CONCLUSIONES DEL Congreso Nacional de Educación, USACH, 4 y 5 de Septiembre de 2009.

I. INTRODUCCIÓN
A mediados de los ochenta, durante la dictadura militar, se inició el periodo de mayores retrocesos y de crisis de la educación en Chile, lo que se mantiene vigente hasta el día de hoy.
Se impulsó un proceso de privatización de los colegios, a través del paso intermedio de su municipalización o el traspaso directo a particulares, y las universidades nacionales fueron reducidas por medio de su regionalización. El financiamiento público de las instituciones educativas estatales se redujo drásticamente, sin que hasta ahora se hayan podido recuperar, y en el Sistema Escolar se introdujo la concepción del subsidio a la demanda con la nefasta subvención escolar. La comunidad educativa sufrió los efectos de una represión extrema, La participación de los actores sociales fue violentamente suprimida, concentrando la gestión educativa en las manos exclusivas de los funcionarios y autoridades de turno: ministros militares, alcaldes y rectores designados por la Junta Militar, los que ejercieron su poder con una clara función de control social y político, situación que se prolongó hasta el año 1991.

La culminación de este proceso fue una ley de amarre, la Ley Orgánica Constitucional de Educación, LOCE, promulgada horas antes que asumiera el gobierno democrático, bajo los lineamientos de la Constitución impuesta en 1980: el Estado Subsidiario y el rol rector del mercado, que impiden el ejercicio efectivo de los derechos educativos para toda la Sociedad.

Durante todo el período transcurrido nunca se dejó de manifestar hasta ahora una activa resistencia y oposición a esta inaceptable política. La movilización de los estudiantes secundarios el 2006, logró poner finalmente este tema en la agenda política para poder producir los cambios urgentes y necesarios.

Sin embargo, pese a lo impactante del movimiento estudiantil las esperanzas que todos abrigaron sobre la oportunidad para avanzar en cambios de fondo en la política educacional, éstas se vieron frustradas cuando el gobierno y la oposición de derecha suscribieron un acuerdo en el Congreso, que en los hechos perfecciona la educación de mercado, con la aprobación de la Ley SEP (Subvención Escolar Preferencial), LGE y otras tantas, y mantiene inalterable toda la normativa sobre Educación Superior.

Incluso más, en vez de revertirse la grave situación existente se pretende profundizar la destrucción del Ministerio de Educación y trasladar funciones claves del Mineduc al mercado.

Por eso, organizaciones sociales de profesores, estudiantes universitarios y secundarios, funcionarios del Ministerio de Educación, padres y apoderados, trabajadores y académicos de las universidades, de los jardines infantiles y asistentes de la educación; también partidos y militantes políticos de distinto signo y de diferentes instituciones del pensamiento y la cultura, de nacionalidad chilena, y los pueblos originarios; en suma, gente de todas las generaciones, regiones y diversidad nacional, decimos NO a este intento de escamotear el logro de la movilización estudiantil y profundizar las políticas de mercado en la educación.
Impulsamos desde la Sociedad Civil organizada, el movimiento estudiantil, del magisterio, funcionarios, el movimiento sindical, un proyecto que contó con la simpatía y la adhesión de gente común y corriente que quiere participar, que tiene algo que decir, pero que es excluida de las decisiones que antes tomaban los comandantes en jefe de las FFAA y que hoy en día adoptan un puñado de personas ligadas a los poderes fácticos que siguen gobernando.

Ese proyecto cristalizó con un Congreso Nacional de Educación que culminó los días 4 y 5 de septiembre en la USACH, comenzando un proceso que ya no tiene vuelta atrás. Las líneas que van a continuación son las conclusiones surgidas de los debates efectuados en los congresos regionales en todo el país y las expresadas por los 2.000 representantes reunidos en Santiago, a comienzos del Mes de la Patria.
En el evento se expresó la voluntad inequívoca de construir un gran movimiento nacional por el derecho a la educación, por la recuperación de la educación pública, orientada a profundizar la democracia, los derechos personales, civiles, políticos, sociales y culturales de los ciudadanos. En construir un compromiso entre el Estado y la Sociedad Civil, que haga de éste un Estado de bienestar, humanista, democrático, activo, pluralista y solidario.

El presente documento es pues el resultado de la discusión de la movilización estudiantil, del magisterio, de padres y apoderados, funcionarios del Mineduc, las municipalidades, de los colegios, jardines infantiles y universidades; de los congresos regionales de educación, que suman miles de horas de discusión; del enorme esfuerzo que congregó durante meses a miles de personas a lo largo y ancho del país; de eventos y asambleas nacionales de cada una de nuestras organizaciones; de la discusión triestamental que se dio en las universidades; y finalmente de una plenaria nacional que congregó a dos mil delegados electos, provenientes de todo Chile y representativos de diferentes sectores etarios, sociales, culturales y políticos.

En él presentamos las ideas fundamentales para la construcción de una nueva educación que supere el paradigma neoliberal, el dogmatismo del mercado, la competencia desenfrenada y el individualismo radical.

En suma, es un intento por contribuir a crear e impulsar un gran proyecto nacional que movilice el pensamiento, la voluntad, los sentimientos y la acción de la población, en pos de cambios profundos de la educación del país para rescatar la educación pública y la sintonice con los valores de justicia, igualdad, democracia, humanismo, laicidad, libertad y participación de los cuales hoy carece y le impiden aportar al desarrollo de las personas, la Sociedad y el País.



II. CONCLUSIONES.

I. Recuperación de lo Público, tarea urgente.

El neoliberalismo es una política cultural. Concibe un tipo de ser humano disociado de su entorno, solitario, y cuya única finalidad en la vida es producir y consumir. Su concepción de lo público no es más que la suma de estas individualidades alienadas, en una carrera desbocada por producir y que compiten entre sí.

Para esta concepción neoliberal, la educación es responsabilidad de cada individuo, de cada familia, no de la Sociedad.

En una Sociedad tan desigual, por la injusta distribución del ingreso, por la diversidad cultural y social, por las características de nuestra geografía, es obvio que las posibilidades de desarrollo educativo y cultural, no serán iguales para todos y todas.

Sin recuperación de la educación pública no habrá más equidad en la educación. Para ello, la definición jurídica de la educación pública debe considerar que:

1) La educación pública cumple una misión nacional, está al servicio de sus personas, del país y su proyecto de desarrollo. El que debe ser humanista, nacional, laico, social y democrático.
2) Debe estar al servicio del bien común y el bienestar social, comprendido en éstos la diversidad de contextos culturales, económicos, sociales en que se desarrolla.
3) La educación pública debe responder a la formación de un tipo de ciudadano pleno e integral, considerando las características sociales, históricas y culturales de nuestro país, Latinoamérica y el Mundo.
4) La educación pública debe formar seres humanos críticos, creativos y transformadores, que crezcan en su autoconocimiento y su rol dentro de la Sociedad y no solamente en el ámbito de lo cognitivo.
5) La educación pública debe formar en valores como la cooperación, la tolerancia, el respeto por el medioambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de nuestra Sociedad.
6) La educación pública debe ser democrática, tanto en su sentido, concepción y diseño, como en su gestión, administración, evaluación y normas de convivencia interna.
7) La educación pública debe responder a las realidades, necesidades e intereses de toda la población, no a proyectos particulares, sean estos de índole doctrinaria, religiosa, política, social o cultural; éstos son los que justifican la educación privada.
8) La educación pública, por lo tanto, debe ser pluralista y laica, lo que se debe expresar en el diálogo como base pedagógica, integradora de la diversidad y debe garantizar la participación y la intervención de todos sus estamentos.


II. Una Nueva Constitución e institucionalidad normativa, necesidad imprescindible para mejorar la educación.

Una de las transformaciones más importantes que ha traído consigo el neoliberalismo, es la separación cada vez mayor de la Sociedad y el Estado, el que se pone al servicio de los intereses del empresariado y el mercado. El rol subsidiario del Estado es lo que expresa esta situación. El Estado ya no tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del derecho a la educación.

Una estrecha concepción de la Libertad de Educación es la otra cara de la medalla de este rol subsidiario del Estado. La Libertad de Enseñanza, que no es lo mismo que la libertad de educación defendida en el siglo XX, es el principio por medio del cual la educación se transforma en un deber de las familias y solo un mero servicio que puede ser entregado, tanto por el Estado como por una institución privada, ¡pero financiada por todos!. La educación se transforma así en una mercancía más.

El Congreso concluyó que todos los esfuerzos por mejorar la educación se han estrellado ante esta realidad, al continuarse dentro de los marcos del este Estado Subsidiario, que deja a la población abandonada al mercado, haciendo abstracción de las enormes inequidades sociales y económicas existentes. Por esta razón se afirmó que es necesario:

1) Cambiar la Constitución que actualmente nos rige, para terminar con el rol Subsidiario del Estado y reemplazarlo por un Estado garante efectivo del derecho a la educación.
2) Convocar una Asamblea Constituyente que de forma a una nueva Carta Fundamental que profundice la democracia y el bienestar social, para lo cual se propuso la instalación de una Cuarta Urna en las elecciones de diciembre próximo, para consultar a la ciudadanía acerca de su convocatoria.
3) Consagrar explícitamente en la nueva Constitución la obligación del Estado de garantizar en forma efectiva el Derecho a la Educación.
4) Establecer, la obligación del Estado de proveer un sistema de su propiedad, que abarque desde la educación preescolar, hasta la educación superior, que debe ser la columna vertebral del sistema educacional.
5) Reconocer en la nueva Constitución la comunidad educativa y el derecho a la participación de todos sus actores sociales.
6) Reconocer en la nueva Constitución el carácter plurinacional y multiétnico del Estado de Chile, así como los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos originarios.
7) Retornar al Estado los colegios traspasados a las municipales y los establecimientos con administración delegada, para ser administrados en forma descentralizada por instancias provinciales del Mineduc, con la participación de la Comunidad Educativa.


III. Nuevo marco regulatorio

Las políticas impulsadas en los últimos treinta años, han tenido un efecto indesmentible: la destrucción del Sistema Nacional de Educación. Lo que existe hoy en día es un mercado de servicios educativos.

Ello, ha traído consigo una enorme segmentación e inequidad en la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes. Desarticulación territorial de la educación y debilitamiento de su unidad, coherencia y carácter nacional; segmentación cultural; crecimiento anárquico de fragmentos del sistema, todo lo que genera efectos funestos: gran deserción, empobrecimiento curricular y rendimiento educativo, carreras sin campo laboral, profesionales con grandes desniveles de formación.

En resumidas cuentas, la incorporación creciente de niños y jóvenes al sistema de educación formal, uno de los logros que no se cansan de repetir los partidarios del sistema, no ha traído consigo mejorías pedagógicas, mayor integración y movilidad social, sino una profundización de la segmentación social y las inequidades, ahora en el plano simbólico y de la cultura. Por ello se acordó:

1) La construcción de un Sistema Nacional Integrado de Educación. que de posibilidades de desarrollo cultural a lo largo de la vida, con flexibilidad para transitar de un nivel y modalidad a otra y que garantice continuidad de estudios a todos y todas desde el nivel parvulario hasta la educación superior, como también la educación continua del conjunto de la población.
2) La gratuidad, la obligatoriedad y universalidad de la educación deben estar reconocidas jurídicamente y aseguradas las condiciones para su cumplimiento en el sistema público de educación, tanto en el marco regulatorio como en las leyes que lo complementan.
3) Lo anterior demanda el fin de la subvención escolar, el financiamiento compartido y toda forma de pago de los padres y apoderados, y la instauración de un nuevo sistema de financiamiento de los colegios del Estado, para asegurar una educación de excelencia a toda la población.
4) Los colegios privados no contarán con apoyo económico del Estado, a menos que aseguren su no lucro, educación gratuita, sin selección y cumplan todas las condiciones pedagógicas, técnicas, administrativas y económicas que se establezcan, para lo cual el Estado deberá fiscalizar su estricto cumplimiento.
5) El Ministerio de Educación deberá ser fortalecido en sus atribuciones, estructura, recursos y personal para poder cumplir su misión, roles, funciones y tareas.
6) Sus funciones principales serán de orientación, dirección, financiamiento, evaluación, información, planificación, gestión, administración, fiscalización, asesoramiento y apoyo pedagógico al sistema educacional, para que el Estado pueda cumplir con su rol de garante efectivo de los derechos educativos de toda la población, que hoy no puede efectuar y la normativa educacional.
7) Retornar al Estado los colegios traspasados a las municipales y los establecimientos con administración delegada, para ser administrados en forma descentralizada por instancias provinciales del Mineduc, con la participación de la Comunidad Educativa.
8) El Ministerio de Educación, tanto en su estructura nacional como regional y provincial, ejercerá sus atribuciones incorporando en su quehacer la participación de la comunidad educativa.
9) En las normas legales quedará expresamente establecido la prohibición de lucrar con fondos públicos en todos los establecimientos educacionales financiados por el Estado, así como la obligación de otorgar matrícula a todo estudiante que lo requiera.
10) El derecho a la participación y su capacidad resolutiva de la comunidad educativa en la generación, puesta en práctica y evaluación de las políticas públicas en educación estará establecido en todo el sistema educacional financiado por el Estado, especialmente en las atribuciones de los Consejos Escolares y órganos triestamentales de Gobierno Universitario.
11) El Estado brindará un tratamiento preferente a las universidades de su propiedad para que éstas efectivamente cumplan la destacada misión nacional que sirven.
12) En el nuevo marco institucional de la educación se asegurará la unidad, coherencia, articulación y continuidad entre el sistema de educación superior, el sistema escolar, preescolar, dentro de los principios y la educación continua.
13) Esto demandará revisar la malla curricular, fortalecer las áreas de la convivencia y el desarrollo bio-psicosocial de infantes, niños, jóvenes y adultos, la formación cívica y la participación social democrática.


IV. El financiamiento de la educación.

El financiamiento de la educación debe garantizar no solamente el funcionamiento del sistema, sino también la igualdad de oportunidades, la integración y el derecho a la educación de todos y todas. En Chile, el financiamiento de la educación descansa fundamentalmente en el gasto de las familias. El aporte del gasto fiscal es uno de los más bajos del mundo. En los últimos veinte años, ni siquiera se han recuperado las tasas históricas de inversión del Estado en educación existente en 1973.

En un país calificado como emergente, pero de los más desiguales del mundo como el nuestro, esto se expresa en que el financiamiento es siempre insuficiente para cubrir las necesidades de una educación de calidad integral y equitativa, pues la educación que reciben las familias depende de su capacidad para invertir en ella.

Por ello se sostiene que:

1) Chile necesita un nuevo tipo de financiamiento de la educación pública, que ponga fin al aporte de las familias y acreciente en forma progresiva el aporte fiscal hasta llegar al 7% del PIB, como recomienda la UNESCO.
2) Esto implica terminar con los principios de subsidiar la demanda y el autofinanciamiento, terminando con el sistema de subvención por asistencia media mensual en la educación escolar de propiedad pública y el autofinanciamiento de las universidades estatales.
3) El financiamiento estatal debe cubrir las necesidades basales de las instituciones de educación pública: administración, dirección, docencia, apoyo pedagógico, materiales educativos, infraestructura, equipamiento y asistencialidad escolar; corregir las desigualdades existentes en las distintas comunidades y financiar proyectos elaborados por la comunidad educativa que requieran aportes especiales.
4) El financiamiento debe considerar los presupuestos en base a territorios geográficos especificados y las necesidades del proyecto de desarrollo educativo nacional. En el caso de las universidades estatales, se deberá considerar su proyecto institucional, resuelto en forma democrática y participativa y las necesidades que de él se deriven.
5) La educación pública debe garantizar la gratuidad para todos estudiantes que lo requieran, en el caso del sistema de educación superior, y la supresión del financiamiento compartido en la educación escolar.
6) Se establecerá la prohibición de lucrar con fondos públicos, para lo cual se deberá realizar una estricta fiscalización con participación de la comunidad, tanto en lo que se refiere a la rendición de cuentas como a la definición del uso de los recursos fiscales.
7) Toda otra fuente de financiamiento, como donaciones, prestaciones de servicios y otras, deberán ser reglamentadas.
8) Para financiar la educación se requerirá una reforma tributaria que disminuya la proporción de impuestos indirectos y aumente los impuestos a las empresas. Además, se considerará la utilización de recursos provenientes del cobre, para lo cual se hace imprescindible su renacionalización; mientras tanto, se deberá utilizar ingresos provenientes del royalty, como de otras fuentes de divisas provenientes de los recursos naturales no renovables del país.


V. La calidad de la educación.

Todo el país está preocupados por la crisis de la educación, pues las políticas neoliberales la han llevado a una desastrosa situación.

Todo el sistema escolar, tanto público como privado, se encuentra por debajo de los indicadores internacionales con los que el propio sistema se mide. El nivel de logros medido en las pruebas estandarizadas nacionales, utilizadas como indicadores del mercado, se encuentra estancado.

Las políticas privatizadoras, la desarticulación del sistema educacional, y la minimización del rol del Estado, han originado un aumento de la inequidad y empobrecido la calidad de la educación. La promesa del neoliberalismo en 1981, en las “Siete Directivas Presidenciales”, que su sistema traería mayor calidad al sistema educativo, ha fracasado. El Congreso de Educación concluyó que sin integración, rescate de la educación estatal y efectiva igualdad de oportunidades, no habrá mejoramiento de la calidad de la educación. Por tanto, se acordó:

1) Discutir y proponer un Proyecto Educativo Nacional para el Siglo XXI, generado con la legitimidad de las ideas, aportes y participación de la Comunidad Educativa y la Sociedad Civil.
2) Este proyecto se debe enmarcar en un acuerdo patriótico nacional, similar al suscrito en el año 1920, que contribuya al desarrollo de un sistema nacional de educación crecientemente democrático. El simbolismo del bicentenario nos otorga una oportunidad muy propicia para este gran esfuerzo nacional.
3) El problema de la calidad de la educación se debe enfrentar desde una mirada sistémica y pedagógica, centrada en el desarrollo humano y social, distante del actual enfoque instruccional, tecnocrática e instrumental.
4) Se deben reformular los objetivos y contenidos educacionales para hacer del currículo un camino efectivo de generación de comunidades de aprendizaje en los jardines infantiles, escuelas, liceos, centros de formación técnica, institutos y universidades.
5) Las universidades estatales que poseen formación inicial docente se deben fortalecer y contar con un sistema de apoyo y retroalimentación en el Sistema Escolar y el Ministerio de Educación.
6) Se debe reconocer y estimular el carácter público de la investigación científica y tecnológica, el conocimiento de punta efectuado por las universidades, incentivando que sus políticas de investigación y extensión guarden correspondencia con las necesidades educativas, culturales y de desarrollo del país.
7) Los principios de libertad de cátedra y autonomía profesional de los docentes del sistema universitario y escolar serán garantizadas.
8) El Sistema de Educación Superior se debe regular y planificar, estableciendo orientaciones y objetivos de acuerdo al Plan Nacional de Educación, una oferta académica y de matrícula acordes con el Proyecto País generado democráticamente por toda la Sociedad.
9) Se deberá elaborar una política docente que considere carrera profesional y mejoramiento de las condiciones necesarias para su pleno ejercicio, que considere la disminución del número de horas en aula, otorgando más tiempo para la planificación y la reflexión pedagógica; menos alumnos por curso y un perfeccionamiento de relevancia y permanente a cargo del CPEIP del Mineduc.
10) Las condiciones necesarias para que todos los trabajadores y trabajadoras de la educación -profesionales, técnicos, administrativos y de servicio- deben quedar establecidas y aseguradas, para que puedan desempeñar adecuadamente y con trato digno sus funciones, en el marco del reconocimiento del interés nacional y el carácter público de las relaciones contractuales y el mejoramiento continuo de sus condiciones de empleo, laborales, sociales y de salud.
11) Debe estructurase una red de jardines infantiles enmarcada en el reconocimiento y la garantía de una política de Estado, para la primera infancia, que garantice el derecho al acceso universal a la educación integral inclusiva, sin segmentación social de todos los párvulos desde la cuna, lo que requiere la extensión y el mejoramiento de los jardines infantiles del Estado, la contratación de personal técnico y profesional adecuado y con personal de apoyo de distintas especialidades necesarias para este nivel educativo.
12) El uso de los instrumentos de medición de la calidad de la educación y su mercado deben ser revisadas profundamente en sus fundamentos, diseño y características. Especialmente en cuanto a los distintos dominios del aprendizaje a evaluar, no sólo lo cognitivo. Su empleo debidamente referenciado y aplicado con prudencia pedagógica es un importante instrumento para la evaluación de la política educativa pública.
13) Se debe garantizar la educación a lo largo de la vida, dando posibilidades para la reinserción en el sistema formal y la educación de los adultos mayores.
14) La calidad de la educación es un gran desafío, a enfrentar en el nuevo desarrollo de la educación técnico-profesional. La formación universitaria no es la única finalidad de la educación. En consecuencia, la educación técnica de nivel medio y superior debe experimentar un gran desarrollo, en sintonía con las necesidades del Proyecto País que se defina por el conjunto de la Comunidad Nacional.
15) La educación técnica del sistema escolar debe estar articulada con el Sistema de Educación Superior y el Sistema de Capacitación Permanente del Estado.
16) Se debe hacer de los medios de comunicación un importante instrumento de apoyo del sistema educacional, legislando respecto de su responsabilidad educativa para que sea coherente y consistente con el desarrollo del curriculum educacional.


VI. La construcción de un Movimiento Nacional por el derecho a la educación.

Las propuestas que se presentan serán solamente realidad en la medida que el mundo social haga que el país efectúe un giro radical a las políticas actuales. Ello será posible en la medida que se abran espacios de participación para la Sociedad, se ponga fin a la exclusión y al monopolio de los tecnócratas de la definición de las políticas públicas. El primer paso ya se dio, con la realización del Congreso Nacional de Educación.

Los compromisos que se suscribieron en los debates y acuerdos fueron la unidad de las organizaciones que concurrieron, la defensa y promoción de las propuestas elaboradas. Se acordó exigir del Estado, de las autoridades de gobierno y parlamentarias, la generación de condiciones para que la participación sea uno de los pilares de la nueva educación, la educación que Chile necesita. Para ello se propone:

1) Cambiar la Constitución Política del Estado y poner fin al sistema electoral binominal y su reemplazo por uno proporcional, y que los dirigentes sociales puedan ser candidatos al Parlamento y que éste sea expresión efectiva de la diversidad social, ideológica, política, cultural y étnica de la Nación.
2) Abolir las leyes dictadas últimamente en el ámbito educativo (LGE, SEP y otras) y retirar las que se encuentran en el Congreso, para someterlas al escrutinio y aporte de toda la Sociedad. Es decir, que en la elaboración del nuevo marco regulatorio esté presente la participación de la comunidad educativa, así como en los órganos de decisión de la política educacional (especialmente en el Consejo Nacional de Educación).
3) En la malla curricular se contemplarán objetivos y contenidos propios de la formación ciudadana, derechos humanos y educación cívica.
4) En el Sistema de Educación Superior se reconocerá jurídicamente la triestamentalidad.
5) Se fortalecerán todas las instancias de participación social como la Comunidad Escolar, instancias paritarias, Consejos Escolares, Centros de Padres, Madres y Apoderados, entre otros.
6) Acuerdos especialmente relevantes son la conformación de un Movimiento Nacional por la Educación, que hemos denominado Educación en Movimiento, en el que se llama a participar a todas las organizaciones sociales que estén ligadas en forma directa o manifiesten interés y compromiso con la educación del país.
Avanzar hacia la conformación de un Consejo Nacional de Trabajadores de la Educación, que recupere el espíritu del SUTE (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, como existía en Chile hasta cuando fue abolido por la dictadura en 1973), luche por los objetivos que surgen de la crisis del neoliberalismo y pugne por su reemplazo.
7) Por último, se acordó difundir los acuerdos del Congreso de Educación; llamar a una consulta nacional a toda la ciudadanía, para que se manifieste sobre estas propuestas, e interpelar con estas ideas y propuestas a los candidatos presidenciales y parlamentarios.
VII. Propuestas inmediatas.
El estado actual de crisis de la educación no resiste más experimentos. Sin cambios de fondo en la política pública que pasan por redefinir el rol del Estado; un marco regulatorio de la educación que de cuenta de las definiciones de una educación pública de calidad para todos y todas; cambios radicales al sistema de financiamiento de la educación; sin la construcción de un Sistema Nacional de Educación, no va a haber más equidad en el sistema ni mejoramiento de la calidad de la educación.

La crisis no puede seguir esperando. En lo inmediato se propuso:

1) El congelamiento de la tramitación de la Ley de Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación en el Parlamento.
2) Incorporar las propuestas del Congreso Nacional de Educación en los proyectos de ley en trámite y en las leyes promulgadas, para lo cual estas deberían ser retiradas o derogadas.
3) Eliminación de la PSU e impulsar una discusión nacional sobre un nuevo sistema de selección universitaria, incorporando el sistema de bachilleratos y propedéutico, considere el comportamiento escolar de los estudiantes durante la enseñanza media y corrija los negativos efectos en el ámbito educacional de la desigualdad y la segregación social existente.
4) La construcción de un Tecnológico Nacional de propiedad del Estado.
5) La desmunicipalización de la educación de propiedad del Estado, retornando al Estado los colegios traspasados a las municipales y los establecimientos con administración delegada, para ser administrados en forma descentralizada por instancias provinciales del Mineduc, con la participación de la Comunidad Educativa.
6) La eliminación del impuesto al libro.
7) La derogación de la ley SEP.
8) La evaluación de la JEC y su corrección en términos de uso del mayor tiempo de los niños y jóvenes en la escuela y sus falencias en términos de infraestructura educativa.
9) Fiscalización profunda del uso de los recursos que el Estado ha traspasado a los privados y al cumplimiento de la legalidad vigente.
10) La implementación de una carrera docente, incluida en ella la evaluación del desempeño, que privilegie aspectos como la docencia, la investigación, la experimentación y la reflexión pedagógica, por sobre la mera instrucción.
11) Elaboración de un Estatuto de los Asistentes de la Educación, que regule sus deberes y derechos.
12) Derogar el Decreto 565 que regula el funcionamiento de los Centros de Padres y Apoderados de los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado y generar un nuevo cuerpo normativo que actualice, democratice y fortalezca de este estamento de la Comunidad Educativa.