan a los agresores.

Este fue el cuadro angustiante pintado durante el gobierno del Presidente George W. Bush. Quedó a la imaginación de cada cual elucubrar sobre los escenarios del próximo ataque, escrutar los rostros de los pasajeros que viajaban en el vagón o especular sobre los contenidos de una mochila. La mente del atribulado ciudadano fue estimulada por una enorme cobertura mediática que magnificó cada incidente, grande y pequeño, una y otra vez. Fue una campaña del terror a gran escala, que derivó en serias restricciones a la privacidad y derechos que gozan los ciudadanos de las sociedades democráticas.

¿Que piensa al respecto Stella Rimington, quien dirigió los servicios de contraespionaje e inteligencia nacional de Gran Bretaña? En declaraciones al diario español "La Vanguardia" señaló que estaba "en contra de ciertas decisiones del Gobierno, especialmente el intento de aprobar leyes que se inmiscuyen en la intimidad de las personas". La jefa del servicio responsable de la lucha contra el terrorismo en el Reino Unido, el MI5, puede hablar en público ahora que está en retiro, y comenta cómo aconsejó a los políticos: "Sería mejor que el Gobierno reconociera que existen riesgos en lugar de atemorizar a la gente para poder aprobar leyes que restringen las libertades, precisamente uno de los objetivos del terrorismo: que vivamos atemorizados y bajo un Estado policial". A juicio de Rimington, la mujer que inspiró al personaje "M" en las últimas películas de la saga de James Bond, el gobierno de Bush perdió la brújula: "Estados Unidos ha ido demasiado lejos con Guantánamo y las torturas, eso el MI5 no lo hace, y además ha conseguido el efecto contrario: cada vez hay más terroristas suicidas que encuentran una mayor justificación".

A conclusiones similares llegó la Comisión Internacional de Juristas, luego de tres años de trabajo denunciando que varios países vulneran sus propias leyes y están "minando principios básicos de la ley internacional de derechos humanos, como la prohibición de la tortura, el tratamiento degradante, las desapariciones forzadas o los juicios injustos". Al igual que Rimington, que sabe mucho sobre el poder de los servicios secretos, la comisión manifiesta sus temores "acerca del uso de información de los servicios de espionaje, posiblemente errónea y no comprobada, para atacar a individuos y organizaciones con consecuencias devastadoras, así como la imposibilidad de contrastarlas con el debido proceso".

Nadie discutirá el peligro que representan organizaciones que recurren al método terrorista. En especial aquellas que han optado por la variable suicida y catastrofista, es decir, causar la mayor destrucción indiscriminada posible. Pero adoptar medidas equivalentes a declarar un estado de guerra no merece otra interpretación que un esfuerzo por amedrentar al conjunto de la población. Al respecto, Ken MacDonald, director de la Fiscalía Pública británica, afirmó: "No hay tal cosa como una 'guerra contra el terrorismo' la lucha contra el terrorismo en las calles del país no es una guerra. Es la prevención del crimen, es la aplicación de nuestras leyes".

Estas últimas palabras son aplicables a Chile. Emplear una legislación "antiterrorista", gestada bajo una dictadura con una clara intencionalidad política, contra activistas mapuches es cuestionable. Semejantes leyes no tendrían cabida en una constitución redactada en democracia. Aplicarla sólo a los mapuches que recurren a la violencia en la lucha por sus tierras es discriminatorio. Cabría entonces también acusar a los subcontratistas del cobre, cuando queman buses, a los pescadores artesanales y estudiantes cuando lanzan, encapuchados, bombas molotov. Pero, claro, dos males no harían un bien.

Acusar bajo leyes antiterroristas que multiplican las penas a activistas mapuches, que cometen delitos contra la propiedad, constituye un recurso intimidatorio que linda en el racismo. Ello en circunstancia que Chile promueve, como lo es en los hechos, una imagen de tranquilidad, libre de terrorismo y otros crímenes aberrantes como lo son los secuestros. Es hora que el país deje atrás odiosas rémoras y abra las ventanas para que respire los nuevos aires que, en buena hora, soplan una vez más. //LND