La deuda histórica del gobierno con los profesores. Manuel Riesco L.

En una decisión inconcebible, el gobierno ha declarado que no va a pagar un peso de la deuda histórica del Estado al magisterio. Los alcances pueden resultar insospechados. A semanas de una reñida elección presidencial, esta “falta de criterio impensable,” como la calificó un destacado senador derechista, pareciera una potente señal de determinados tecnócratas de gobierno a favor del candidato opositor.
Como se sabe, la deuda histórica se originó al transferir los colegios a los municipios en 1981, cuando al profesorado no se le reconoció el reajuste especial de entre 50 y 90 por ciento del sueldo base, que se les había entregado pocos meses antes, junto a los demás EE.PP..

Dicho reajuste aparentemente abultado no hacía sino resarcir en parte menor el recorte de más de dos tercios que habían sufrido sus salarios tras el golpe. Los EE.PP. fueron aún más afectados que el conjunto de los trabajadores chilenos, que en promedio perdieron la mitad de sus remuneraciones.

Como resultado de todo lo anterior, en 1990 los sueldos del magisterio alcanzaban apenas al 28 por ciento de su nivel anterior al golpe. El conjunto de los EE.PP. mostraba un deterioro algo menor, puesto que había recibido el reajuste antes mencionado. Por su parte, el promedio de remuneraciones del país se encontraba en ese momento en un 70 por ciento de su nivel anterior al golpe. De este modo, debido a la deuda histórica, el magisterio fue el sector más castigado del país por la política salarial de Pinochet.

Todos los trabajadores chilenos mejoraron significativamente sus remuneraciones tras el término de la dictadura. El salario medio real recuperó su nivel previo al golpe en noviembre de 1999, es decir, justo al terminar el siglo. Los EE.PP. lograron dicha meta algunos daños después. Sin embargo, debido a la deuda histórica, el magisterio es el único sector del país que todavía mantiene un nivel de remuneraciones reales inferior al que percibía antes del golpe.

Evidentemente, como ha recordado la vocera del gobierno, los dos últimos recibieron reajustes muy superiores al promedio desde 1990 a la fecha. Sin embargo, su situación entonces era tan desmejorada que aún así se encuentran ambos todavía por debajo del promedio general.

Muchos profesores jubilaron con sueldos afectados por este problema, lo que se tradujo en pensiones miserables aún en el sistema público y con mucho mayor razón en el caso de las AFP. No pocos han fallecido sin recibir una justa reparación.

La deuda histórica es un problema nacional. La permanencia a lo largo de casi cuatro décadas de una política de remuneraciones discriminatoria en contra del magisterio ha deteriorado seriamente la educación. Ello ha afectado la formación de millones de alumnos a lo largo de muchos años. Quiénes constantemente achacan al magisterio todos los males de la educación deberían reflexionar acerca de este factor.

Sumado al desmantelamiento del sistema nacional de educación pública, ha mermado considerablemente la potencialidad de la fuerza de trabajo, con serio perjuicio para la economía y el conjunto del país.

El Colegio de Profesores ha encabezado la larguísima lucha que el magisterio ha venido librando para obtener el reconocimiento y pago de la deuda histórica. Ha logrado lo primero a nivel nacional e internacional y confiaba que por fin alcanzaría lo segundo. La respuesta del gobierno ha frustrado una vez más su justa expectativa.

Al no pagar parte de sus remuneraciones a los profesores trasladados, el gobierno incurrió en una ilegalidad manifiesta, puesto que el mismo decreto de municipalización señala que se debía respetar íntegramente el salario de los afectados por la medida. Centenares de maestras y maestros ganaron juicios al Estado y lograron recibir el mencionado reajuste, el que todavía aparece identificado claramente en sus liquidaciones de remuneraciones.

Por este motivo, el justo reclamo del magisterio fue acogido por la OIT, que en su Conferencia Internacional del Trabajo del 2009 trató el problema en sesión plenaria e instó al gobierno a reparar la deuda histórica del magisterio, puesto que la misma misma viola tratados que el Estado chileno ha suscrito.

Justamente, el gobierno alegó en su defensa ante el plenario de la OIT que con motivo de la aprobación del presupuesto del 2009 había suscrito un acuerdo con el parlamento en virtud del cual una comisión conjunta analizaría el problema y le entregaría una solución en el curso de este año.

En efecto, la comisión de la Cámara de Diputados constituida en virtud de este acuerdo emitió un contundente informe hace dos meses. En el mismo analiza exhaustivamente el problema y revisa todos los argumentos legales al respecto, al tiempo que determina el número de profesores afectados y evalúa el monto de lo adeudado al magisterio y propone una fórmula de pago.

El número de personas afectadas supera las ochenta mil y el monto estimado alcanza a los 5,2 billones de pesos de hoy. La fórmula de pago propuesta parece razonable: un bono de entre cinco y diez millones de pesos, más un suplemento a las jubilaciones de entre cincuenta y cien mil pesos mensuales por persona afectada. Los diferentes montos se explican por el hecho que los maestros fueron afectados en distinta manera, dependiendo de la fecha de su traslado a los municipios.

Distribuido de este modo, el monto resulta perfectamente posible de solventar para las finanzas públicas. De hecho, requiere un incremento del presupuesto educacional inferior al 5 por ciento. Se puede alegar razonablemente que las circunstancias actuales constituyen un momento propicio para iniciar el pago, puesto que existe amplia preocupación en muy distintos sectores que el presupuesto del 2010 puede resultar peligrosamente contractivo en circunstancias que la recuperación económica es todavía muy precaria.

Sin embargo, más allá de los argumentos económicos, políticos y estratégicos en favor de pagar la deuda histórica, “hay un fundamento ético para cumplir con esta obligación,” como declaró el senador citado más arriba.

La deuda histórica afecta al grupo de chilenas y chilenos que sin duda constituyen lo mejor y más destacado de todos nosotros. A nadie debe la patria tanto como a ellas y ellos. Millones de chilenos deben agradecerles la formación recibida en la escuela.

Los más afectados son los mejores y más preparados al interior del propio magisterio. Ellos son la generación que se formó y engrosó sus filas a fines de los años 1960 y principios de los años 1970. Participaron en la extraordinaria gesta educativa de los gobiernos de Frei Montalva y Allende, que terminó con el analfabetismo en Chile y despertó la conciencia la masa de los trabajadores chilenos. Muy particularmente, ellos sacaron al campesinado de su siesta secular. Gracias a ello fue posible la gesta que transformó para siempre la realidad social y económica del país, proyectándolo en definitiva a la era moderna.

Precisamente por ello, fueron castigados ferozmente por la dictadura. Los militares invadieron y destruyeron el sistema educacional público que antes ellos mismos habían contribuido a crear, convencidos que se trataba de una plaza fuerte del “enemigo interno.” El sector más privilegiado de la sociedad los azuzó en esta faena, llenos de resentimiento en contra de quiénes culpaban de las transformaciones sociales que los habían afectado.

Los afectados por la deuda historica son la generación de maestros que jugaron el rol más destacado en la recuperación de la democracia. Los tecnócratas gubernamentales que hoy les niegan la sal y el agua no ocuparían las elevadas posiciones de gobierno de que disfrutan de no haber sido por la abnegada lucha de los profesores a quiénes hoy día infieren un nuevo agravio. ¡Deberían sentir vergüenza!

Justamente por todos estos motivos, el profesorado ha logrado el reconocimiento unánime de todos los sectores políticos a la justeza de su demanda.

Es el momento en que todos los chilenos sin distinción alguna debemos salir a la calle en defensa de nuestras maestras y mestros. Su dignidad es la dignidad de todos.

Manuel Riesco integra el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, participa del equipo económico de JORGE ARRATE McNIVEN. MahTexto inicial

Tomado de Agencia Medio a Medio