Camilo Escalona, Eduardo Frei y Ricardo Lagos Weber: yanaconas de las transnacionales del cobre

Antes se abrazaron se abrazaron Yasna Provoste y Carlos Larraín como signo de la liquidación de la administración pública, hoy Laurence Golborne y Felipe Larraín apareen sonrientes junto a Camilo Escalona, Eduardo Frei y Ricardo Lagos Weber refrendando el Acuerdo del royalty que sólo favorece alas grandes transnacionales, dueñas del 70% de nuestro cobre.
Eduardo Frei y Salvador Allende deben estar dándose vuelta en su tumba ante semejante iniquidad contra el pueblo chileno. Camilo Escalona ha convertido el Partido socialista en una mafia de lobistas neoliberales; Eduardo hijo, que no es ni la sombra de su padre, dio vuelta la espalda a la chilenización del cobre que, en su tiempo, fue justamente criticada por Radomiro Tomic, sin embargo, defendió mucho más los intereses nacionales que el ridículo proyecto del royalty; a Lagos Weber no se le puede pedir nada, pues su padre, Lagos Escobar, firmó la Ley de Invariabilidad Tributaria hasta 1917.

El trío Frei-Lagos-Escalona son los verdaderos dueños de la decadente Concertación de Partidos por la Democracia. Con mucha razón algunos diputados se rebelaron contra la dictadura de estos “señores feudales”; el más franco y categórico ha sido el diputado René Alinco quien, con razón llamó, a quienes firmaron el Acuerdo, “rastreros y vendepatrias”, y a la Concertación, que “no le queda más que el timbre”.

El proyecto consensuado prolonga, por seis años la Invariabilidad Tributaria, desde el 2017 hasta el 2023; entre el 2010 y 2015 pagarán entre un 4% y un 9%; de 2018 a 2023, del 5% al 14%; todos estos impuestas serán sobre las utilidades y no sobre las ventas se calcula que las ventas de cobre son, aproximadamente, 24 mil millones de dólares, y se agregamos los subproductos, llegaría a cerca de treinta y ocho mil millones de dólares. Si sólo se cobrara el 10%, los ingresos fiscales ascenderían a dos mil quinientos millones de dólares anuales.

Para que una empresa pague el 14%, a partir de 2018, debe tener un margen operacional de un 85%, meta casi imposible de lograr, pues las grandes transnacionales, valiéndose de subterfugios para evadir impuestos, reducen el margen operacional. Se calcula que el proyecto aprobado aportaría mil quinientos millones de dólares en tres años, es decir, una miseria considerando que el precio del cobre se acerca a los cuatros dólares y se mantendrá, pos años, sobre los tres dólares.

Julián Alcayaga, un economista defensor del cobre chileno, plantea la idea de hacer una presentación al Tribunal Constitucional, que requiere la firma de treinta diputados, denunciando la inconstitucionalidad de ese proyecto de ley, pues atropella el Art.1 de la Constitución atentando contra el bien común y el interés nacional; por lo demás, materias tan importantes debieran ser objeto de una Ley Orgánica, con un quórum de cuatro séptimos de los diputados.

Como bien lo ha planteado el senador Pablo Longueira, si es necesario un plebiscito para decidir sobre materias como el mar para Bolivia, no veo por qué no realizar un referéndum sobre algo tan importante como los recursos naturales, patrimonio de todos los chilenos y, me parece inaceptable que un gobierno de una mayoría parlamentaria, en base a un acuerdo espurio, comprometa a todos los ciudadanos a una invariabilidad tributaria, que atropella el principio de la proporcionalidad e igualdad en las cargas públicas y que, además, compromete al país hasta el año 2023. La historia recordará siempre a estos senadores con el baldón de haber entregado nuestras riquezas a las abusadoras empresas transnacionales que, muchas de ellas, ni siquiera, pagan impuestos.

Rafael Luís Gumucio Rivas