Basta de migajas: Por una ley de televisión democrática

Latinoamérica avanza hacia la era de la televisión digital. Pero lo hace de manera diversa. Muchos han comenzado por definir la norma digital, tal como nuestro país. Los tres sistemas que se disputan el mercado en la región, calculado en más de 400 millones de personas son: Europa (DVB, Digital Video Broadcasting), elegido por Uruguay y Colombia; EE.UU. (ATSC), adoptado por México y, finalmente, Japón (ISDB), elegido por Brasil, Perú, Chile y hace poco Venezuela.
La gran transformación tecnológica que supone la televisión digital no se reduce a la adopción de una u otra norma técnica. En el mundo y, en América Latina, el proceso se da de la mano de una discusión profunda referente al tipo de televisión que cada país quiere construir.

La clave de la transformación de una televisión analógica a una digital, en muchos países se ha producido con posterioridad a la discusión de fondo que es modernizar y democratizar aspectos relevantes del proceso comunicativo, tal como son la libertad de expresión, el acceso democrático al espectro radioeléctrico, el derecho a la información, una normativa democrática e incluyente de todos los sectores representativos de la sociedad, exigencias de producción nacional mínima, mecanismos que eviten la concentración y el monopolio de los medios, el sentido y el rol de la televisión pública y estatal, reserva del espectro radioeléctrico para señales comunitarias, etc.

En nuestro continente el panorama es diverso. Mientras algunos países ya concluyeron esta discusión y ya poseen nuevas legislaciones, incluida la adopción de la norma técnica, en otros, como Chile, la discusión recién comienza.

Entre las naciones que ya concluyeron el proceso, destacan Venezuela, Uruguay y Argentina las que ya poseen una nueva legislación y un marco regulatorio. En estos casos, las transformaciones han incluido mecanismos de participación bastantes novedosos, como lo son la partición equitativa del acceso al espectro radioeléctrico en tres tercios: uno para la televisión pública, otro para la televisión comercial y, finalmente, la reservada para las televisoras comunitarias o locales.

Si bien cada proceso se ha desarrollado de manera particular, en todos los países ha predominado la modernización de sus legislaciones para hacerlas funcionales a los nuevos estándares digitales. Así, cada nación ha resuelto los mecanismos de discusión política y técnica para construir sus leyes, del mismo modo que los asesores pertinentes para ello. Algunos han creado comisiones abiertas, las que han incluido a los distintos representantes de la sociedad, como la de Venezuela y Uruguay. Otros, como Argentina, abrieron un proceso de discusión donde los interesados entregaron sus propuestas para la discusión legislativa. Cabe destacar que en Argentina la discusión ha sido amplia y no restringida a expertos, funcionarios de gobierno y legisladores, sino que en una especie de foro social, distintos actores se han pronunciando sobre la nueva ley.

En el caso chileno, la participación ha estado restringida y, salvo algunas universidades e instituciones que trabajan el tema de la comunicación, nadie más a sido llamado para entregar su opinión. Al revés de lo sucedido en otras naciones vecinas, donde un gran porcentaje de la sociedad ha tenido acceso a la información, en Chile, la discusión se ha desarrollado de manera focalizada y centrada en la elección de la norma técnica, más que en el tipo de televisión que el país requiere. Es por ello que el proceso experimentado difiere cualitativamente de las demás experiencias del continente.

Mientras en Uruguay, Venezuela y recientemente Argentina -incluido Ecuador, que recién comienza la discusión- se trabajó en función de crear y construir nuevas legislaciones televisivas o audiovisuales. En nuestro país la realidad es diametralmente distinta, pues se plantea una reforma a las actuales leyes.

La reforma está conformada por dos proyectos de ley; uno se refiere a la Ley 18.838, General de Televisión (1), y el otro a la Ley 19.132, sobre Televisión Nacional de Chile (2). En términos simples, lo que se propone es mantener el cuerpo de las leyes y agregar modificaciones, pero en ningún caso cambiar el actual marco regulatorio.

Fundamentalmente la transición a la era digital plantea desafíos y costos. Una verdadera Ley debe apuntar a una transformación radical en función de democratizar el espectro radioeléctrico y acabar con las concentraciones y monopolios comunicacionales, del mismo modo que asegurar el pluralismo en la propiedad de las concesiones televisivas.

Lo que plantea el Gobierno para transitar a la Televisión Digital es, como siempre, “en la medida de lo posible”, así lo demuestra el énfasis desmedido en los alcances técnicos, dejando de lado otros aspectos fundamentales, como el rol de los medios públicos, repensar un sistema comunicacional que no esté basado en el lucro, la misión del Estado como garante de la diversidad cultural y pluralismo comunicacional, responsabilidad social de los medios de comunicación, acciones para democratizar el espectro radioeléctrico, etc.

Fundamentalmente todas las propuestas y legislaciones de los países hermanos apuntan a establecer criterios y normas que reconozcan y potencien los Medios Comunitarios. La inexistencia de un trato preferente para las señales de mínima cobertura sin fines de lucro, es otra de las deudas del actual proyecto de reformas.

Lo más grave de la propuesta de la Concertación es la inexistencia de un capítulo que resguarde el patrimonio de todos los chilenos y no entregue gratuitamente parte del espectro radioeléctrico a empresas televisivas comerciales y privadas. Establecer un pago por su uso parece lo más justo, recursos que podrían utilizarse para financiar los canales comunitarios y la producción audiovisual nacional.

Desde un punto de vista inclusivo, el proyecto de reforma queda en deuda. Se optó por evitar la discusión de fondo y se privilegió la adaptación a la Televisión Digital con los mínimos costos políticos, pero con una proyección económica de enorme trascendencia. Al final lo que los medios populares necesitan es una Ley General de Comunicación y no migajas que mejoren algunos aspectos de la Ley de Radios Comunitarias, o la actual legislación televisiva.


Pablo Villagra Peñailillo
Director del Periódico El Quinto
Director Umbrales Televisión
Integrante de la Red de Medios de los Pueblos


(1) El primer proyecto corresponde a “Mensaje de S.E. la Presidenta de la Republica, con el que inicia un Proyecto de Ley que Permite la Introducción de la Televisión Digital Terrestre”. Ingresó a la Cámara de Diputados con el Boletín 6190-19, el 06/11/2008.
(2)El segundo proyecto corresponde a “Mensaje de S. E. la Presidenta de la República con el que Inicia un Proyecto de Ley que Modifica la Ley Nº 19.132 de Televisión Nacional de Chile”. Ingresó a la Cámara de Diputados con el Boletín 6191-19, el 06/11/2008.