Extrema desinformación nacional. Por Felipe Portales

La gigantesca concentración de la propiedad de los medios de comunicación promovida por los gobiernos de la Concertación, con la finalidad de hacer invisible su convergencia económica con la derecha (Ver: Defección del liderazgo concertacionista¨; El Mostrador; 2-3-2009); se ha complementado con una profunda e inadvertida autocensura que deja fuera de los medios masivos de comunicación las noticias, opiniones, debates, entrevistas y documentales que puedan afectar la estabilidad del modelo neoliberal en boga o la imagen del liderazgo concertacionista. La combinación de ambas genera una desinformación extrema en la sociedad chilena; y lo que es más grave aún, una desinformación de la que las víctimas ni siquiera son concientes.

Una de las formas principales como se efectúa dicha autocensura es a través de la virtual sofocación de noticias o publicaciones que en cualquier país realmente democrático -por su trascendencia para el interés público- generarían un notable seguimiento, investigación y debate ulterior. En Chile, en cambio, pasan ¨milagrosamente¨ desapercibidas.

Se podrían llenar innumerables páginas con su listado. Por tanto, daremos una pequeña muestra de ellas: La oposición judicial del Gobierno de Aylwin a la devolución de muchos de los bienes robados a la familia Allende luego del Golpe; la designación de los gobiernos de Frei y Lagos de numerosos agregados militares en el exterior, involucrados en graves violaciones de derechos humanos; la resolución del gobierno de Lagos de definir a quién le correspondían los bienes del confiscado diario Clarín, en circunstancia que la materia estaba pendiente de resolución judicial; el homenaje rendido por Lagos a uno de los artífices de la Operación Cóndor (Hugo Banzer), al ser el único presidente del mundo en concurrir a sus funerales; los miles de millones de dólares que ha perdido el Estado chileno por el ¨legal¨ no pago de impuestos de las compañías extranjeras de la gran minería del cobre; la aprobación, en 2004, de una disposición legal que le prohíbe al Poder Judicial tener acceso a las denuncias de torturas efectuadas ante la Comisión Valech; y las objeciones presentadas por el Gobierno de Bachelet a que asumiera una jueza francesa en el panel de magistrados del CIADI sobre el caso Clarín, porque había escrito un artículo contra Pinochet en Le Monde.

Cada uno de los hechos anteriores, de haber existido una real libertad de información y expresión, habría generado un verdadero terremoto político. Y, por cierto, hubiera sido políticamente imposible para el liderazgo de la Concertación afrontar la suma de ellos en el escenario de una sociedad informada por una diversidad plural de medios de comunicación, particularmente de diarios y canales de televisión.

Entre los últimos casos de noticias o publicaciones ¨sofocadas¨, merecen ser destacadas:

1.- La denuncia -no desmentida- de María Olivia Monckeberg, del aprovechamiento masivo de las becas Valech, por parte de la universidad UNIACC, al impartirles a sus beneficiarios cursos -financiados por el Estado- que no cumplían con la finalidad de la ley de permitirles completar su educación superior. (¨El negocio de las universidades en Chile¨, 2007, pp. 250-65);

2.- La denuncia -tampoco desmentida- de que se efectuó un gigantesco fraude estadístico con la CASEN 2006, que falsifica o manipula -respectivamente- los índices de desigualdad y pobreza en nuestro país. ( El Ciudadano; Diciembre, 2007);

3.- La noticia -igualmente no desmentida- de que el gobierno chileno pidió el año pasado la salida del embajador cubano en nuestro país, por haber efectuado duras críticas a la derechización de la Concertación, en una reunión con residentes chilenos en La Habana. (El Mercurio; 14-12-2008). Ello explicaría perfectamente la ¨venganza¨ de Fidel Castro de enrostrar públicamente las referencias históricas internacionales que más podían dolerle a un gobierno chileno; y

4.- La denuncia de Nelson Ávila de que, luego de un viaje a Bélgica a fines de los 90 -y de su oportuna y desoída comunicación a diversas autoridades chilenas de la época-, quedó con la convicción de que el dinero de las coimas para la compraventa de los Mirage quedó ¨no solo en el ámbito de las Fuerzas Armadas, sino también en esferas donde en algún momento debían tomarse decisiones políticas. (La Segunda; 13-2-2009).