En el año 2009 el entonces jefe de la campaña presidencial de Sebastián Piñera, hoy ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, decidió estudiar lo que él consideraba el exitoso modelo de marketing y publicidad que La Polar estaba aplicando. Los segmentos a los que la multitienda apuntaba eran los mismos donde se requería captar los votos para que la derecha ganara las elecciones, es decir C3 y C4, los estratos medios-bajos y bajos.
Varios años antes, Agustín Edwards del Río, el mayor de los hijos del dueño de El Mercurio, había desarrollado un modelo parecido para transformar al diario Las Ultimas Noticias en un “producto” orientado hacia los estratos medios-bajos, casi el mismo público al que apuntaba La Polar. Edwards y sus asesores eligieron a los habitantes de la comuna de La Florida como referencia para aplicar la iniciativa. Tanto Hinzpeter como Edwards del Río tuvieron éxito, pero con mensajes diferentes. El primero martilló con el tema de la inseguridad y la delincuencia, prometiendo mano dura y el término de “la puerta giratoria” en las cárceles; el segundo optó por la farándula y el apego editorial a los programas más simplones de la televisión.
El caso de la educación muestra similitudes a estos dos ejemplos. Desde la época de la dictadura militar y en especial desde 1990 en adelante, lo que se ha ofrecido a los mismos grupos sociales a los que se dirige La Polar y LUN es la ilusión de que pueden obtener una mejor enseñanza -accediendo incluso a la universidad- a través de la iniciativa privada. Y con ello, ser partícipes de los beneficios que para los exitosos reserva el modelo neoliberal. Así, hoy se muestra a casi un 80% de los estudiantes de todos los niveles matriculado en establecimientos privados. En el caso de la enseñanza superior, de los 940 mil alumnos de universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales, 162 mil estudian en planteles estatales, lo que equivale sólo a un 17%.
Marco Kremerman, economista de la Fundación SOL, afirmó en El Mostrador que sumando las matrículas de la Universidad de las Américas, Universidad Nacional Andrés Bello, Universidad de Viña del Mar y el Instituto Profesional AIEP, todos pertenecientes al consorcio internacional Laureate Education Inc., se contabilizan 102.591 alumnos, y si se agrega al holding Corporación Santo Tomás, controlado en 57% por el grupo económico Hurtado-Vicuña y el fondo de inversión Linzor Capital, con 63.755 alumnos, los dos conglomerados privados reúnen 166 mil estudiantes, más alumnos que todos los planteles estatales de Chile.
La realidad escolar
En el actual sistema escolar coexisten cuatro modalidades de establecimientos educacionales, según su dependencia y fuente de financiamiento:
Municipal: en su mayoría establecimientos fiscales traspasados a los municipios a principios de los 80 y que reciben subvención estatal;
Particular subvencionado: creados en 1980 para desarrollar la administración escolar y ser reconocidos como “cooperadores de la función educativa del Estado”, con recursos provenientes de la subvención estatal y cobros a los padres: financiamiento compartido;
Particular pagado: no reciben financiamiento del Estado y son administrados de manera privada, financiados con el cobro de matrículas y mensualidades; y,
Corporaciones educacionales de administración delegada: enseñanza media técnico-profesional (TP), cuya administración fue traspasada -en su mayoría- a gremios empresariales que reciben subvención del Estado.
En 2007, un año después de la “revolución de los pingüinos”, en la Región Metropolitana había 2.764 establecimientos educacionales básicos y medios, con una matrícula de 1.403.200 alumnos. Los técnicos profesionales eran 33 (1,19%) con una matrícula de 27.354 (1,94%); los municipales eran 753 (27,24 %) con 444.788 alumnos (31,93%); los particulares subvencionados llegaban a 1.653 (59,80%) con 781.887 alumnos (55,64%); y los privados eran 325 (11,76%) con 151.171 alumnos (10.76%).
Los 1.653 establecimientos particulares subvencionados eran administrados por 1.391 sostenedores, que jurídicamente se distribuían en un 40.4% de sociedades comerciales, 41,1% de personas naturales y 17,1% de fundaciones, corporaciones y congregaciones.
La subvención entregada por el Estado consiste en un pago por alumno calculado en la denominada Unidad de Subvención Escolar (USE), cuyo monto difiere según sea el tipo de enseñanza (parvularia, básica, media, adultos, etc.), nivel educacional, tipo de escuela (diurno, vespertino), región geográfica y ruralidad. El monto de la subvención varía también si el establecimiento tiene jornada escolar completa o no. El aporte mensual se calcula sobre la base del promedio de asistencia efectiva de los alumnos en los últimos tres meses. En 1993, con el propósito de aumentar los recursos escolares, el gobierno generó un mecanismo para incentivar el aporte de las familias a la educación de sus hijos, autorizando a los establecimientos de educación particular subvencionada (básica y media) y a los liceos municipales para cobrar una cuota mensual a los padres -el llamado financiamiento compartido-, sin perder la subvención estatal o rebajándola porcentualmente. A nivel nacional, el número de establecimientos particulares subvencionados creció en un 71,9% entre 1990 y 2005, mientras las escuelas municipales disminuyeron en 3 por ciento y siguen bajando.
Entre las principales diferencias de la educación municipal con el ámbito privado subvencionado destacan los vínculos laborales entre el sostenedor y los profesores; en el caso del sector municipal, los profesores se rigen por el Estatuto Docente, mientras en el sector particular la relación se rige por el Código del Trabajo. Otra diferencia se da en la selección de alumnos, que en el caso del sector público está prohibida, mientras el sector privado la ha practicado desde su origen, pese a las restricciones introducidas por la nueva Ley General de Educación, LEGE. Una tercera divergencia es la posibilidad de los privados de adherir al sistema de financiamiento compartido, tanto en enseñanza básica como en media, mientras que en la educación municipal sólo es permitido para esta última. Y una cuarta diferencia es la mayor facilidad que tienen los sostenedores para crear nuevas escuelas, versus las restricciones que enfrenta el sector municipal, sin considerar que respecto al sector particular subvencionado hay escasa información sobre los sostenedores.
Un nicho de negocios
El investigador Claudio Almonacid, doctor en educación de la Universidad Católica, entre otros, ha afirmado que la ciudadanía desconoce quiénes son los sostenedores: “Por ejemplo -dice- sabemos que un colegio puede ser ‘de Iglesia’ o de inspiración católica, pero no quiénes efectivamente administran o son dueños de ese colegio. Muchas veces, la Iglesia Católica -el sostenedor privado actual más poderoso- se vincula a sociedades, fundaciones, corporaciones o personas naturales a través de su proyecto educativo”.
Almonacid clasificó a los sostenedores en religiosos (adscritos al credo católico, seguido de las iglesias evangélicas), sociales (ligados a la beneficencia, fundaciones o empresas) y privados (desglosados en particulares y en sociedades).
Desde los 90, hubo una expansión de sostenedores que no provenían de los ámbitos educativos. Aparecieron ingenieros, abogados, comerciantes, contadores y otros de múltiples oficios. Se había creado un nuevo “nicho de negocios” y era una nueva oportunidad de conseguir ganancias. A mediados de los 2000 ya existía una sobreoferta de colegios en comunas “emergentes” como La Florida, Puente Alto, Peñalolén, Maipú y otras. Pero en las zonas rurales aisladas la oferta era nula, a ningún sostenedor le convenía abrir allí una escuela.
En 2007 cerca de la mitad de los sostenedores, es decir, 46% de las personas naturales y 55% de los miembros de sociedades sostenedoras participaba en sociedades comerciales, destacándose entre ellas las educacionales, de comercio de productos, de transportes, de servicios financieros y las inmobiliarias. Mientras muy pocas personas naturales concurrían en más de tres sociedades comerciales (sólo el 5%), los socios de sociedades sostenedoras figuraban frecuentemente en cuatro, cinco y hasta 17 sociedades (casi el 30%). (Al respecto, ver el estudio “Gubernamentalidad y provisión educativa privada en Chile. Reflexiones a partir de la identificación de la propiedad y dinámica de la oferta educativa privada en la Región Metropolitana”, en http://www.opech.cl/inv/analisis/sostenedores_domeyko_final.pdf.).
En ese trabajo, los investigadores detectaron que existía una concentración de la propiedad de los establecimientos bastante mayor a la aparente. Se encontraron: a) Personas naturales sostenedoras que también estaban en sociedades educacionales sostenedoras; b) Sociedades educacionales sostenedoras distintas, cuyos socios eran los mismos o con pocas variaciones; c) Sociedades educacionales sostenedoras distintas, compuestas cada una por una familia, que compartían entre sí uno o más socios o constituían, en conjunto, una sociedad mayor; d) Fundaciones y corporaciones educacionales sostenedoras cuyos socios también figuraban en sociedades educacionales sostenedoras o en otras fundaciones o corporaciones o redes de las mismas.
También observaron una tendencia de los sostenedores a modificar su figura legal a lo largo del tiempo. Por ejemplo, convertir sociedades de responsabilidad limitada en sociedades anónimas, personas individuales en sociedades o empresas individuales de responsabilidad limitada, o una tendencia a reemplazar las figuras jurídicas por fundaciones y corporaciones. Tanto las sociedades anónimas como las fundaciones y corporaciones invisibilizan a sus socios o participantes. Una fundación o corporación, por otra parte, tiene la ventaja de no exponerse públicamente como una organización cuyo fin es el lucro.
Licuando las ganancias
Roberto Molina Viveros, profesor de historia de la educación, ha explicado que desde el siglo XIX hasta 1989, el título de “sostenedor de establecimiento educacional” correspondía a un particular o una sociedad sin fines de lucro que gastaban dinero para “sostener” un colegio. Era un título digno y unos y otros colaboraban con la función educacional del Estado, sosteniendo a su costa, colegios y escuelas. A cambio, recibían cierta ayuda estatal para cubrir parte de los costos. Así, el sostenedor aportaba fondos al sistema educacional y se le concedía, en tanto, la posibilidad de tener una cierta influencia ideológica en los niños que formaba, aunque debía ceñirse estrictamente a los planes y métodos establecidos por el Ministerio de Educación, quien lo controlaba a través de inspectores.
Desde la dictadura militar y particularmente en los gobiernos de la Concertación, el sostenedor pasó a ser sostenido por su o sus colegios. No sólo no aporta dinero al sistema escolar, sino que saca dinero, sea como utilidades o designándose director. Y si no tiene título pedagógico se nombra gerente del colegio y se asigna una remuneración millonaria, con lo que esos dineros pasan a ser “gastos operacionales” del colegio. También se usa nombrar a toda la familia y amigos en cargos financiados con la subvención estatal.
El profesor Molina Viveros agrega que otras fuentes de lucro de los nuevos sostenedores son: captación de los fondos que el Mineduc entrega para construcción de infraestructura o para adquisición de equipamiento escolar; venta obligatoria a su mercado cautivo -alumnos y apoderados- de uniformes, artículos escolares con logo, poleras, buzos de gimnasia, etc.; captación de los aportes de sus centros de apoderados y centros de alumnos, los que trabajan gratis para conseguir computadores, equipos audiovisuales, materiales didácticos, laboratorios, reparación de infraestructura y otros gastos que debieran asumir los sostenedores.
Un estudio efectuado por Dante Contreras, investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, precisó que del total de colegios subvencionados, un 60% obtiene ganancias, o sea lucra. Entre ellos destacan la familia Hormazábal Calderón, dueña de 15 colegios H.C. Libertadores; Filomena Narváez, propietaria de ocho establecimientos -con nombre en inglés- avaluados en cinco mil millones de pesos y de la Universidad Iberoamericana de Ciencias de la Información; Víctor Aguilera, que posee varios colegios, cinco de los cuales están en una fundación en la que dice no obtener ganancias; y la familia Romo, donde entre padres, tíos, hijos y sobrinos suman 15 colegios dispersos entre Recoleta, Quilicura e Independencia.
En 2005, el Mineduc tenía apenas 38 inspectores para fiscalizar los 2.357 colegios subvencionados en la Región Metropolitana. A lo más, podían inspeccionarlos una vez al año. Así y todo, aquel año, a través de multas y devoluciones de dinero, los sostenedores encausados debieron reembolsar 1.165 millones de pesos.
Los métodos para cobrar irregularmente la subvención son varios. Dado que la plata estatal se entrega en función de la efectiva concurrencia de los niños a clases, una de las faltas más comunes es la adulteración de libros de asistencia. Otra es la contratación de profesores sin título o, derechamente, menos docentes de lo que se indica en la planta. También hay una cantidad enorme de horas pagadas por el Estado por clases que jamás se hicieron.
Un fiscalizador recuerda que en algunos años de la década del 2000 en todo Chile se registraron dos millones de horas de clases pagadas y no realizadas. Por hora de clase el Estado pagaba entonces 10.300 pesos, en promedio. En los 90 los inspectores eran cerca de 400, pero la Ley de Presupuesto puso obstáculos para llenar el cupo de un inspector que jubila o muere.
En la captación de alumnos los sostenedores emplean técnicas similares a las usadas por las grandes tiendas y el retail, donde la apariencia es lo principal. Vistosas fachadas y engañosa publicidad seducen a padres y apoderados que buscan una “buena” educación para sus hijos. La realidad, sin embargo, suele ser diferente
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 740, 19 de agosto, 2011
Observatorio Político
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