Lanzamiento del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2009. Universidad Diego Portales.

“Las autoridades estatales, a pesar de sostener un discurso que promueve la participación de la sociedad civil, en los hechos desatiende sus recomendaciones y omite información crítica que es de interés para los órganos de tratado”, sostiene la séptima versión del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile que publica la Universidad Diego Portales desde el año 2003. La afirmación se refiere concretamente a los informes oficiales que ha elaborado el Ministerio de Relaciones Exteriores para dar cuenta de la realidad chilena respecto al cumplimiento de las obligaciones que en esta materia ha asumido Chile con el sistema internacional.

La aseveración que contiene el informe de la UDP, presentado por el Director del Centro de Derechos Humanos de la universidad, Jorge Contesse, se basa en el análisis de los contenidos de tres informes oficiales entregados por nuestro país durante el 2008 y 2009. En todas las ocasiones, sostiene la investigación, la sociedad civil elaboró “informes sombra” -sistema establecido para permitir la entrega de información alternativa con el propósito de aportar otros elementos de análisis y contra restar las informaciones oficiales- que han sido omitidos.

Uno de los casos paradigmáticos que plantea el Informe, se refiere a la situación de personas privadas de libertad, especialmente menores de edad, donde se plantearon denuncias graves por parte del Informe Anual de DD.HH. de la UDP del año pasado; por la Unicef, por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Contraloría General de la República. En el informe de este último organismo, por ejemplo, se denuncia la ausencia de personal suficiente, la aplicación de irregularidades en la aplicación de sanciones, la sobrepoblación de internos y las malas condiciones de los establecimientos, mientras que el informe oficial del gobierno solo hace referencia a esta materia señalando que la implementación de la reforma de responsabilidad penal juvenil no ha estado exenta de dificultades.

Violencia policial

Otra de las denuncias planteadas por el informe de este año da cuenta de un caso de violencia policial con desaparición de una persona. “Un caso muy grave de violencia policial contra menores de edad detenidos arbitrariamente ha venido a rememorar prácticas propias del peor período de la dictadura militar: el drama de la desaparición forzada de personas, y de la falta de información y de respuesta oportuna de la justicia y la policía a las demandas de los familiares”, denuncia la investigación, al incluir el caso del menor José Huenante (16), detenido en Puerto Montt el 3 de septiembre 2005, sin que hasta hoy se conozca su paradero. Solo en marzo de 2009, cuatro años después de los hechos, tres carabineros fueron formalizados por el secuestro y sustracción de José Huenante y dados de baja de la institución. Pero el adolescente (o sus restos) sigue sin aparecer y la investigación judicial registra escaso avance y poca colaboración de parte de Carabineros de Chile, se denuncia.

“Si bien es posible destacar avances en áreas específicas, como el acceso a la información pública, el panorama general muestra que aún queda mucho camino por recorrer para hacer realidad las promesas de igual dignidad y libertad contenidas en los tratados que Chile ha suscrito y que recoge la propia Constitución”, afirmó Contesse en la primera presentación pública de esta investigación anual que realiza el Centro que dirige en la Universidad Diego Portales.

La publicación se lanzará oficialmente el próximo lunes 30 en la Facultad de Derecho, en presencia del decano Juan Enrique Vargas y de representes de las cuatro candidaturas presidenciales. Manuel Jacques, por el comando de Jorge Arrate; Ciro Colombara, por el comando de Marco Enríquez-Ominami; Pablo Ruiz-Tagle, por el comando de Eduardo Frei, y Gastón Gómez, por el comando de Sebastián Piñera, tendrán que escuchar y pronunciarse sobre el Informe, que este año por primera vez incluye recomendaciones en cada uno de los 14 capítulos que presenta, lo cual permitirá realizar un seguimiento más concreto a estas realidades durante el próximo gobierno.

Los nuevos temas

El Informe pasa revista a los derechos fundamentales de los habitantes de nuestro país que de alguna forma son conculcados, siempre desde la óptica de los estándares internacionales de los derechos humanos. Asimismo, pone temas emergentes de preocupación, como “una nueva forma de exclusión con base al desempeño escolar, la que se ve agravada por la utilización de rankings, y que suponen violaciones inaceptables a los derechos de los niños en edad escolar”.

También entrega una investigación inédita acerca de la vigencia de los derechos fundamentales de las personas al interior de las empresas, que examina cómo “un número considerable de chilenos y chilenas deben soportar la lesión a sus derechos más básicos para no perder el empleo”, aceptando reglamentos internos y códigos de ética de muchas compañías “que buscan imponer una cierta cultura o ciertos valores empresariales, en tensión con los derechos constitucionales que se aseguran a todos y que no son renunciables por entrar en una relación laboral”.

Grupos vulnerables

De especial interés son los considerados grupos vulnerables o especialmente discriminados, como mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, migrantes y refugiados, homo e intersexuales y pueblos indígenas. Se llama la atención, por ejemplo, sobre la situación de los hijos de extranjeros que se encuentran en situación migratoria irregular y a quienes pese a haber nacido en Chile, se les niega la nacionalidad. (…“En agosto de 2009 V.N.A. continuaba registrada como hija de extranjera transeúnte, lo que le impedía beneficiarse de, por ejemplo, el programa ‘Chile crece contigo’, que cuenta con un amplio programa de salas cuna”.)

Por otra parte, se plantea en las recomendaciones del capítulo sobre diversidad sexual, “el Estado debe dictar e implementar una normativa que rija la situación de personas cuya identidad sexual no coincide con el género registrado en la partida de nacimiento (intersex), quienes en la actualidad se someten al régimen de las personas transexuales”. Es el caso de Alison Ruiz, que nació como René Ruiz, quien a través de la Clínica de Interés Público de la UDP logró que la Corte de Apelaciones de Santiago aceptara su cambio de nombre, pero no de sexo en su cédula de identidad. Así, en las próximas elecciones deberá continuar votando en una mesa de varones. “Aquí, a pesar de la mayor apertura que los líderes de opinión y políticos parecen mostrar, se mantiene la discriminación y acoso por parte de funcionarios policiales y aun de jueces a cargo de impartir justicia”, se indica.

Dramática es la situación de las personas con discapacidad en relación a su derecho al trabajo. Según el Primer estudio nacional de la discapacidad en Chile, realizado por el Fondo Nacional de la Discapacidad (Fonadis) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2004, únicamente el 29% de las personas con algún tipo de discapacidad - que alcanza un 12,9% de la población el país - y en edad de trabajar, realiza algún trabajo remunerado. Si bien esta realidad no es desconocida, el Informe reproduce una serie de llamados telefónicos y correos electrónicos dirigidos a las autoridades, que jamás fueron contestados.

Aspectos positivos

En los últimos años, Chile ha ido buscando, y en buena parte ha logrado, una posición de referente internacional en materia de derechos humanos, señala el Informe. Especialmente, tras la instalación del nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al convertirse en uno de sus 47 miembros acceder a su vicepresidencia. “La transición a la democracia después de la dictadura militar, sumado a la potente historia personal de su Jefa de Estado, quien vivió en carne propia el terror de Estado, pavimentaron el camino para que Chile saliera de su posición tradicional de observador para aspirar a convertirse en un Estado con una fuerte voz en la arena internacional, como no ocurría quizá desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, se afirma.

Fracaso en la Araucanía

En cuanto a unos de los temas más calientes del año el Informe nuevamente llama la atención sobre la falta de respuestas adecuadas para enfrentar las demandas de tierra que el pueblo mapuche levanta desde hace años, destacando el análisis del proyecto de reforma constitucional que da reconocimiento a los pueblos indígenas. Se concluye que la política del Gobierno no ha resultado exitosa y que, a pesar de esperarse lo contrario, con la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT, no se ha logrado institucionalizar canales de participación que alejen el enfrentamiento entre autoridades estatales e indígenas.

Otros temas que toca el Informe son medio ambiente, violencia contra las mujeres, protesta social y justicia militar.