Concertación y Empresariado, la renovación de una vieja alianza.

A fines del año 2008, el impacto de la crisis del capitalismo global y le reciente derrota del oficialismo en la elección de alcaldes generaron, de lado y lado, las condiciones políticas para una renovación de la vieja alianza política entre la Concertación y los grandes empresarios nacionales. Como sello de esta vieja nueva alianza, se depositó en la piedra de sacrificio la siempre postergada reforma laboral, condenando una vez más a los trabajadores chilenos a seguir soportando sobre sus espaldas el peso del modelo neoliberal.
Todas las fracciones y componentes del bloque dominante -sus representaciones políticas, gremios empresariales, intelectuales orgánicos y medios de comunicación- identificaron rápidamente a la crisis global como una amenaza seria a las bases del modelo de acumulación capitalista chileno. Sobre esa base, la contención de la crisis y sus efectos políticos y sociales se volvió la prioridad principal, relegando a segundo lugar todo lo demás.

Los primeros años del gobierno de Bachelet transcurrieron en medio de una seria crisis política del oficialismo, tanto a nivel gubernamental como de los partidos del conglomerado. Tal crisis activó las alarmas del resto del bloque dominante, en especial de los empresarios, por lo que era percibido como una pérdida en el principal activo político que la Concertación ofrecía a ese bloque: la gobernabilidad, es decir, la capacidad de contener cualquier desborde político de los sectores subalternos por la vía de la contención y mediatización de las demandas populares.

En la nueva coyuntura abierta por la crisis mundial del capitalismo, el gobierno y la coalición oficialista, amenazados por el desorden político interno y la posibilidad real de perder las elecciones presidenciales de diciembre de 2009, vieron la oportunidad política de dar un golpe de timón y ejecutar un cambio de curso que les permitiera retomar su ventaja comparativa respecto de la Alianza, la gobernabilidad.

El gobierno y la Concertación dieron las señales que el empresariado estaba esperando: en primer lugar, diseñaron una agenda económico social ortodoxamente neoliberal, basada en inyecciones monetarias y entrega de subsidios focalizados; segundo, levantando un discurso que prioriza el empleo y cuyo subtexto es que bajo condiciones de crisis, los trabajadores deben abstenerse de solicitar mejoras en sus condiciones laborales; tercero, levantando una fuerte defensa comunicacional del manejo fiscal ortodoxo seguido por Hacienda. El pato de la boda, una vez más, fueron los trabajadores. La largamente prometida reforma laboral fue una vez más echada a la basura por un gobierno concertacionista.

Bachelet había abandonado ya hacía tiempo su política de “gobierno ciudadano”, ese espejismo para incautos que no obstante su inocuidad había generado un gran desorden político en el oficialismo. Con la asunción de Pérez Yoma, Bachelet había salido de la primera línea política y se había dedicado a una política de carácter protocolar que enfatizaba la recuperación de su dañada imagen política, actuando de hecho como Jefa de Estado y no de gobierno.

La crisis económica y la derrota en la elección de alcaldes llevaron a los partidos oficialistas a autodisciplinarse tras la conducción gubernamental. Cesaron las críticas a Andrés Velasco, el todopoderoso Ministro de Hacienda de Bachelet, y se pasó a alabarlo por su “manejo fiscal responsable”. Bachelet aprovechó este segundo aire para reforzar su imagen, apoyándose en Velasco. En un claro gesto hacia los empresarios, sacó al Ministro del Trabajo Osvaldo Andrade del gabinete; Andrade era un saludo a la galería concertacionista y, dado el nuevo alineamiento incondicional del oficialismo, ya no servía para nada.

El resto del bloque dominante aprobó tácitamente el cambio de rumbo del oficialismo. Los medios cesaron sus críticas a Bachelet y respaldaron completamente su agenda neoliberal para la crisis y a su Ministro de Hacienda. El alto respaldo de Bachelet en las encuestas ha sido construido fundamentalmente a partir de este viraje de los medios, más decisivo que las limosnas fiscales entregadas por el ejecutivo. El discurso único del bloque dominante transmite el mensaje de que Chile está mejor preparado que el resto de los países para enfrentar la crisis y bloquea cualquier noticia que muestre lo lejos que ese discurso se encuentra de la realidad.

Esta unanimidad del bloque dominante frente a la crisis se ha reflejado en la campaña presidencial. Pese a que se prevé por todos los sectores políticos que está será una de las campañas más reñidas de los últimos veinte años, la crisis y el manejo gubernamental frente a ella apenas han sido mencionados y cuestionados por las candidaturas neoliberales (Piñera, Frei y Enríquez-Ominami). Los programas económicos, en lo que se conoce hasta ahora, expresan también el consenso fundamental de las tres candidaturas.

El cemento de la renovada alianza de la Concertación y los empresarios es el manejo de la crisis y su fortaleza dependerá, por tanto, del impacto real de ésta y de la capacidad política del gobierno para mitigar sus efectos político-sociales. La crisis ha revelado ser más profunda que lo que todas las previsiones anticipaban, con caídas verticales de los indicadores económicos más relevantes, como exportaciones, producción y empleo. Sin embargo, la Concertación mantiene la “paz social”, utilizando su control del movimiento sindical -encabezado por un esquirol como Arturo Martínez- y su red clientelista en los sectores populares.

La relación clientelista de la Concertación con los sectores populares ha llegado, bajo Bachelet, a constituir una enorme red de cooptación, una suerte de cohecho masivo organizado desde el Estado. La asignación discrecional de recursos (vía fondos concursables, bonos y subsidios, etc.) es la palanca política principal de ese mecanismo de cooptación.

La otra cara de la medalla del clientelismo político es la represión a los sectores populares que a través de la organización y lucha autónomas buscan levantar sus demandas y plataformas político-sociales. La represión desmedida por parte de la policía militarizada es una constante gubernamental frente a los mapuches, a los estudiantes, a los trabajadores movilizados, a los medios de comunicación populares y a los deudores habitacionales.

El brutal desalojo de los deudores de ANDHA Chile desde las riberas del río Mapocho y el seguimiento, detenciones ilegales y hostigamiento que han sufrido militantes del MPT (especialmente en la IV Región, por su solidaridad activa con la huelga de los mineros de El Tambillo) son expresión de este voluntad gubernamental de impedir que los sectores populares se organicen autónomamente, para mantenerlos aherrojados a la red estatal de cooptación.

A esos mecanismos clientelistas se suma hoy la cooptación política de lo fue el Juntos Podemos, en especial del PC. A cambio de un par de puestos en el parlamento, el PC se ha comprometido a ayudar al gobierno a mantener la “paz social”, buscando evitar las movilizaciones o procurando controlarlas y acotarlas lo más posible, impidiendo la politización de las demandas. Ejemplo de ello fue la huelga del magisterio por el pago del bono SAE, donde la dirigencia PC-Concertación del Colegio de Profesores buscó terminar una y otra vez con la huelga, lo que fue resistido por las bases, a la vez que se evitó ligar la demanda a la exigencia política del fin de la municipalización que están levantando los estudiantes secundarios.

La inclusión de Cristián Cuevas en la lista parlamentaria de la Concertación y su consiguiente neutralización es un ejemplo de la capacidad del oficialismo para descabezar al movimiento popular aprovechando las vacilaciones e ilusiones. Muestra el poder de cooptación de la Concertación, lo que la sigue haciendo la favorita de los empresarios para dirigir el país. Revela también lo peligroso de las ilusiones políticas sembradas por la dirigencia del Juntos Podemos, que se ha convertido, objetivamente, en sostenedor por la izquierda de los sostenedores del capitalismo chileno.

La organización y la lucha autónomas y la independencia política a todo evento del movimiento popular son los únicos factores que permitirán a las fuerzas anticapitalistas el eludir el cerco político y social que la Concertación, principal sostén político del gran capital, ha tendido en torno de los trabajadores y el pueblo.

Ramón Poblete
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