11/22/2011

Lo que hay detrás de Krassnoff y de Labbé

El contenido del libro de Krassnoff y la provocadora presentación de este representan un claro intento de la ultraderecha y del militarismo pinochetista de reaglutinamiento político, de justificación de las más crueles violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, de reivindicación de los agentes de la DINA encargados del trabajo sucio y un claro chantaje a la derecha y al gobierno para reposicionar sus demandas.

El que sea el Alcalde Labbé, el único de los personeros de la DINA que ha logrado una reinserción electoral durante los años de la democracia, quien invita a la manifestación de apoyo a Krassnoff, deja en claro que esto se planificó, se pensó en cómo hacer el mayor daño reproponiendo el espectro del pasado. Con Labbé, anfitrión de la iniciativa, se ha querido dar a ella el mayor realce comunicacional posible, se ha buscado abrir la polémica e involucrar al gobierno y a la derecha en ella, se ha transformado el acto no solo en una cruel provocación a las víctimas de Krassnoff y de la DINA, sino en un verdadero desafío a Piñera y a toda la derecha a la cual se le recuerda que si Piñera es Presidente y ellos gozan de los privilegios de los cargos de gobierno es porque el pinochetismo también colocó sus votos para consumar dicho objetivo.

Recuerdan a Piñera, reivindicando a Krassnoff, que dicho apoyo fue pactado, que el candidato de la derecha se reunió con la “familia militar pinochetista” y que hubo compromisos de revisar causas, de aplicar amnistías y de incorporar militares comprometidos con las violaciones a los Derechos Humanos en el indulto presidencial, cosa que no ha ocurrido y que es casi imposible que Piñera quiera o pueda cumplir dado el repudio que ello conllevaría en una sociedad chilena con más capacidad de crítica y de movilización.

Por ello, el rol visible de la convocatoria lo juega el Alcalde Labbé, que ya ha desafiado al gobierno con sus medidas represivas en contra del movimiento estudiantil causando bochorno e incomodidad en La Moneda, en un gobierno y en un parlamento donde subsisten los hombres que de una u otra forma estuvieron ligados a la dictadura. Justamente, eligen a Krassnoff, dado que este fue el organizador del emblemático “Acto de Chacarillas”, como un mensaje, para que ninguno de estos personeros olviden fácilmente su antigua identidad pinochetista.

Casi como un gesto mafioso, de advertencia, envían una invitación al Presidente a participar en la presentación del libro sin imaginar que la inoperancia y el descuido de una funcionaria o la connivencia de ella con el ideario de la dictadura, llegaría a involucrar directamente al Presidente en un saludo, que este no conoció ni formuló, y donde se llega incluso a rescatar la figura de Krassnoff como representativa de una generación de militares y se desea éxito al encuentro. Este regalo inesperado constituye una victoria gigantesca para los organizadores ya que de alguna manera, en el ámbito comunicacional, el gobierno se ha visto involucrado, ha debido dar explicaciones, se ha repropuesto el viejo escenario confrontacional siempre favorable al pinochetismo y que arrastra la imagen de un sector de la derecha. Con ello se ha realzado la importancia de una iniciativa que, aún estando completamente aislada en la sociedad chilena, recoloca el tema de los “militares de Pinochet” más allá de lo que seguramente esperaban.

Este error del gobierno, la participación de Labbé como organizador del evento, los balbuceos de muchos exponentes de la vieja derecha que no se atreven o no quieren condenar los crímenes y las violaciones a los Derechos Humanos, ha permitido que Krassnoff, inesperadamente, se transforme en un ulterior factor de debilidad de Piñera y de su alianza presionada por el pasado, que les asoma como un fantasma que no está dispuesto a desaparecer de escena.

El acto, por cierto, está inscrito en un esfuerzo, al cual el activismo pinochetista no renuncia -por vano que ello parezca dado que la cruda verdad de los crímenes de la dictadura ya está fuertemente instalada en la conciencia de la sociedad chilena– de reinterpretar la historia. Por ello, en estos días, hemos vuelto a escuchar a personeros de la ex dictadura militar, traídos a las pantallas de la TV, a los micrófonos de las radios y a las columnas de los diarios, como verdaderos espectros de ultratumba, a hablar de nuevo de los valientes soldados que enfrentaron al marxismo y a partir de ello justificar los crímenes cometidos, presentando a los militares involucrados como “perseguidos políticos”, negando incluso la veracidad de las pruebas con las cuales los tribunales de Justicia han condenado a Krassnoff y a la cúpula de la DINA a centenares de años de cárcel.

Se elige como emblema a uno de los más despreciables personeros de la represión, un psicópata directamente involucrado en decenas de crímenes y que siempre ha hecho apología de ellos, justamente para que sea claro que sus reivindicaciones llegan muy arriba, que no se trata solo de la exigencia de liberar a un soldado que recibió órdenes o a un subalterno que participó, como tantos, en el desaparecimiento de personas o en traslado de restos. No. La ambición es mayor. Se trata de reivindicar directamente a la DINA, de instalar la idea de que gracias a ella y a estos hombres injustamente condenados y encarcelados, se ganó la guerra al comunismo y hoy el país vive en libertad.

Saben que esto lo pueden lograr solo con un gobierno de derecha y utilizan la presión, el chantaje, la amenaza soslayada para que exigir que el Presidente cumpla con la promesa de liberar a los hombres de armas encarcelados o, en su defecto, pague un precio político altísimo de imagen, al recordarles a muchos la vieja pertenencia a la dictadura, o incluso, se profundice la pérdida de apoyo en este sector que seguramente hoy está entre los que responden contra Piñera en las encuestas.

No recurren, para ello, a una petición de perdón a la sociedad. No se comprometen con entregar antecedentes que permitan esclarecer el paradero de los desaparecidos, no abren la olla de la responsabilidad directa de Pinochet en los crímenes ejecutados por la DINA, no hacen ningún gesto que favorezca la reconciliación, o una reconversión espiritual que pueda llevar al perdón. No. Recurren al alegato de la legitimidad de los crímenes, a la arrogancia, al espacio que ellos creen debe tener la dictadura en la historia de este país.

Justamente por los objetivos que hay detrás de la iniciativa del pinochetismo es mas repudiable el que sea un alcalde, elegido con los votos populares, el que organice este encuentro, ya que en el fondo Labbé utiliza este consenso ciudadano para un propósito innoble como es promover la legitimidad de los crímenes y de los esbirros la dictadura. Por ello es que todos los que se sienten parte de una visión y adscripción a los valores democráticos y al respeto a los derechos humanos, debemos reaccionar juntos en la condena a esta asonada comunicacional preparada desde Punta Peuco y desde los escritorios de los viejos exponentes del régimen militar.

Por ello, también, es que todos los demócratas debiéramos unirnos en una operación de saneamiento democrático para impedir que Labbé, un hombre de la DINA de Manuel Contreras, siga siendo el Alcalde de la comuna de Providencia. Sería una gran respuesta a la arrogancia de la vieja dictadura que asoma a través de Krassnoff y de sus 144 años de condena a los crímenes cometidos en contra de tantos chilenos.

Antonio Leal
Director del Magíster de Comunicación y Ciencia Política de la U. Mayor. Ex presidente de la Cámara de Diputados.

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11/03/2011

¿Qué quiere Obama?

¿Por qué Barack Obama querría reunirse con la Presidenta Cristina Fernández? Sobran las conjeturas, pero las escasas –y además crípticas- declaraciones procedentes de Washington remiten a una agenda conteniendo temas tales como la supuesta presencia de grupos terroristas iraníes operando en América Latina, y particularmente en la Argentina, y la excesiva labilidad de la legislación nacional con relación al lavado de dinero, lo que habría originado el bloqueo estadounidense a créditos otorgados por el BID y el Banco Mundial. En realidad, estos asuntos carecen de sustancia: lo de los iraníes es en parte la clásica paranoia de Washington y en parte una táctica para presionar a nuestros países y para aislar, satanizándolo, a Irán. Lo del lavado de dinero es otra acusación que carece de fundamento, sobre todo cuando quien la esgrime tiene a unos cien kilómetros de la Casa Blanca uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo: el Estado de Delaware, que publicita por todos los medios que cualquier compañía que instale allí su casa matriz, aunque sea una diminuta oficina, estará eximida del pago de impuestos por todos los ingresos producidos por sus subsidiarias que desarrollen sus actividades fuera de los pequeños límites de este estado, sea dentro de los Estados Unidos o en el exterior. Por eso un sesenta por ciento de las 500 mayores transnacionales listadas en la revista Fortune tienen sus oficinas centrales en ese estado, que además se vanagloria de tener una legislación que “no pone límites a la usura”.

Dados estos antecedentes y teniendo siempre en cuenta que jamás se puede confiar en la mentirosa benevolencia del imperialismo y sus voceros (el que tenga dudas mejor que medite sobre lo ocurrido con Gadafi), la hipótesis que se perfila con más fuerza para comprender el sentido de la invitación de Obama diría que está motivada por el deseo de sabotear, por ahora diplomáticamente, el proyecto integracionista representado por la UNASUR y aislar a los gobiernos de izquierda de la región, principalmente a la Venezuela de Chávez. El Acuerdo del Pacífico, recientemente promovido por Estados Unidos y secundado por México y en Sudamérica por Colombia, Chile y Perú, equivale a introducir el Caballo de Troya dentro de la UNASUR. No es casual que la inesperada solicitud para reunirse durante la Cumbre del G-20 en Cannes haya llegado poco después de que la Presidenta pronunciara dos discursos enfáticamente ‘unasurianos’ el domingo por la noche luego de su rotunda victoria electoral. La enfermiza obsesión de Washington es acabar con el experimento bolivariano y apoderarse del petróleo de Venezuela, como ya lo hizo con el de Irak y Libia. Para los halcones estadounidenses -de los cuales Obama es su solícito mayordomo- la estrecha relación consolidada a lo largo de estos años entre la Argentina y Venezuela es un molesto obstáculo que debe ser removido cuanto antes. La estrategia para el 2012, año en que se celebrará la crucial elección presidencial en Venezuela, es llegar a ese momento con un Chávez debilitado por una intensa campaña desestabilizadora –¡que ya ha comenzado!- que incluye desabastecimientos selectivos de artículos de primera necesidad, asesinatos al voleo hechos por paramilitares colombianos infiltrados ilegalmente en el país o lúmpenes reclutados para instalar una sensación de absoluta inseguridad ciudadana, y la permanente gritería de la “prensa independiente” (en realidad, la única instancia organizativa que tiene la derecha habida cuenta de la debilidad de sus expresiones partidarias) denunciando supuestas restricciones a la libertad de prensa en un país en donde desde un periódico, una radio o una televisora se puede hacer la apología del magnicidio o incitar a la violencia con total impunidad. Dentro de esta estrategia global, apartar a la Argentina del proyecto integracionista sudamericano es un paso táctico de la mayor importancia. Avanzar hacia ese objetivo parecería ser el único sentido posible de la invitación hecha por el mandatario estadounidense.

Atilio A. Boron

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8/23/2011

DEL PARO NACIONAL AL CACEROLAZO POPULAR

Compañerxs:
Junto con extenderles un saludo alegre rebelde y solidario, queríamos compartir con ustedes algunas reflexiones que ha realizado nuestra organización con respecto al Paro Nacional convocado por la CUT para el 24 y 25 de Agosto:

Consideramos sumamente necesario sumarnos a esta convocatoria puesto que es el marco de acción nacional para agitar nuestros territorios en función de un objetivo sencillo pero fundamental: romper el miedo y comenzar a manifestar el cansancio y el descontento con este modelo económico y político en el que vivimos desde hace más de 20 años.
Como organización territorial, no tenemos programa político ni plataforma de lucha, pero si sabemos que necesitamos con urgencia educación gratuita y salud digna, necesitamos acabar con el hacinamiento en nuestras viviendas y poblaciones y requerimos con urgencia trabajo seguro y salarios justos. No hablamos ni reclamamos desde el panfleto sino desde las condiciones objetivas que hoy día estamos viviendo.

A lo anterior, sumamos una demanda política urgente pues como mujeres organizadas, denunciamos con horror la represión que vivimos junto con nuestros compañeros de clase cada vez que realizamos alguna acción o movilización en post de la reconquista de nuestros derechos sociales, económicos y políticos. El Terrorismo de Estado se hace presente en las comunidades mapuches, en las marchas, en los cacerolazos e incluso en las redes sociales de inernet y los medios de comunicación.

Con respecto al punto anterior, nos sentimos cansadas de escuchar constantemente en la prensa y la televisión la criminalización de nuestras luchas y peor aún estamos hastiadas de ver como los sectores más reaccionarios y reformistas se alían para denunciarnos y para coartar nuestras acciones, sancionándonos no solo políticamente sino que moralmente por no seguir los canales diseñados por la actual democracia burguesa representativa . No somos terroristas, no somos infiltrados,no somos ciudadanos, somos Pueblo Organizado.

Por lo anterior, planteamos la necesidad de no confiar en ningún aparato ideológico del estado: medios de comunicación, parlamento, sistema de partidos, pero por sobre todo, hacemos un llamado a no creer en la Iglesia como mediadora de conflictos. En nuestra formación y sentir anticlerical la historia ha demostrado, que a pesar de la existencia de algunas facciones progresistas e incluso obreristas dentro de esta institución, las altas jerarquías se corresponden con el resto de la clase política dirigente del país, por lo tanto confiarles una mediación es un riesgo que hemos asumido en otros momentos históricos y que lamentablemente hemos pagado bastante caro.Sólo en el Pueblo confiamos.

En relación al sistema de partidos y la adhesión realizada por la Concertación de Partidos por la Democracia para esta convocatoria, rechazamos toda presencia en esta movilización de cualquiera de los partidos que conforma esta coalición política puesto que durante 20 años fueron el bloque hegemonico dentro de la clase política dominante y su principal logro fue la administración y profundización del modelo económico neoliberal instalado por la Dictadura de Pinochet, Guzmán, Longueira, Coloma, Buchii, Mathhei entre otros y otras. El OPORTUNISMO político de estos falsos amigos del Pueblo es inaceptable cuando bajo sus gobiernos se aprobaron leyes como Ley de Acreditación, Ley de Financiamiento o el perfeccionamiento de la Ley Antiterrorista.

Con respecto a otras fuerzas progresistas dirigidas por Tellier, Navarro, Ominamiu otros descolgados de la Concertación de Partidos por la Democracia, denunciamos el mismo oportunismo político recién explicado y criticado. Agregamos en este punto, los dividendos electorales que tanto Concertación como estas expresiones "Criticas de la Concertación"proyectan para las elecciones municipales 2012 a partir de las movilizaciones de este año 2011.

En cuanto a la convocatoria realizada desde la Central Unitaria de Trabajadores,manifestamos nuestro enorme respeto a este organismo reconocido históricamente como el organismo de la Clase Trabajadora, sin embargo, al mismo tiempo manifestamos nuestra total desconfianza hacia las cúpulas dirigénciales y hacia las burocracias sindicales presentes en el. Martínez, Gajardo y otros y otras, en sus propias alianzas partidarias , no han representando absolutamente ninguna victoria para la clase trabajadora en esos últimos 20 años. En este sentido, es inaceptable que el Colegio de Profesores, a estas alturas, cuando tenemos a 42 estudiantes en Huelga de Hambre, no haya realizado un llamado a un paro nacional y general del profesorado. Este es sólo un ejemplo de poco compromiso real con los intereses de nuestra Clase.

Con respecto al punto anterior, nos parece inaceptable que a partir del aumento cuantitativo de las acciones y movilizaciones realizadas por estudiantes, pobladores y trabajadores a nivel nacional, hoy el Partido Comunista y otras fuerzas progresistas, incluidos la Concertación y sus descolgados, intenten posicionar una demanda que para muchos de nosotros y nosotras, que participamos activamente del movimiento social y popular en gestación, no es prioridad:Asamblea Constituyente o Plebiscito para resolver el conflicto estudiantil son demandas que no nos pertenecen y que no solucionan en nada nuestro problemas, simplemente porque la razón de nuestros problemas en educación, salud,vivienda y trabajo no se gestan en la NO participación en la actual institucionalidad democrática SI NO en el actual modelo económico capitalista neoliberal monopólico y financiero que mercantiliza todos nuestros derechos. Los pobres y las pobres NO queremos participar en este sistema queremos cambiarlo por completo.
Aclarados todos los elementos anteriores, hacemos un llamado sincero y desde la organización que hoy hemos podido darnos como mujeres revolucionarias a seguir realizando TRABAJOS TERRITORIALES y SECTORIALES DE BASE Y DE CLASE que quizás en este veranito de San Juan no nos asegurarán grandes triunfos (sobre todo si las direcciones de los movimientos siguen estando en manos del reformismo) pero si nos asegurarán una Victoria Final que cumplirá con la conquista de los derechos básicos que hoy día reclamamos: educación, salud, vivienda, trabajo, dignidad y libertad.

¡¡SI NO NOS DEJAN SOÑAR, NO LOS DEJAREMOS DORMIR!!
¡¡SIN CONCERTACIÓN Y SIN PC, AVANZAMOS ESTA VEZ!!
¡¡NO SOMOS INFILTRADOS, NO SOMOS CIUDADANOS, SOMOS PUEBLO ORGANIZADO!!

CACEROLAZO NACIONAL
Las Naciones- Candelaria, Población San Luis, 21.00 hrs.

¡¡POR NOSOTRAS Y POR NUESTRO PUEBLO!!
¡¡LUCHAR, CREAR, PODER POPULAR!!
ASAMBLEA MUJERES REVOLUCIONARIAS MAIPÚ.

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MANIFIESTO DE L@S ESTUDIANTES BOLIVIAN@S EN APOYO A LAS MOVILIZACIONES CHILENAS

Las y los estudiantes chilenos denuncian que el gobierno de Sebastián Piñera avanza en procesos privatizadores de la educación en todos los niveles (básico, medio y universitario) y, tras exteriorizar su desacuerdo, esperaban un pronunciamiento de diálogo por parte del gobierno. LOS ESTUDIANTESDEMANDAN QUE SE ELIMINE EL FIN DE LUCRO EN LA EDUCACIÓN (que los empresarios dejen de enriquecerse siendo figuras legales encargadas de la administración de colegios y universidades cobrando subsidios al Estado), QUE SE REGULEN LOS CANONES DE MATRÍCULA EN LA EDUCACIÓN PRIVADA, QUE SE MEJORES LOS PRESUPUESTOS PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN, entre otras cosas. Tras la negativa al diálogo por parte del Ejecutivo chileno, hace tres meses con mucha fuerza, la articulación de las y los estudiantes ha organizado un conjunto de protestas, en el marco de la creatividad, aunque también hay otras formas de adherencia más complejas y delicadas (a estas alturas existen decenas de estudiantes de delicado estado de salud a causa de las huelgas de hambre).

Las últimas manifestaciones han convocado a más de 160 000 personas en la capital Santiago y a otras miles en el resto de las regiones. Sin embargo, se ha evidenciado que policías civiles se han infiltrado en los colectivos en protesta, incitando a la violencia y, consecuentemente, dando justificación a los carabineros para accionar de manera violenta y represiva; el gran despliegue de personal, carros de carabineros y utilización de bombas lacrimógenas, incluso helicópteros, han ocasionado que SANTIAGO PARECIERA ESTAR EN ESTADO DE SITIO.

Actualmente, LOS GRITOS ESTUDIANTILES HAN PASADO LA FRONTERA DE LAS DEMANDAS EDUCACIONALES (aunque siguen siendo prioritarias) reclamando la “re-nacionalización” de las minas de Cobre para mejorar los presupuestos educacionales, rechazando las represas hidroaysen y exigiendo que se convoque a Asamblea Constituyente.

Las y los estudiantes de Bolivia nos sentimos admirados y orgullosos por la convicción y perseverancia que han demostrado en estos meses y, especialmente en estos días, nuestras compañeras y compañeros de Chile. Han demostrado que la juventud está dispuesta a hacer frente a los intereses de pequeños grupos de poder. MANIFESTAMOS NUESTRO APOYO ROTUNDO A SUS MEDIDAS Y DEMANDAS, sobre todo a su decisión de romper con el statu quo. RECHAZAMOS ENFÁTICAMENTE LOS ACTOS DE INFILTRACIÓN, VIOLENCIA Y REPRESIÓN que se están dando en el hermano país en contra del movimiento creativo estudiantil. REPUDIAMOS LA ESTRUCTURA PINOCHETISTA DE LAS POLÍTICAS EDUCACIONALES Y TODA FORMA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO QUE GENERE SEGMENTACIÓN Y EXCLUSIÓN. NOS SOLIDARIZAMOS CON ESTA LEGÍTIMA OLA DE INDIGNACIÓN y, en este sentido, REAFIRMAMOS QUE LAS Y LOS HERMANOS CHILENOS NO ESTÁN SOLOS, PUES ESTA LUCHA COMPROMETE A TODOS LOS JÓVENES DE LOS PUEBLOS AMERICANOS. Piñera está equivocado cuando afirma que “los tiempos de las protestas ya pasaron”, pues este movimiento, estamos seguros, traerá consigo muchas más reivindicaciones para el pueblo chileno.

Creemos firmemente que el Pachakuti para Chile está en manos de la juventud, en manos de la juventud urbana y en manos de la juventud de los pueblos indígena-originarios. Al mismo tiempo, los estudiante bolivianos manifestamos nuestro descontento con las lógicas rosqueras universitarias a las que somos sometidos y con los diferentes elementos que dejan como resultados que sólo 3 de cada 10 estudiantes que ingresan a la universidad logren obtener un título; en este sentido, llamamos a la comunidad universitaria a la organización para demandar mejores condiciones estudiantiles y docentes.

¡VENCEREMOS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS CHILENOS!
¡MARICHIWEU COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS CHILENOS!

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¿Vivimos una revolución?

Hace casi tres meses una grieta cruzó a toda la sociedad chilena, una fractura que comprometió sus varias capas. Desde entonces -una noche de la tercera semana de mayo- el país ha dado un giro radical. Aquel extraño modelo que combinaba presuntuosas estadísticas macroeconómicas con uno de los mayores índices de desigualdad en la distribución de la riqueza en el mundo, se desplomaba para dejar en una desnudez impúdica todo tipo de cicatrices, marcas y piezas ortopédicas.El modelo neoliberal instalado en Chile desde los confines de la dictadura, alimentado e hinchado por la Concertación durante más de veinte años y, finalmente en medio del ritual de sacralización de la derecha como destino final de la política, exhibía toda su enfermedad. La construcción retórica basada en la publicidad y el consumo de masas se invertía de la noche a la mañana. Un malestar ciudadano coreado en las calles y por todos los rincones y pliegues oscuros olvidados por el sistema, revelaba las verdaderas consecuencias del libre mercado desregulado. Cientos de miles de ciudadanos expresaban el sentir de millones.


La retórica contra las estadísticas. La publicidad contra la realidad. El país levantado como el “ejemplo” latinoamericano por los think tanks neoliberales, agencias de publicidad, firmas de inversiones y organismos financieros internacionales, escondía, tras la macroeconomía y los valores bursátiles, estadísticas de miedo. En un país donde el diez por ciento de la población absorbía casi la mitad de la riqueza, no era difícil prever que en algún momento el otro 90 por ciento exigiría su parte.


En tres meses el discurso dominante sólo circula entre los controladores: el gobierno, los partidos, las cúpulas empresariales, amplificado por los medios de comunicación afines. En la calle, en las redes sociales, se debate lo evidente, los problemas ciudadanos, canalizados hoy como demandas justas y naturales. Aquel 90 por ciento de la población (podemos conceder que es el 74 por ciento, según certifica la encuesta del Centro de Estudios Públicos, CEP) sabe con certeza que durante estos últimos veinte o treinta años ha sido pasto de engorda de aquel otro diez por ciento. Las estadísticas, por tantos años empleadas como cascabel político y económico a ciudadanos adoctrinados bajo la cultura del consumo y el crédito, finalmente se invierten. Las mismas estadísticas nos han develado la obscenidad y perversidad institucional sobre la que estaba apoyado el modelo.


No somos un caso aislado. El modelo globalizado estalla en distintos rincones y fronteras. Esa fractura abisal cruza desde Londres, Barcelona, El Cairo, Damasco, Atenas y Santiago… como respuesta de la Humanidad a un malogrado proyecto corporativo global. Pese a sus diferentes subjetividades, todos los movimientos de protesta tienen un factor común, que es la opresión, el abuso y las desigualdades.

El enemigo común
Las subjetividades apuntan a un enemigo común: el pacto político-empresarial como gestor de la opresión y las desigualdades. Y si hay un hilo conductor entre Madrid, Londres y Santiago, también lo hay en Chile entre Santiago y las provincias y entre las aparentemente diversas demandas. Si hubo una relación invisible -pero sólida- entre las protestas de mayo por la aprobación del proyecto HidroAysén y el movimiento de los estudiantes, es muy probable que se generen nuevas relaciones entre las demandas del pueblo mapuche, los deudores habitacionales y los estafados por los bancos y las casas comerciales. En todos estos casos aparece el poder corporativo como el gran causante de las aflicciones. La concentración del poder en Chile, que ha llegado a grados de impudicia, encuentra aquí sus respuestas. Las doce horas diarias de trabajo mal pagado, el abuso a comunidades tradicionales y la avaricia en todas sus expresiones tuvieron como objetivo el enriquecimiento del diez por ciento de la población. Lo que hoy vemos es la respuesta natural del otro 90 por ciento. Una demanda entendida como justa compensación.
El movimiento estudiantil comenzó durante junio a canalizar demandas sectoriales que no obtuvieron una respuesta satisfactoria. Ante un gobierno ideológicamente cristalizado y cruzado por conflictos de interés que sólo pudo entregar tibias respuestas, el movimiento estudiantil se convirtió en símbolo de la resistencia al modelo neoliberal. Contrariamente a lo que el gobierno ha buscado, las protestas acotadas a las demandas de educación se han extendido hacia otros múltiples malestares de la población. Si condenamos el lucro en la educación, ¿por qué no hacerlo en la salud, en las farmacias, en la banca, en los medios de comunicación, en el transporte público o en la misma política?


Durante estos tres meses Chile ha vivido un proceso de organización ciudadana. La sociedad civil, durante décadas atomizada, ha comenzado a recuperar los vínculos sociales y a crear orgánicas. La irrupción de las cacerolas, la expresión más doméstica e íntima del malestar, ha permitido que en los barrios los vecinos anónimos recuperen su identidad y se conviertan en sujetos colectivos. La organización avanza día a día, minuto a minuto en barrios, oficinas, fábricas y, por cierto, escuelas y universidades. Las múltiples demandas compartidas por la ciudadanía tienen como eje común el lucro en todos los aspectos de la vida social y económica.

Transversalidad del malestar
Se trata de un movimiento transversal. Aun cuando el gobierno no es capaz de oír las cacerolas ni las bocinas, el extenso apoyo de la ciudadanía cruza los barrios del 90 por ciento de la población no favorecida por el modelo de mercado. Los bocinazos surgen desde autobuses del Transantiago, taxis, camiones y hasta de caros vehículos 4x4, y las cacerolas se escuchan en Recoleta, Santiago Centro, La Florida, Ñuñoa o La Reina. Es el apoyo transversal a la causa de los estudiantes por una educación pública, gratuita y de calidad, pero también es el despertar de la ciudadanía contra los efectos de un sistema que percibe injusto. A poco andar este movimiento tenderá a ampliarse y organizarse, para articular nuevas demandas. Porque junto a las ya presentes, hay muchas otras latentes.


La crisis mundial de los mercados financieros de comienzos de agosto anticipa una nueva recesión. Si ya durante julio los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos cayeron hasta un 2,2 por ciento, las informaciones de agosto prevén bajas más pronunciadas, lo que volverá a agitar la paciencia de los trabajadores. Ya en 2008, tras la crisis de las subprimes, los futuros pensionados perdieron una buena parte de sus ahorros, que sólo recientemente habían logrado recuperar. El descalabro bursátil de agosto y las tenebrosas proyecciones para los próximos meses, volverán a colocar a los trabajadores como actores de las movilizaciones.
Las crisis económicas, que en otros tiempos fueron minimizadas por los gobiernos de turno (“Chile está blindado”), hoy son usadas en sentido inverso. Ya puede escucharse un cambio en el discurso oficial en cuanto a que el país sí es vulnerable ante la actual crisis, lo que constituye un nuevo elemento para disuadir las demandas ciudadanas. En cualquier caso, una recesión que frene el crecimiento y genere desempleo sólo podría aumentar el actual malestar. El caso de los indignados españoles es un ejemplo inmediato. Las protestas expresan múltiples malestares: una economía con altas tasas de desempleo, pérdida del poder adquisitivo, recorte de las ayudas sociales, junto a la evidencia de un aumento en la desigualdad en la distribución de la riqueza.

Hacia el paro nacional
El paro nacional convocado por la CUT para este 24 y 25 de agosto, que contará con la participación de los estudiantes, será una expresión de cómo las diferentes demandas ciudadanas surgidas como efectos del modelo de libre mercado tienden a confluir. Un torrente social de esta naturaleza, que no apunta a la salida del actual gobierno de derecha sino a un cambio más profundo en la institucionalidad política y económica, llevará las exigencias a un nuevo nivel. Lo que ya han planteado los estudiantes, desde la renacionalización del cobre para orientar recursos a la educación a la convocatoria a un plebiscito nacional para eliminar el lucro en la educación y garantizar su gratuidad por parte del Estado, son exigencias más profundas que comparten otros actores sociales, desde organizaciones laborales a políticas, desde colectivos, coordinadoras a frentes sociales.


El gobierno de derecha está petrificado ante la creciente demanda ciudadana. Lo mismo que toda la clase política, creada y desarrollada para usufructuar del modelo neoliberal. Por ello durante tres meses no ha habido ninguna respuesta sólida y confiable para los estudiantes. Las propuestas pergeñadas por el Ejecutivo están acotadas a la actual institucionalidad, que tiene como piedra angular las relaciones mercantiles. Las demandas juveniles, despreciadas por el establishment por “utópicas”, “líricas” o “maximalistas”, no son atendibles por una clase política cuyos intereses descansan en el sector privado que se ha beneficiado con la actual institucionalidad. Es por ello que todas las respuestas del gobierno y del Congreso apuntan hacia la confusión y la ambigüedad, del mismo modo que la recibida por los “pingüinos” en 2006. Se hace un ruido político para mantener lo esencial. Otra vez la política del gatopardo.
Si el gobierno y la clase política dicen no poder acceder a las demandas ciudadanas por estar sujetos por un marco institucional, el coro que se escucha en las calles es un cambio a esa institucionalidad, lo que pone por delante la Constitución dictatorial-neoliberal de 1980 remendada por el gobierno de Ricardo Lagos, y la necesidad de una Asamblea Constituyente. Al demandar la ciudadanía un cambio a la institucionalidad podemos hablar de un cambio de régimen, de una revolución. Chile no vivía este tipo de movilizaciones desde hace más de veinte años. Las de entonces terminaron con la dictadura e inauguraron el proceso denominado de “transición a la democracia”, trance que pareció tener un final con el retorno de la derecha al poder por la vía electoral y la consolidación de la institucionalidad heredada de la dictadura.
La fuerza de los actuales acontecimientos ha invertido ese diagnóstico. El arribo de la derecha al gobierno fue el efecto colateral de la desesperación ciudadana ante una Concertación incapaz de acoger demandas acumuladas desde los albores de la dictadura. Con la llegada de la derecha al poder se exacerbaron todas las grandes contradicciones de la Constitución espuria expresadas en el sistema binominal y el modelo neoliberal. El malestar ciudadano no se detiene en el rechazo a una u otra coalición política: impugna la esencia.


Ante una presión social en plena ebullición y muy próxima a su estallido, las únicas salidas van por el cambio a la actual institucionalidad

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 740, 19 de agosto, 2011
Paul Walder
Punto Final

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El negocio de los “sostenedores” de la educación

En el año 2009 el entonces jefe de la campaña presidencial de Sebastián Piñera, hoy ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, decidió estudiar lo que él consideraba el exitoso modelo de marketing y publicidad que La Polar estaba aplicando. Los segmentos a los que la multitienda apuntaba eran los mismos donde se requería captar los votos para que la derecha ganara las elecciones, es decir C3 y C4, los estratos medios-bajos y bajos.

Varios años antes, Agustín Edwards del Río, el mayor de los hijos del dueño de El Mercurio, había desarrollado un modelo parecido para transformar al diario Las Ultimas Noticias en un “producto” orientado hacia los estratos medios-bajos, casi el mismo público al que apuntaba La Polar. Edwards y sus asesores eligieron a los habitantes de la comuna de La Florida como referencia para aplicar la iniciativa. Tanto Hinzpeter como Edwards del Río tuvieron éxito, pero con mensajes diferentes. El primero martilló con el tema de la inseguridad y la delincuencia, prometiendo mano dura y el término de “la puerta giratoria” en las cárceles; el segundo optó por la farándula y el apego editorial a los programas más simplones de la televisión.
El caso de la educación muestra similitudes a estos dos ejemplos. Desde la época de la dictadura militar y en especial desde 1990 en adelante, lo que se ha ofrecido a los mismos grupos sociales a los que se dirige La Polar y LUN es la ilusión de que pueden obtener una mejor enseñanza -accediendo incluso a la universidad- a través de la iniciativa privada. Y con ello, ser partícipes de los beneficios que para los exitosos reserva el modelo neoliberal. Así, hoy se muestra a casi un 80% de los estudiantes de todos los niveles matriculado en establecimientos privados. En el caso de la enseñanza superior, de los 940 mil alumnos de universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales, 162 mil estudian en planteles estatales, lo que equivale sólo a un 17%.
Marco Kremerman, economista de la Fundación SOL, afirmó en El Mostrador que sumando las matrículas de la Universidad de las Américas, Universidad Nacional Andrés Bello, Universidad de Viña del Mar y el Instituto Profesional AIEP, todos pertenecientes al consorcio internacional Laureate Education Inc., se contabilizan 102.591 alumnos, y si se agrega al holding Corporación Santo Tomás, controlado en 57% por el grupo económico Hurtado-Vicuña y el fondo de inversión Linzor Capital, con 63.755 alumnos, los dos conglomerados privados reúnen 166 mil estudiantes, más alumnos que todos los planteles estatales de Chile.

La realidad escolar

En el actual sistema escolar coexisten cuatro modalidades de establecimientos educacionales, según su dependencia y fuente de financiamiento:
Municipal: en su mayoría establecimientos fiscales traspasados a los municipios a principios de los 80 y que reciben subvención estatal;
Particular subvencionado: creados en 1980 para desarrollar la administración escolar y ser reconocidos como “cooperadores de la función educativa del Estado”, con recursos provenientes de la subvención estatal y cobros a los padres: financiamiento compartido;
Particular pagado: no reciben financiamiento del Estado y son administrados de manera privada, financiados con el cobro de matrículas y mensualidades; y,
Corporaciones educacionales de administración delegada: enseñanza media técnico-profesional (TP), cuya administración fue traspasada -en su mayoría- a gremios empresariales que reciben subvención del Estado.
En 2007, un año después de la “revolución de los pingüinos”, en la Región Metropolitana había 2.764 establecimientos educacionales básicos y medios, con una matrícula de 1.403.200 alumnos. Los técnicos profesionales eran 33 (1,19%) con una matrícula de 27.354 (1,94%); los municipales eran 753 (27,24 %) con 444.788 alumnos (31,93%); los particulares subvencionados llegaban a 1.653 (59,80%) con 781.887 alumnos (55,64%); y los privados eran 325 (11,76%) con 151.171 alumnos (10.76%).
Los 1.653 establecimientos particulares subvencionados eran administrados por 1.391 sostenedores, que jurídicamente se distribuían en un 40.4% de sociedades comerciales, 41,1% de personas naturales y 17,1% de fundaciones, corporaciones y congregaciones.
La subvención entregada por el Estado consiste en un pago por alumno calculado en la denominada Unidad de Subvención Escolar (USE), cuyo monto difiere según sea el tipo de enseñanza (parvularia, básica, media, adultos, etc.), nivel educacional, tipo de escuela (diurno, vespertino), región geográfica y ruralidad. El monto de la subvención varía también si el establecimiento tiene jornada escolar completa o no. El aporte mensual se calcula sobre la base del promedio de asistencia efectiva de los alumnos en los últimos tres meses. En 1993, con el propósito de aumentar los recursos escolares, el gobierno generó un mecanismo para incentivar el aporte de las familias a la educación de sus hijos, autorizando a los establecimientos de educación particular subvencionada (básica y media) y a los liceos municipales para cobrar una cuota mensual a los padres -el llamado financiamiento compartido-, sin perder la subvención estatal o rebajándola porcentualmente. A nivel nacional, el número de establecimientos particulares subvencionados creció en un 71,9% entre 1990 y 2005, mientras las escuelas municipales disminuyeron en 3 por ciento y siguen bajando.
Entre las principales diferencias de la educación municipal con el ámbito privado subvencionado destacan los vínculos laborales entre el sostenedor y los profesores; en el caso del sector municipal, los profesores se rigen por el Estatuto Docente, mientras en el sector particular la relación se rige por el Código del Trabajo. Otra diferencia se da en la selección de alumnos, que en el caso del sector público está prohibida, mientras el sector privado la ha practicado desde su origen, pese a las restricciones introducidas por la nueva Ley General de Educación, LEGE. Una tercera divergencia es la posibilidad de los privados de adherir al sistema de financiamiento compartido, tanto en enseñanza básica como en media, mientras que en la educación municipal sólo es permitido para esta última. Y una cuarta diferencia es la mayor facilidad que tienen los sostenedores para crear nuevas escuelas, versus las restricciones que enfrenta el sector municipal, sin considerar que respecto al sector particular subvencionado hay escasa información sobre los sostenedores.

Un nicho de negocios

El investigador Claudio Almonacid, doctor en educación de la Universidad Católica, entre otros, ha afirmado que la ciudadanía desconoce quiénes son los sostenedores: “Por ejemplo -dice- sabemos que un colegio puede ser ‘de Iglesia’ o de inspiración católica, pero no quiénes efectivamente administran o son dueños de ese colegio. Muchas veces, la Iglesia Católica -el sostenedor privado actual más poderoso- se vincula a sociedades, fundaciones, corporaciones o personas naturales a través de su proyecto educativo”.
Almonacid clasificó a los sostenedores en religiosos (adscritos al credo católico, seguido de las iglesias evangélicas), sociales (ligados a la beneficencia, fundaciones o empresas) y privados (desglosados en particulares y en sociedades).
Desde los 90, hubo una expansión de sostenedores que no provenían de los ámbitos educativos. Aparecieron ingenieros, abogados, comerciantes, contadores y otros de múltiples oficios. Se había creado un nuevo “nicho de negocios” y era una nueva oportunidad de conseguir ganancias. A mediados de los 2000 ya existía una sobreoferta de colegios en comunas “emergentes” como La Florida, Puente Alto, Peñalolén, Maipú y otras. Pero en las zonas rurales aisladas la oferta era nula, a ningún sostenedor le convenía abrir allí una escuela.
En 2007 cerca de la mitad de los sostenedores, es decir, 46% de las personas naturales y 55% de los miembros de sociedades sostenedoras participaba en sociedades comerciales, destacándose entre ellas las educacionales, de comercio de productos, de transportes, de servicios financieros y las inmobiliarias. Mientras muy pocas personas naturales concurrían en más de tres sociedades comerciales (sólo el 5%), los socios de sociedades sostenedoras figuraban frecuentemente en cuatro, cinco y hasta 17 sociedades (casi el 30%). (Al respecto, ver el estudio “Gubernamentalidad y provisión educativa privada en Chile. Reflexiones a partir de la identificación de la propiedad y dinámica de la oferta educativa privada en la Región Metropolitana”, en http://www.opech.cl/inv/analisis/sostenedores_domeyko_final.pdf.).
En ese trabajo, los investigadores detectaron que existía una concentración de la propiedad de los establecimientos bastante mayor a la aparente. Se encontraron: a) Personas naturales sostenedoras que también estaban en sociedades educacionales sostenedoras; b) Sociedades educacionales sostenedoras distintas, cuyos socios eran los mismos o con pocas variaciones; c) Sociedades educacionales sostenedoras distintas, compuestas cada una por una familia, que compartían entre sí uno o más socios o constituían, en conjunto, una sociedad mayor; d) Fundaciones y corporaciones educacionales sostenedoras cuyos socios también figuraban en sociedades educacionales sostenedoras o en otras fundaciones o corporaciones o redes de las mismas.
También observaron una tendencia de los sostenedores a modificar su figura legal a lo largo del tiempo. Por ejemplo, convertir sociedades de responsabilidad limitada en sociedades anónimas, personas individuales en sociedades o empresas individuales de responsabilidad limitada, o una tendencia a reemplazar las figuras jurídicas por fundaciones y corporaciones. Tanto las sociedades anónimas como las fundaciones y corporaciones invisibilizan a sus socios o participantes. Una fundación o corporación, por otra parte, tiene la ventaja de no exponerse públicamente como una organización cuyo fin es el lucro.

Licuando las ganancias

Roberto Molina Viveros, profesor de historia de la educación, ha explicado que desde el siglo XIX hasta 1989, el título de “sostenedor de establecimiento educacional” correspondía a un particular o una sociedad sin fines de lucro que gastaban dinero para “sostener” un colegio. Era un título digno y unos y otros colaboraban con la función educacional del Estado, sosteniendo a su costa, colegios y escuelas. A cambio, recibían cierta ayuda estatal para cubrir parte de los costos. Así, el sostenedor aportaba fondos al sistema educacional y se le concedía, en tanto, la posibilidad de tener una cierta influencia ideológica en los niños que formaba, aunque debía ceñirse estrictamente a los planes y métodos establecidos por el Ministerio de Educación, quien lo controlaba a través de inspectores.
Desde la dictadura militar y particularmente en los gobiernos de la Concertación, el sostenedor pasó a ser sostenido por su o sus colegios. No sólo no aporta dinero al sistema escolar, sino que saca dinero, sea como utilidades o designándose director. Y si no tiene título pedagógico se nombra gerente del colegio y se asigna una remuneración millonaria, con lo que esos dineros pasan a ser “gastos operacionales” del colegio. También se usa nombrar a toda la familia y amigos en cargos financiados con la subvención estatal.
El profesor Molina Viveros agrega que otras fuentes de lucro de los nuevos sostenedores son: captación de los fondos que el Mineduc entrega para construcción de infraestructura o para adquisición de equipamiento escolar; venta obligatoria a su mercado cautivo -alumnos y apoderados- de uniformes, artículos escolares con logo, poleras, buzos de gimnasia, etc.; captación de los aportes de sus centros de apoderados y centros de alumnos, los que trabajan gratis para conseguir computadores, equipos audiovisuales, materiales didácticos, laboratorios, reparación de infraestructura y otros gastos que debieran asumir los sostenedores.
Un estudio efectuado por Dante Contreras, investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, precisó que del total de colegios subvencionados, un 60% obtiene ganancias, o sea lucra. Entre ellos destacan la familia Hormazábal Calderón, dueña de 15 colegios H.C. Libertadores; Filomena Narváez, propietaria de ocho establecimientos -con nombre en inglés- avaluados en cinco mil millones de pesos y de la Universidad Iberoamericana de Ciencias de la Información; Víctor Aguilera, que posee varios colegios, cinco de los cuales están en una fundación en la que dice no obtener ganancias; y la familia Romo, donde entre padres, tíos, hijos y sobrinos suman 15 colegios dispersos entre Recoleta, Quilicura e Independencia.
En 2005, el Mineduc tenía apenas 38 inspectores para fiscalizar los 2.357 colegios subvencionados en la Región Metropolitana. A lo más, podían inspeccionarlos una vez al año. Así y todo, aquel año, a través de multas y devoluciones de dinero, los sostenedores encausados debieron reembolsar 1.165 millones de pesos.
Los métodos para cobrar irregularmente la subvención son varios. Dado que la plata estatal se entrega en función de la efectiva concurrencia de los niños a clases, una de las faltas más comunes es la adulteración de libros de asistencia. Otra es la contratación de profesores sin título o, derechamente, menos docentes de lo que se indica en la planta. También hay una cantidad enorme de horas pagadas por el Estado por clases que jamás se hicieron.
Un fiscalizador recuerda que en algunos años de la década del 2000 en todo Chile se registraron dos millones de horas de clases pagadas y no realizadas. Por hora de clase el Estado pagaba entonces 10.300 pesos, en promedio. En los 90 los inspectores eran cerca de 400, pero la Ley de Presupuesto puso obstáculos para llenar el cupo de un inspector que jubila o muere.
En la captación de alumnos los sostenedores emplean técnicas similares a las usadas por las grandes tiendas y el retail, donde la apariencia es lo principal. Vistosas fachadas y engañosa publicidad seducen a padres y apoderados que buscan una “buena” educación para sus hijos. La realidad, sin embargo, suele ser diferente



Publicado en “Punto Final”, edición Nº 740, 19 de agosto, 2011
Observatorio Político

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8/16/2011

¿Qué hay detrás de las últimas movilizaciones?

El último mes nos ha sorprendido con multitudinarias movilizaciones que han estado centradas en el tema medioambiental, específicamente Hidroaysen, y educación superior. El grueso de los participantes son jóvenes entre los 20 y 40 años, es decir, nuevas generaciones que entienden la movilización social y el compromiso político desde variables muy distintas al stablishment político, dígase Concertación y Alianza, y por que no decirlo, también al PC, que son las expresiones orgánicas del sistema político.

Estos movimientos han surgido por fuera de las organizaciones políticas tradicionales y se enmarcan en lo que hoy se denominan movimientos ciudadanos, y se enfocan en temas que la elites consideraban zanjados en tanto ya ellos habían definido una política energética o una política de educación superior. Estos ciudadanos al emerger en la esfera pública lo hacen de manera sorpresiva, pacífica y multitudinaria, no sólo una vez, sino que varias veces y con el agregado que las siguientes, son más numerosas que la anterior.

Sin duda que ambos movimientos son distintos, el medioambientalista y el estudiantil universitario, ya que el primero nunca fue tema de agenda de algún partido o movimiento, y el segundo ha sido tradicionalmente una cantera de cuadros de partidos políticos, que no obstante lo anterior desde la segunda mitad de los noventa no había tenido relevancia alguna. Sin embargo, los une el que estas temáticas se instalan en la agenda por fuera de los partidos, es más, en las movilizaciones es posible encontrar militancia de derecha e izquierda, pero también jóvenes de filiación anarquista, y los no inscritos en el registro electoral, etc.

Elementos comunes

Son movimientos[1] que responden a nuevos temas y que podrían caracterizarse de generacionales, progresistas, catalizadores y de molestia y cansancio con la elite política.

A) Generacionales: en el entendido que son temas de preocupación de las nuevas generaciones, que comprenden la realidad en otro formato, con otra sensibilidad y preocupación. Por ejemplo, hace décadas que el tema medioambiental comenzó a ser tema de debate, quizás con la proliferación de bombas atómicas y el posible colapso de la humanidad. Recordemos las masivas protestas en Europa en los 70’, y el rechazo a los experimentos en el Atolón de Mururoa, que ya en Chile a principios de los 90’ movilizo a miles de jóvenes; esta el calentamiento global, la capa de Ozono; los alimentos transgénicos. Todos temas que no fueron parte del movimiento social y político chileno, sino que han entrado vía Ong’s, la academia o agrupaciones ciudadanas y que están teniendo realidad en las nuevas generaciones, que constatando el impacto en la vida cotidiana lo hacen parte de su atmósfera existencial.[2]

Asimismo, con la contrarrevolución neoliberal se privatizo el sistema educacional, tanto en su ámbito escolar, como en la educación técnica y superior. Bajo la consigna de la libertad de enseñanza se destruyo la educación pública, dando origen a los establecimientos particular subvencionado, los colegios municipales, las universidades privadas y los institutos de formación técnica y profesional, que en su conjunto prometían a los jóvenes y sus familias una sociedad que les daría mayor protección social, más integración, mejores condiciones de vida, es decir, un proyecto de vida, como se conoce hoy, aspiracional. Sin embargo, esta es una promesa incumplida, que ya denunciaron los secundarios y que ahora lo hacen los universitarios.

La relación nodal entre ambos movimientos, es la precarización e incertidumbre de la vida y de los proyectos de futuro, y la infantilización que hace la elite de las demandas que estos portan, en tanto el sistema político opera sobre la base de que la sociedad debe asumir sumisamente lo que ellos diseñan como proyecto de desarrollo de país.

Estos movimientos son generacionales en tanto son expresión de un momento histórico marcado por la globalización, el desarrollo de las tecnologías de la información, la crisis institucional de la política representacional y una transformación profunda de las instituciones tradicionales de socialización (dígase la familia, el matrimonio, la iglesia, la escuela, etc.). Este marco transformador impacta también las condiciones materiales de existencia, entonces la incertidumbre, la precarización implica creciente grados de empobrecimiento y marginalización, paradójicamente en escenario de grandes desarrollos científicos y tecnológicos que debiesen permitir que la abundancia sea repartida igualitariamente.

Estas nuevas generaciones tienen una distancia muy marcada con la política institucional, y si hay militantes su adscripción al partido es más bien secundaria ya que responde a patrones más bien burocráticos y está lejana a los intereses de los ciudadanos. Lo que no quiere decir que sean generaciones apolíticas, más bien no tienen posibilidad de expresarse orgánicamente, o quizás no le interesa dada la oferta existente, y por eso emergen sorpresivamente usando canales no institucionales, como es el caso de las marchas[3] y el uso de las tecnologías informáticas (las redes sociales).Versus las generaciones sobre los cuarenta que está atrapada en el trauma del golpe y que asume que la participación política está anclada a los mecanismos institucionales de participación, ya que sobrepasarlos es de alguna manera convocar a los fantasmas del pasado, es decir, poner en peligro la institucionalidad que fue lo que nos llevó al golpe.

B) El movimiento puede ser catalogado de progresista en la medida que representa la exigencia por mayores grados de participación, transparencia en la información a la hora de impulsar políticas públicas, que se les considere como ciudadanos que tienen derechos en temas que les incumben (sean estos locales o nacionales, valóricos, culturales o políticos). Son progresistas porque se desalinean de posiciones conservadoras y por eso están a favor de una sociedad cada vez más laica, que respeta a los homosexuales, esta de acuerdo con el divorcio, reniega del servicio militar obligatorio, esta en contra de cualquier fundamentalismo, sea este religioso, político, cultural o económico.

Es progresista porque se hace cargo de aquello que el sistema prometió y no ha cumplido, exige condiciones materiales de existencia acorde a las riquezas que el modelo genera, riquezas de las que usufructúan nuestras elites. Son progresistas porque se dan cuenta del descaro de nuestras elites y las interpelan. Son progresistas, es decir, que estando de acuerdo con el sistema se es progresista dentro de un marco neoliberal que ha ganado la batalla, hasta el momento en lo ideológico y cultural.[4] Le exigen que el modelo económico y social sea capaz de otorgar bienestar al conjunto de la sociedad y no solo a unos pocos. Se dan cuenta que el modelo puede ser estrujado, que el chorreo solo beneficia a algunos, por eso se lanzan a la calle, no para derribar el modelo, sino para exigirle aquello que ha prometido. Por eso es un movimiento transversal, que transversaliza su queja hacia la elite política (son todos iguales).

C) El movimiento es catalizador en el sentido que es la materialización de un malestar que esta incubado en lo subterráneo de nuestra sociedad, son muchos y muy distintos malestares que se articulan en un NO A HIDROAYSEN, es un momento de canalización de una molestia y un enojo que no ha podido manifestarse orgánicamente, pero que ahora aflora bajo la excusa del rechazo a Hidroaysen[5], existe un 74% de la población que esta en contra de este megaproyecto. Asimismo las movilizaciones universitarias también dan cuenta de una molestia mayoritaria de la población, que en estricto rigor no es novedosa, pero es la primera vez en años que el tema Educación Superior es parte de la agenda pública, y adicionalmente cuenta con el apoyo y participación de académicos y rectores, no solo a nivel discursivo, sino que con la presencia de los mismos en las marchas.

Pero más allá del tema mismo de la educación superior o de Hidroaysen, estas movilizaciones están dando cuenta que la ciudadanía esta harta y no sabe como verbalizarlo, no encuentra canales institucionales para decir basta, por eso estas coyunturas reivindicativas permiten convertirse en verdaderos géiseres por donde la presión se canaliza. Sin embargo, un plus de presión no aflora y ésta va acumulándose, lo que permite que los distintos puntos de fuga social reivindicativa, vayan extendiéndose y haciéndose más comunes y más masivos.

Desde el 2005 que estamos asistiendo a estos fenómenos, con la irrupción de los secundarios[6], lo que va dando cuenta del cambio silencioso y consistente que está viviendo nuestra sociedad. Ayer/hoy los secundarios, hoy son los ambientalistas y los universitarios. También lo fue la euforia social que desató el anuncio de Marcelo Bielsa de no continuar a cargo de la selección nacional[7]. Lo fueron los saqueos ocurridos después del terremoto de febrero de 2010, o las manifestaciones que llevaron adelante los magallánicos por el alza del precio del gas.

Son muchas señales de descontento y de malestar, sin embargo, estas quejas que se articulan en momento determinados, no logran aún convertirse en demandas, es decir, no existe todavía la capacidad de articular ese conjunto de quejas dispersas y distintas en una propuesta organizada y orgánica que permita confrontarlas con el modelo socio político y económico predominante.

D) Seguiremos teniendo más movilizaciones variopintas y ciudadanas, desplegadas por fuera de las estructuras partidarias y de los canales tradicionales de participación. De alguna manera están dando cuenta del descrédito de los partidos políticos y la elite política. El distanciamiento es tal que lo que se está jugando en estas movilizaciones es la credibilidad de las instituciones, algo tan caro a los ojos de nuestros dirigentes, y por ende la legitimidad del sistema político. La ciudadanía descree crecientemente de los lideres políticos, y esto no es un rasgo de madurez política y democrática como algunos comentaristas han señalado, sino que es de alguna manera una crisis de representación que proyectada en el tiempo es muy peligrosa para la estabilidad del modelo.

Esta distancia entre la ciudadanía y su elite política puede ser prometedora en tanto se comienza a requerir de nuevas instancias de representación, nuevas expresiones políticas, ideas y programas políticos de nuevo cuño, y además puede ser la expresión efectiva de maduración democrática que exige mayores grados de participación en la vida del país, lo que indudablemente comenzará a tensionar nuestra convivencia social.

Esta distancia también es peligrosa. Nuestra clase política está tan ensimismada, es autorreferente, tan vinculada entre sí por interese familiares, económicos y sociales que este creciente escenario de movilizaciones sociales puede generar las condiciones para instalar la idea de que ha llegado la hora de la represión y el endurecimiento de las leyes que impiden la movilización. Nuestra historia esta plagada de lecciones en este sentido.

¿Crisis terminal del binominalismo?

Lo que muestran las últimas movilizaciones es que la institucionalidad está siendo puesta a prueba. En la medida que éstas aumenten y se manifiesten mayores grados de quejas y que éstas sean muy diversas, lo que va a ocurrir es que las coyunturas catalizadoras se van a hacer más recurrentes y con ello más evidente el descrédito de la institucionalidad económico social y en particular la institucionalidad política.

El binominalismo ha dado estabilidad al modelo de transición política que surgió a principio de los 90’ y ha permitido la incuestionabilidad del modelo económico, generando una masa que da legitimidad social y cultural a todo lo obrado desde la dictadura hasta nuestros días. Esto es lo que está entrando en crisis, en tanto se convierte en una armadura que impide que las propias promesas que han emanado de nuestras elites políticas y económicas (que al parecer son una sola… ¿clase?) se cumplan, generando grados crecientes de insatisfacción y molestia. O como dice el economista, empresario y director de empresas Cesar Barros:


“ …desde Pinochet, pasando por Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet, y ahora Piñera, los presidentes, y sobre todo sus ministros de Hacienda, vienen reiterando la cantinela de que ya ¡!!vamos a ser UN PAIS DESARROLLADO. …


“Parte del plan era tener un modelo de transporte urbano moderno…, que salud daría un salto cuántico con el AUGE…y, por otro lado, el cobre lleva años en niveles record… Las reservas internacionales, ídem.


“Pero el exitismo de las clases dirigentes –políticos de todos los colores, ministros, presidentes y líderes- han llevado las expectativas ciudadanas a niveles insostenibles para un país que de verdad recién se viene bajando del burro.”[8]

Se nos dice que nuestra sociedad es más democrática, sin embargo, los grados de participación en la toma de decisión respecto de los destinos de nuestro país, se reducen a que cada 4 años se vote por los candidatos que imponen los partidos. Por eso los postulantes a los escaños del parlamento pueden ofrecer lo que quieran y no cumplir, ya que el castigo que pueden dar los ciudadanos queda mediatizado porque los partidos les colocan los candidatos, que son los mismos que se reeligen casi al infinito.

El aparato público es claramente una instancia que permite que el conglomerado ganador instale a sus militantes, generando con ello una masa de funcionarios que acríticamente impulsan las políticas públicas, en tanto actúan más como militantes que como funcionarios del estado.

Instancias públicas como el Consejo Nacional de Televisión, BancoEstado, Codelco, Metro, Canal 7, etc. están cuoteados de tal forma que la sociedad queda representada en los términos del binominal, condenando la diversidad al reduccionismo del sistema político. Entonces se da el fenómeno que la sociedad, los ciudadanos, van para un lado que no es para el que va nuestra elite.

La última encuesta Adimark, dada a conocer a principios de junio, da cuenta del rechazo generalizado a la elite política. Este rechazo no es solo producto de los conatos que han enfrentado a oficialistas y oposición, sino que también es el resultado de una crisis de representatividad. Esta realidad ha llevado a dirigentes de la Concertación, como es el caso de Enrique Correa, Ignacio Walker, Andrés Zaldivar a manifestar la necesidad de instalar una política de acuerdo, porque de lo contrario se pone en cuestión el sistema binominal. Su preocupación no es la baja en la adhesión, sino la estabilidad del sistema político, no es por el lado de la democracia o el ensanchamiento de esta, sino el peligro de perder el sitial que detentan y los beneficios concomitantes al usufructo del poder. No es solo ambición personal, es el resultado de una arquitectura donde los engranajes están de tal modo dispuesto, que un descentramiento puede desfigurar el ordenamiento político y social, con insospechadas consecuencias.

El neo oligarquismo

Hoy por hoy, nuestra clase política no tiene mayores diferencias entre sí. Quizás donde es posible encontrarlas es en lo valórico. Es efectivo que ante cualquier tema aparecen matices, e incluso diferencias importantes, pero al calor de las discusiones y los acuerdos, éstas se diluyen. Esta elite cobijada inicialmente bajo los acuerdos de la transición, con la finalidad de salir de la dictadura, devino en una cofradía con intereses propios, con una lectura de la realidad singular y con mecanismos de acuerdo que significó un distanciamiento creciente de la ciudadanía.

El parlamento ha devenido en un cuerpo corporativo que se rige por su propia dinámica y protagonistas. La elite política ha establecido un nivel de sintonía entre sí, de tal envergadura, que no es posible delimitar las diferencias ideológicas, de ahí que sus lazos fundamentales están con los directorios de las grandes empresas y con los equipos editoriales de los más importantes medios de comunicación.

Esta trenza entre la elite política y los grandes empresarios o los centros de poder, genera una atmósfera de normalidad y tranquilidad por arriba, y de impotencia y rabia por abajo. Cuando nuestra elite política comete la imprudencia de descalificarse y agredirse verbalmente (como los perros que se muestran sus colmillos sin pasar a la acción), los comentaristas y analistas políticos, los descalifican diciendo ¡¡Oh que vergüenza, como se comporta nuestra clase política!! Es tan intolerable para la estabilidad de los cementerios en la que nos encontramos que cualquier diferencia es condenada. Eso porque nuestra elite no quiere, no puede permitir que se desarme esta arquitectura socio familiar en que se ha convertido el sistema político chileno, porque eso pone en peligro los grandes intereses.

¿Cuál es la diferencia entre la alianza y la concertación? Hoy es muy difícil encontrarla. Por ejemplo, el gobierno de derecha ha impulsado el post natal, eliminación del 7% de los jubilados, el cuestionamiento a los multi rut. Esto era esperable de la Concertación, sin embargo, quien las está impulsando no son ellos ¿significa que la derecha se puso progresista? indudablemente que no, lo que ocurre es que no hay diferencias sustanciales. Que Lagos haya sido más respetado y amado por los empresarios, de lo que es Piñera, solo muestra como el sistema es administrado por una elite que se ha mimetizado, emparentado y que tiene un marco ideológico compartido.

Hidroaysen devela lo anterior. Los de ayer aparecen en contra, los de hoy no saben que hacer con la papa caliente. Es coyuntural la divergencia, porque en las buenas familias al final del día se sabe que la familia está primero, que las divergencias se arreglan en casa.

Lo que no es coyuntural es la movilización social, porque ésta es expresión de un malestar creciente del mundo social, que no ha dudado en bypassear a la institucionalidad con tal de demostrar su descontento. Si bien esto también puede ser una manera de despresurizar el descontento y posteriormente volver a los canales normales de no participación, lo que si queda meridianamente evidenciado es el agotamiento de las formas tradicionales de articulación políticos sociales que hemos visto en Chile desde el inicio de la transición hasta hoy.

A modo de cierre

Estamos en un momento de incredulidad, porque las movilizaciones nos han sorprendido, pero ya llevamos varios años de movilizaciones que expresan nuevas realidades, con nuevos actores que están revindicando la política, esa política de la calle, que es multitudinaria, y no de salón como la neo oligárquica. Sin embargo, estos actores no devienen en sujeto político, es decir, en una organización con vocación de poder subversivo, popular y con proyecto histórico emancipador.

El malestar se manifiesta en ciertos tópicos, como es el caso del tema medioambiental, que opera como un verdadero catalizador de un malestar más amplio y transversal, lo que logra grandes y masivos apoyos ciudadanos, porque en principio no afecta los intereses de la clase dominante, sino que de un grupo en particular. Contrariamente lo que ocurre con la educación escolar y superior, donde lo que esta en juego es una visión ideológica de la sociedad, por lo mismo el enfoque de los medios y de la elite tendera a descalificarlos y a sembrar los calificativos de politizados, ideologizados, infiltrados.

Estos malestares están mostrando la crisis del sistema político en su capacidad de representatividad y la neo oligarquización de la elite política. Es una coyuntura donde los intereses de la elite se ven cuestionados, por ello empiezan a buscar salidas a esta crisis, sin que dicha estrategia tenga que ver con ensanchamiento de la participación social y la democracia.

En las próximas elecciones estarán los mismos actores políticos, porque ellos, la elite política, tiene una mirada de sí casi mesiánica, que les permite pensarse como protagonistas que están al servicio del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero

el estadio de desarrollo democrático en que nos encontramos, permite preguntarnos por la viabilidad del sistema político imperante, y reflexionar si las variables presentes en la escena social dan para esperar un protagonismo popular, que en un futuro no tan lejano retome la senda del movimiento popular abortado por la dictadura militar, desviándonos del curso que tan bien ha administrado

[1] Podríamos aventurar que un antecedente de estos movimientos es el denominado Movimiento Pingüino de los años 2005-2006, tanto en su performance, como en la masividad, en lo generacional y ser el resultado de un malestar incubado por el neo oligarquismo de nuestra elite política.

[2] Más de diez mil jóvenes secundarios y universitarios se juntaron en rechazo a los experimentos nucleares que realizaba Francia en el Atolón de Mururoa, en los primeros años de la década del 90’. Pasado más de 20 años de aquello, muchos de esos participantes se han dedicado a desarrollar un discurso, un relato y una “política” medioambiental y ecológica que esta rindiendo sus frutos.

[3] Lo extraordinario es que muchos intelectuales chilenos, desde los inicios de la transición dieron por muerta la posibilidad de que lo multitudinario se desplegara por las grandes alamedas. Señalaban que la mediación televisiva, las tecnologías de internet, etc., serían los medios por los cuales las masas se expresarían, por ende la calle desaparecería como instrumento de acción política.

[4] La tensión provocada al interior de la coalición gobernante por el proyecto AVC, es un ejemplo de lo que hablamos. Es decir, hay una población mayoritaria que piensa progresistamente pero los de arriba imponen sus posturas, no solo porque los de abajo no tengan fuerza, sino porque existe una incapacidad para combatir ideológicamente en el plano de los valores e ideas y ganar mayorías desde vectores radicalmente distintos. Entonces se produce la contradicción de que una masa mayoritaria puede considerarse “liberal”, pero una minoría establece los marcos de lo que se entenderá como natural, pecaminoso, etc. y paralelamente se establece un manto de legalidad y legitimidad a esas posiciones conservadoras que es muy difícil destronar, excepto con posiciones progresistas, que no son otra cosa campos de posibilidad en el margen interno de lo existente.

[5] Todo malestar, en la medida que no se constituye en demanda, es decir, que no esta articulada en torno a una exigencia contrahegemónica, puede aparecer como un conflicto de envergadura y con potencia radical, sin embargo, esto es una ilusión. Para que el malestar se proyecte con potencial transformador debe encontrarse el núcleo que articule, no las quejas, sino aquello que desnude y anude las contradicciones fundamentales del orden. Entonces, lo que observamos es que los malestares operan como enlaces con otros malestares, estableciendo una cadena de equivalencias, que permite en una determinada coyuntura infligir una cierta “derrota política” al gobierno de turno, sin que se beneficien los de abajo, más bien otorgan triunfos circunstanciales a la oposición política de los de arriba.

[6] En estos días se han sumado a las movilizaciones los estudiantes secundarios, y lo interesante es que lo hacen con las mismas demandas del 2005-2006. Es decir, los cambios propuestos por el gobierno de Bachelet, a través de la derogación de la LOCE y la promulgación de la Ley General de Educación, no aportaron transformaciones relevantes. El gatopardismo de siempre.

[7] La famosa conferencia de prensa de Bielsa da cuenta de como la ciudadanía requiere de ciertos vectores por donde canalizar su descontento. Moros y cristianos se sintieron frente a un fenómeno de decencia y dignidad que habla de la ética y la verdad, factores propios de lo que cada uno de los chilenos espera de nuestras elites. Bielsa se refería a los dirigentes del fútbol, pero en la lógica equivalencial, los ciudadanos futbolizados o no, sintieron en esa puesta en escena que algo más allá del fútbol se estaba jugando o estaba ocurriendo.

[8] Barros, Cesar. Por qué estamos justamente enojados. Artículo de opinión, pág. 14, Cuerpo de Negocios de la Tercera. 5 de junio de 2011.

Marco Cuevas

Santiago 11 de junio de 2011

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Chile profundo hoy: Educación, economía, lucha de clases y trabajo

El profesor Manuel Cornejo Vilches, autor de “Acumulación de Capital en Chile: crisis y desarrollo, últimos 40 años”, ahora elaboró un nuevo trabajo que combina las actuales relaciones de fuerza entre capital y trabajo, la coyuntura marcada por el movimiento estudiantil por la recuperación de la Educación Pública, y un análisis de clases. Una labor titánica demandada por las propias fuerzas sociales que en la actualidad sacuden el país más austral del mundo.

-¿Cómo caracterizarías el actual período de lucha de clases en Chile?

“La lucha de clases es la expresión total de la contradicción y tensión entre capital y trabajo. De este modo, necesariamente la lucha de clases hay que entenderla como una guerra de clases. Esto si atendemos y recogemos el concepto de guerra de Klausevich, de derrotar la voluntad de lucha del enemigo, sometiéndolo al servicio de intereses que no le son propios. Por consiguiente podemos afirmar que la clases de los asalariados y explotados del mundo han conocido una duradera y amarga derrota a partir del golpe de Estado en Chile el 73, y vivida en plenitud en los ochenta, noventa y en el primer decenio del siglo XXI. De aquí deriva por tanto el carácter del Estado, a saber, un órgano de dominación al servicio de la clase que rompe la resistencia de las demás clases sociales.”


-¿Qué pasa con las fuerzas del trabajo y las crisis propias del capitalismo?

“En este sentido, durante las crisis económicas cualquier movimiento del capital acarreará al movimiento del trabajo. A su vez, durante un período pre-revolucionario, es el trabajo el que toma la iniciativa del movimiento histórico provocando la reacción del capital. Dado los supuestos anteriores se puede afirmar que la severa crisis económica del segundo lustro de los noventa, amortiguada y resistida por el imperialismo durante una década, hoy se expresa con una violencia directamente proporcional a los esfuerzos para contenerla. Y eso que todavía no conocemos la cara más cruel y terrible de la crisis, pues el imperialismo nos depara hartas sorpresas. Por consiguiente, la lucha de clases a escala planetaria y local vive un momento de ascenso que no tendrá una salida revolucionaria en el corto plazo, pero que será escenario de violentos enfrentamientos globales y locales entre las dos clases sociales fundamentales de la sociedad. Este ascenso se explica por el reacomodo del capital y por consiguiente por el reacondicionamiento y reordenamiento de la burguesía y su hegemonía. En este contexto, como clase asalariada y explotada debemos ver en el actual período una gran oportunidad histórica para, por un lado, apropiarnos de las experiencias pasadas de lucha de clases con el mejor y más atento sentido de síntesis y, por otro, reestrenar, reformular, implementar, experimentar y aplicar, sin vacilaciones ni distracciones, todas las armas de la lucha ideológica, política y social posible, pues la eventual salida revolucionaria de la siguiente etapa de la lucha de clases no provendrá del derrumbe del sistema capitalista en un sentido “bíblico y celestial prometido por Dios”, sino que dependerá fundamentalmente de lo que las masas y los cuadros revolucionarios aprendan en organización, destreza y convicción ideológica durante el presente período. Esto necesariamente es así, porque como diría Marx y Rosa Luxemburgo: “Los seres humanos no hacen su historia libremente. Pero la hacen ellos mismos”. Debemos ser más disciplinados, flexibles, visionarios, organizados, concientes e implacables que nuestro contendor, que ya nos lleva varias dolorosas victorias de ventaja. Sin la voluntad conciente y la acción conciente de la mayoría de los explotados no podremos triunfar”.


LOS ESTUDIANTES Y LA EDUCACIÓN



-¿Qué valoración le ofreces al movimiento estudiantil y a su demanda central de Educación gratuita y estatal?

“Quizás el aporte más importante del actual movimiento estudiantil tiene relación con dos hechos políticos trascendentales. Por un lado, han sacado a las masas a la calle, las que han aprendido en cosa de horas que sin ocupar el espacio público, sin protestar, sin organizarse, sin consigna, sin política es imposible hacerse escuchar. Y por la otra, con su exigencia se ha ido logrando traspasar el velo ideológico burgués y ver el real monstruo que existe tras la cortina publicitaria estatal. Ambos logros hubiesen sido imposibles sin la acumulación de las prácticas del antiguo movimiento popular: masas en las calles, demanda política, la protesta como instrumento, etc. De paso, todos los sumo sacerdotes y garúes de la “ciudadanización” de la política vieron que su apuesta quedó en bancarrota, pues existen cientos y quizás miles de organizaciones de ciudadanos, pero ninguna, ni una sola se ha acercado siquiera a los logros alcanzado por el actual empinamiento de masas.”

-¿Cómo desarrollas la crítica a la ciudadanización de la lucha?


“Toda su panacea referente a las nuevas formas ciudadanas, pequeños grupos organizados jurídicamente, apolíticos y desideologizados, se esfumaron. Se acabó la ilusión.”

-¿Y el propio movimiento estudiantil?

“Creo que el movimiento estudiantil es parte de un ascenso de la movilización social con la subsecuente apertura de una nueva etapa en la lucha de clases. Aquí es importante recalcar que, si bien es cierto que las presentes luchas están animadas por reivindicaciones económicas, dichas demandas se inscriben en un proceso general de construcción de conciencia política de los explotados. La densidad y profundidad de esa conciencia política reside fundamentalmente en la capacidad de ligar las luchas económicas inmediatas con la lucha de clases general. Es finalmente en el campo de la lucha política de las clases donde podremos definir las garantías históricas que tendrán las clases asalariada y explotada para resguardar sus conquistas sociales. De no hacer este ejercicio, estaremos abonando el terreno histórico para la aparición de nuevas formas de caudillismo y fascismo.”


-¿Por qué?

“Porque la transformación del modelo educacional requiere la modificación del aparataje jurídico de la sociedad, el que descansa a su vez sobre la estructura productiva y económica. Por lo tanto, la clave en la modificación radical de la superestructura jurídica e ideológica reivindica sin ambigüedad un cambio radical en las relaciones sociales de producción y en la estructura productiva. Cualquier cambio que se haga a nivel superestructural sin una modificación sustancial a nivel productivo, no es más que una estrategia de cambios aparentes que perpetúan la tradición. En consecuencia, respecto de si la educación puede o no ser estatal, depende de qué clase social responda y con que intereses lo haga. Es decir, lo fundamental es quién determina lo que es posible y qué no lo es.”

-¿Cómo se asocia la lucha de clases con las reivindicaciones de los estudiantes?

“Ligar la demanda estudiantil con la lucha de clases exige estudiar la estructura económica nacional, identificando las clases sociales existentes en el país, su aporte específico en la creación de valor y las cuotas de plusvalía que explican la expansión de la burguesía chilena y la enorme explotación a la que están sometidos los trabajadores asalariados y cuentapropistas. Es esta la contradicción sustantiva que explica el renovado empuje del actual momento de lucha de clases. La consideración teórica anterior es la base para poder entender que lo posible y necesario depende de la capacidad de romper con el envoltorio ideológico del Estado y la sociedad. Esta condición sólo puede hacerse mediante un profundo y duradero cambio político ejecutado por una clase social. En esta línea se pueden sustentar dos ideas políticas fundamentales para el conflicto estudiantil: a) el problema actual no pasa por el tipo de logro o demanda social enarbolada o lograda por los sujetos sociales, sino más bien por la perspectiva estratégica que se le confiere a la lucha social. Dicho de otro modo, ¿cómo garantizar políticamente que los eventuales logros o conquistas se mantengan en el tiempo y no sean abolidos por la autoridad?; y b) El problema de la educación es una lucha indirecta que enfrenta a futuros trabajadores con el capital.”

-¿Qué significa ello?

“Hay que precisar y reflexionar, ¿acaso los nazis no tenían educación estatal, pública, gratuita y de calidad?, ¿acaso países como Argentina o Francia no tienen educación estatal, pública y de calidad? En ambos casos ha existido educación estatal, pero en ambos casos los explotados no han tenido ninguna relevancia política e ideológica en la conducción estatal. La pregunta es importante porque no se puede exigir tener una educación estatal y permitir que sea la misma burguesía quien dirija. En otras palabras, no tiene sentido reclamar sobre el financiamiento, sin exigir simultáneamente el control político. Con una educación estatal en manos de la burguesía, ¿acaso finalizaría la explotación sobre los asalariados, dejaría de tener carácter de clase el actual Estado, se terminaría la depredación de los recursos naturales, dejaríamos de ser un eslabón del imperialismo, disminuirían los actuales niveles de endeudamiento, y sobre todo, los asalariados tendríamos mayor poder político? Sin que ese Estado sea mandatado y conducido políticamente por la clase de los asalariados y explotados no existe ningún avance, porque ¿al servicio de quién estaría la universidad?, ¿quién determinaría su proyecto, financiamiento, carreras, planes de estudio? Bajo ningún contexto puede ser la misma clase social que ha creado y manejado el actual sistema.”

-También se ha planteado la demanda de Asamblea Constituyente…

“Tal como hay que develar el carácter de clase del Estado precisando el componente político de la demanda estudiantil, hay que cuestionar y precisar otra arista que dice relación con el llamado a crear una Asamblea Constituyente para hacer una nueva Constitución. La pregunta concreta es ¿quién garantiza que las resoluciones de esa Asamblea Constituyente sean respetadas por la burguesía, el imperialismo y la alta oficialidad castrense? Nuevamente nos encontramos con el problema del poder político social. Es decir, no sacamos nada con participar de plebiscitos, asambleas y votaciones si como clase social no somos capaces de garantizar políticamente que las decisiones tomadas en esas instancias no sean quebradas por la clase dominante. ¿Acaso no recordamos la experiencia del proyecto del Presidente Allende? Por cierto que la clase explotada lo apoyó, ganamos elecciones, sacamos nada menos que un Presidente de la República, haciendo sentirse orgullosa a nuestra clase, ¿pero la burguesía con el imperialismo respetaron la decisión del pueblo? ¿Por qué como clase social no pudimos mantener las conquistas socio políticas logradas? Simplemente porque llegado el momento decisivo no teníamos poder, no teníamos fuerza con qué defender y garantizar lo conquistado. Es imposible desmontar la telaraña de leyes de la burguesía recurriendo a las propias reglas del juego de la burguesía. No olvidemos que quien hace la ley hace la trampa. Por lo tanto, la única condición política posible para que los resultados de una asamblea constituyente sean respetados es que los explotados y asalariados tengan la hegemonía del poder político. De esto la burguesía tiene mucha experiencia.”

¿Cuál es la situación en materia económica de la educación chilena en el concierto internacional?

“Mira, Chile es uno de los países del mundo en que prácticamente la totalidad de su sistema de educación superior esta en manos privadas. De acuerdo a la OCDE, el Estado en Chile no alcanza a cubrir el 15% de las necesidades de mantenimiento de las “Universidades Estatales”. En consecuencia, exigir que el Estado se haga cargo de la educación superior no es una medida de carácter revolucionario. Esta reivindicación sólo viene a concordar y sintonizar el papel y función que ya tiene el Estado en el resto de las economías capitalistas, particularmente en el club más exigente de ellas, la OCDE. De acuerdo con los indicadores de la OCDE para el 2010, el conjunto de estos países invirtió anualmente 9.195 dólares estadounidenses por alumno desde la educación primaria hasta la educación terciaria; 6.756 dólares estadounidenses por alumno de primaria; 8.153 dólares estadounidenses por alumno de educación secundaria; y 16.625 dólares estadounidenses por alumno de terciaria. Los países de la OCDE gastan el 6,2 % de su PIB colectivo en instituciones educativas. En la educación terciaria la proporción de financiación privada varía ampliamente, desde menos del 5% en Dinamarca, Finlandia y Noruega a más del 40% en Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido y los países asociados a la Federación Rusa e Israel, y por encima del 75% en Chile y Corea. Como media en los países de la OCDE, el 83 % de todos los fondos de las instituciones educativas proviene directamente de fuentes públicas. En educación superior, el gasto público por alumno (en instituciones públicas y privadas) alcanza un promedio de 8.467 dólares estadounidenses, pero varía desde menos de 1.000 dólares en Chile a más de 15.000 en Dinamarca, Noruega y Suecia, tres países en los que el nivel de gasto privado es bajo o insignificante en este nivel educativo. Ahora bien, desde el punto de vista impositivo, Chile es uno de los países de la OCDE que menos impuestos cobra en relación a su PIB (18.2%). Por lo que exigir una reforma tributaria para que los más ricos paguen impuestos en forma progresiva a su renta, tampoco es una exigencia revolucionaria. Simplemente lo que se exige es que en Chile se tenga una carga impositiva similar a la que existe en el club de economías capitalistas al que pertenece, donde la presión inflacionaria representa alrededor del 34% del PIB. Todo esto hace que según la OCDE, Chile tenga una de las tasas arancelarias a la educación superior más altas del mundo. De este modo en el país se cobra una media de 3.140 dólares anuales, mientras que Israel cobra 2.658 US$, U.K 1.859 US$, Italia 1.027 US$, Nueva Zelandia 1.764 US$, Holanda 1.646 US$, Austria 837 US$, Bélgica 574 US$, España 795 USS, Francia 160 US$, Turquía 276 US$, siendo prácticamente gratuita en República Checa, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia y Suecia.”


-Los datos hablan por sí solos…

“Ellos explican que en las Ues privadas sólo existe una media de 1 académico a jornada completa por cada 1.000 alumnos. Ojo, esto es muy importante porque es el fracaso de la educación municipalizada y subvencionada en la Prueba de Selección Universitaria lo que descubre el enorme negocio de la educación superior privada, que a estas alturas es una pobre educación para los pobres y familias explotadas. De lo contrario, no se puede entender que mientras las matrículas de Ues tradicionales han aumentado 13%, las matrículas de Ues privadas han crecido un 81%. Todo esto mediante endeudamiento. Un 79% de los estudiantes deben recurrir a financiamiento propio y vía crediticia, lo que explica el 53.5 % de alumnos que deben trabajar jornada completa para poder pagar sus estudios. Agréguese el detallito relativo a que según la encuesta CASEN, si en la década de los noventa quienes engrosaron las matrículas de educación superior fueron los deciles V, VI y VII; en la primera década de 2000, los deciles que mayor afluencia tuvieron en la educación terciaria fueron el I, II, III y en menor medida el IV, siendo la educación superior técnico profesional y las Ues privadas las principales áreas donde se han concentrado los deciles de menores ingresos. Es tan irracional este modelo de educación que en las “Ues públicas” paradójicamente estudian los sectores más acomodados y también donde mayormente se concentran los beneficios, como las becas y exenciones, con un 30% de becas, cifra mayor que el 26.7% de becas asignadas a estudiantes cuyas familias pertenecen a grupos de trabajadores no calificados y obreros.”


LAS CLASES SOCIALES Y LA DEUDA



De acuerdo a tu última investigación, en términos esenciales, ¿cuál es la estructura económica de Chile y relación con las clases sociales que la sostienen?

“Según mi investigación “Acumulación de Capital en Chile. Crisis y Desarrollo. Últimos 40 años” y cruzando los datos del Banco Central, el Servicio de Impuestos Internos, el INE y Casen, en Chile hay aproximadamente 8.1 millones de trabajadores. De estos, 1.750.000 reciben el salario mínimo y 5.500.000 reciben salarios que tienen como tope los 300.000 pesos (US$ 650). Las clases sociales existentes en el país son: asalariados del campo y la ciudad, burguesía productiva (con PYMES incluidas, estimadas en unas 150 mil), cuentapropistas, asalariados que trabajan en municipios y sector público en general, y la alta burguesía financiera.”

-¿Pero de dónde saca sus ingresos la burguesía?

“La masa de capitales que invierte la burguesía en cada ciclo productivo coincide con las altas tasas de endeudamiento de los asalariados y cuentapropistas, estimadas por el Banco Central en 29 billones de pesos al año 2007, de los cuales un 72% corresponde a deuda bancaria. En consecuencia, si en 1993 había 2.660.325 Tarjetas de Crédito, hacia el 2007 estas ascendían a 23.773.646. Esta deuda crece un 15% real anual y ha estado expandiéndose por sobre el crecimiento del ingreso disponible de las familias en los últimos cuatro años. El resultado final ha sido que la Razón Deuda Ingreso (RDI) llegó a representar un 61,9% y la carga financiera (RCI) respecto del ingreso disponible alcanzó un 20,4%, sólo por el pago de intereses. Y para agravar aún más la explotación de los asalariados y cuentapropistas, considérese el origen del capital inicial con el que la burguesía echa a andar el proceso productivo en su conjunto, el que proviene en forma monetaria del sector financiero, cuyas entidades (por ejemplo AFPs, Bancos, Aseguradoras, Isapres) utilizan los mismos fondos de pensiones de los trabajadores para distribuirlos como capital dinero entre la burguesía. Con datos del 2007, y siguiendo la investigación del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) y el economista Manuel Riesco, el Estado ha inyectado al sistema privado de pensiones 6.1 billones de pesos en bonos de reconocimiento y pensiones mínimas. Por su parte las AFPs y Compañías de Seguro se han apropiado como saldo neto de 9.3 billones de pesos a favor de ellas mismas (4 billones las Afps y 5.3 billones las compañías de seguros). De estas platas generadas por los asalariados y manejadas por la burguesía en su propio beneficio un 47.5% va a manos de los grandes grupos económicos privados con inversiones en Chile: Santander, BBVA, Telefónica, Aguas Andinas, ENDESA, Luksic, Yarur, Angelini, Paulman, Solari, Matte, Saieh, Ponce Lerou, Hurtado-Fernández, del Real y Andraca (los dos primeros grupos son dueño de 2 de las AFPs mas grande: Bansander y Provida, AFPs que concentran el 43% del total de fondos de pensiones). El 31.8% restante va a manos de conglomerados privados en el extranjero.”


-¿Los trabajadores son los únicos explotados?

“Los asalariados no son la única clase explotada. A este respecto considérese a los cuentapropistas donde existe una mayor cantidad de micro empresarios que de trabajadores, con una producción de valor muy reducida en relación a la masa de “emprendedores”. Este mismo antecedente da una idea aproximada del constante fluir de estos trabajadores desde el cuentapropismo al trabajo asalariado, asegurando entre medio una producción de valor vía auto explotación capitalizada por el tenedor de sus deudas: bancos, retailer, financieras, etc. Este sector de la sociedad está sometido a un constante proceso de erosión proletarizadora. Al observar la relación entre empresas se puede concluir un grave desequilibro impositivo, toda vez que apenas 10 mil grandes empresas multiplican casi por 20 el valor producido por casi un millón de micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo las MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas) cargan sobre sus espaldas con casi la mitad de la carga tributaria a la que están afectas todas las empresas del país por concepto de impuesto a la renta (un 2% del PIB versus un 3% del PIB que pagan las grandes empresas). Ahora bien, este desequilibrio se amplía aún más si se considera que los asalariados deben cargar con la mitad de la carga impositiva de todo el país (un 52% de todos los ingresos tributarios equivalentes a un 8% del PIB).”


-¿Qué consecuencias conlleva semejante política impositiva?


“Esta estructura impositiva implica que prácticamente el Estado subsidia la acumulación de capital en manos de las grandes empresas. Al respecto, obsérvese la pequeñez de los impuestos que se pagan por concepto de comercio exterior (apenas el 1,3% de los ingresos tributarios totales). Este mismo dato explica la avidez de las grandes empresas por los acuerdos de libre comercio. En cuanto a la carga impositiva, se puede apreciar que las ramas productivas con mayor inversión interna y extranjera están ancladas en la producción de bienes de consumo intermedio (materias primas) y extracción de recursos naturales, precisamente los sectores que menos aportan impuestos. A su vez, estos sectores determinan en la economía la masa y la cuota de plusvalía. En este sentido, no es una coincidencia la astronómica cifra de 77.000 millones de dólares en inversión extranjera volcada en la economía nacional entre los años 1974 a 2010.”

-¿Qué ocurre con la llamada pequeña burguesía?

“Esa clase esta compuesta objetivamente por alrededor de 130 mil pequeños empresarios que tienen a su cargo alrededor de un millón y medio de trabajadores asalariados. Pero además debemos agregar lo que el SII define como trabajadores de altos ingresos (médicos, ingenieros, algunos abogados, jueces, oficiales militares, directores de escuela, gerentes corporativos, un grupo de académicos, gestores de cultura, información y publicidad, etc.), esto es, alrededor de un millón de personas que por sus altos ingresos deben pagar impuesto a la renta. Bueno, este grupo tiene una cualidad y es que pese a que son asalariados, también participan de la plusvalía al obtener un porcentaje de la misma vía utilidades y ganancias, participación en sociedades anónimas, repartición de intereses del capital etc. Este grupo de personas cumple una función sumamente importante, a saber: generan, administran y gestionan el componente y aparataje ideológico y político fundamental con el que se sostiene y reproduce el sistema de dominación y productivo en su conjunto. Es tan relevante esta función que su influjo de ideas, hábitos, costumbres, aspiraciones, pensamiento político, ética, valores, historia, es transmitida hacia el sector de los explotados para que estos la hagan suya, permitiendo de este modo anular la iniciativa histórica y política de los oprimidos. Particularmente vulnerable a esta función son los explotados desideologizados, despolitizados y desorganizados, quienes ven llenar sus receptáculos ideológicos por el contenido generado y transmitido por la pequeña burguesía.”

-¿Qué capitales invierten más en Chile, qué sectores exportan más, y de dónde provienen las importaciones del país?

“Es tan copiosa la explotación del capital chileno, que este se ha expandido con fuerza en América Latina. De este modo, durante el período 1990 a diciembre de 2010, la inversión chilena directa materializada en el exterior alcanzó la suma de US$ 56.789 millones. Diez países concentran un 93% de las inversiones materializadas a la fecha. Ellos son Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Estados Unidos, Panamá, Australia, México, Uruguay y Venezuela. Argentina se situó en el primer lugar en el ranking de países receptores de las inversiones, al sumar flujos por 15.979 millones de dólares entre 1990 y el primer trimestre de 2011, con un 48 % de participación. Le sigue Brasil con inversiones de empresas chilenas cercanas a los 10.614 millones de dólares (15 %); Perú con 9990 millones de dólares (14 %). Colombia concentra 8.066 millones de dólares de participación. En el plano sectorial, tanto en generación como en distribución eléctrica, concentra el mayor volumen de inversiones, con un 73,3% de participación y US$ 5.914 millones. Le sigue en importancia el sector de servicios con una inversión de US$ 1.463 millones y un 18,1% de participación. Al interior de los servicios, un lugar significativo ocupa el comercio al detalle (retailer), que representa el 71,4%, con una inversión acumulada de US$ 1.045 millones. En tercer lugar se ubica el sector Industrial, con una inversión acumulada de US$ 636 millones. Al interior de este sector se destacan la industria maderera y la distribución de combustibles. A su vez Chile es el tercer receptor de IED (inversión extranjera directa) en América Latina. De este modo, si entre 2009-2010, la IED total en Latinoamérica fue de 88.000 millones de dólares (a precios de 2010), Brasil captó 30.200 millones de US$; México captó 19.100 millones de US$; Chile captó 18.200 millones de US$; y Colombia captó 8.700 millones de US$. De este modo Chile se destaca por tener la más alta proporción de IED (8%) en relación a su PIB. El principal proveedor de estas inversiones fue EE.UU. con un 25.9%; le sigue España con un 18.7%, Canadá con 17.7% y K.U. con 8.5%. Los sectores en que se concentro esta IED fueron la minería con 32.9%, servicios con 22.1%, Electricidad con 19.2%, Industria con 11.3%, Transporte con 11.2%. Es importante recalcar que el año 2010 las exportaciones de Chile alcanzaron 69.621 millones de US$, debido fundamentalmente al precio del cobre, cuyas exportaciones alcanzaron a 39.200 millones de US$ acaparando el 56% de las exportaciones totales. Le sigue la exportación de Celulosa y Salmón. En este panorama el principal socio comercial de Chile es China, país al que se exportaron mercancías por valor de 16.457 millones de US$. Le sigue EE.UU. con 7.110 millones de US$.”

-¿Cuál es la cesantía real en Chile y por qué?

“Desde el punto de vista de la magnitud cuantitativa de la fuerza de trabajo, cabe hacer notar cierta discordancia entre las cifras entregadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Banco Central. De acuerdo al SII, en Chile hay aproximadamente 7.100.000 trabajadores asalariados, mientras que el Banco Central abulta la cifra a 8.050.000 trabajadores. Esta diferencia de alrededor de 1.000.000 de trabajadores representa mejor la real magnitud del ejército industrial de reserva, cesantía o paro estructural, situado según cifras oficiales en un 8%, pero que en realidad alcanzaría una cifra promedio cercana al 13% de la fuerza de trabajo. A este antecedente agréguese cerca de un 9% de la fuerza de trabajo en condiciones de subempleo, pero que en las cifras oficiales aparece como empleada. Por lo tanto en el país tenemos cerca del 25% de la fuerza de trabajo con problemas de cesantía parcial o total. La mayor desocupación se concentra en los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, donde la tasa de desempleo es más del triple respecto del promedio nacional oficial, alcanzando en el primer tramo (15 a 19 años) el 29.3%. Según las AFPs, del total de la fuerza de trabajo un 96.5% se registran como asalariados dependientes, sin embargo alrededor de 3.8 millones de asalariados están en condición de subcontratación, lo que se refleja en la escasa densidad de sus cotizaciones. A su vez, se estima que el número de trabajadores estacionales en el agro fluctúa entre los 250.000 hasta los 400.000. Además se debe agregar que las ferias libres tienen 60.000 comerciantes, generando empleos indirectos a 150.000 personas y comercializando la producción hortofrutícola de más de 300.000 familias campesinas. Los rubros que más utilizan la subcontratación son Guardia y Control, Servicios Alimenticios, Minería, Servicios Informáticos, Construcción, Aseo y Comercio. Estas son las principales fuentes de trabajo en Chile.

Por consiguiente, la burguesía logra desembarcar en las grandes ligas del capitalismo mundial gracias a las altísimas tasas de explotación sobre el trabajo asalariado, los subsidios impositivos que le da el Estado, los altos niveles de auto explotación de los cuentapropistas, la subcontratación, el subempleo y la pesada carga financiera que deben soportar los sectores asalariados y cuentapropistas por conceptos de deudas. Todas estas son las condiciones fundamentales para que la burguesía chilena amplíe a niveles jamás soñados sus capitales y plusvalía en abierta contraposición con los explotados (asalariados y cuentapropistas).”

Por Andrés Figueroa Cornejo

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