Derechos Humanos: Cuando el abuso de poder nos hace perder el juicio. Fernando Lira Haquin

En los próximos meses, tendremos ocasión de presenciar el desarrollo de un caso inédito en nuestro país. Se trata del enjuiciamiento de 19 comuneros mapuche donde, la fiscal Regional del Bío Bío Sra. Ximena Hassi Thumala, intentará demostrar la participación en diversos delitos bajo la figura de Asociación ilícita terrorista, hechos ocurridos en octubre de 2008 en Puerto Choque, cerca de Tirúa en la VIII Región, lugar donde un grupo mapuche ofreció resistencia a las incursiones de fuerzas especiales encabezadas por el fiscal Mario Elgueta, y en donde afortunadamente no hubo víctimas que lamentar. La mayoría de los fundamentos de la acusación se basan en declaraciones de más de 100 funcionarios de carabineros y de PDI y una treintena de testigos sin rostro.

¿Y qué novedad más tiene este caso?
La novedad es que las penas que pidió la fiscalía para este grupo van desde 102 años para uno, 70 para otros, 60, 45 y 30 para otros. Para demostrar la culpabilidad de los imputados presentará 36 testigos sin rostro y 198 testigos presenciales, de ellos más de 100 son funcionarios policiales. Demás está decir que en nuestro país, ni en tiempos de dictadura la justicia presentó tamaña maquinaria judicial para condenar a sus opositores.

¿Qué esta sucediendo entonces?
Sucede que algo no está bien. Sucede que ante la falta de evidencias y bajos estándares de prueba, el Ministerio Público busca impresionar al Tribunal de Cañete con un desfile de testigos y peritos, con enormes expedientes y con más kilos de expedientes que evidencias condenatorias, a la vez que intentará justificar los dos años de investigación y los millonarios recursos gastados en la Operación Bío Bío.

Demuestra también la ansiedad de la fiscalía por obtener condenas ejemplificadoras que desincentiven la movilización que por años lleva adelante el pueblo mapuche tras sus demandas territoriales, ansiedad provocada por la presión que se ejerce desde el poder económico de la región con el respaldo del poder político central. Sin lugar a dudas, nos encontramos frente a un juicio político inserto en un marco de criminalización, parte de la estrategia de pacificación judicial y represiva que se ha venido instalando desde los gobiernos de la concertación y que en los últimos años, ha dejado como resultado víctimas fatales y un gran número de heridos algunos con secuelas de por vida, más de 50 presos políticos mapuche, muchos de ellos con prisión preventiva de más de dos años, infinidad de comuneros con penas remitidas, el ataque y persecución a niños y el daño sicosocial instalado en la comunidad mapuche.

Esta estrategia se amplía y extiende a la mayoría de los juicios en desarrollo contra comuneros mapuche en la Araucanía. La figura de asociación ilícita terrorista entrega al Ministerio Público, antes de comprobarse la inocencia o culpabilidad del imputado, el privilegio de mantener en secreto la investigación, a mantener en prisión preventiva a su acusado hasta dos años, el uso de testigos sin rostro y una serie de excesos que restringen los derechos del imputado y afectan su legítima defensa. Esta aberración jurídica, nos lleva al absurdo que usted, por ejemplo, podría ser acusado por robo, homicidio frustrado y atentado a un fiscal, por el solo hecho de encontrarlo en actitud sospechosa con una gallina bajo el brazo. Esta acusación será investigada bajo el marco de la Ley Antiterrorista, y la fiscalía hilvanará una serie de presunciones y hará desfilar por algún Tribunal a un grupo de funcionarios policiales y testigos sin rostro, declarando al unísono haberle escuchado decir, que con el producto de la venta de la gallina robada usted compraría una escopeta con la que cometería el atentado. Si se acompañan algunos peritajes de huellas, telefónicos y planimétricos, incluso se podrá vincular a algunos amigos suyos y configurar una asociación ilícita con gallina incluida. Ni hablar si detrás de este caso está metida la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), porque usted y sus amigos, podrían aparecer asociados a grupos de extrema izquierda y al terrorismo internacional.

Particularmente creo en la justicia, aquella que imparten los hombres justos. Y estaré de acuerdo que se persigan responsabilidades donde las hay, pero jamás estaré de acuerdo en que se configuren responsabilidades donde no las hay, menos aún venidas del aparato de justicia y del poder político, quien tiene la obligación de proteger los derechos de las personas y un debido proceso. Podemos entender que la prensa funcional a los poderes de la zona, criminalice y declare culpables a priori a los imputados, pero es inaceptable que la propia justicia tenga licencia para encausar y condenar a personas sin respetar su legítimo derecho a ser considerado inocente hasta que se pruebe lo contrario.

Y cuando hablo de justicia hago una salvedad, puesto que esta licencia la esgrime el Ministerio Público abusando del poder que representa, porque debemos reconocer que en muchos casos han tenido que ser los jueces quienes han corregido estos desmanes, como en el caso del juicio reciente en contra de Elena Varela, de Kenny Sánchez y Sergio Reyes quienes quedaron en libertad luego de dos años de prisión, por orden del Tribunal de Villarrica por falta de pruebas condenatorias. Esperemos que en este caso de Cañete ocurra lo mismo.

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