Graves irregularidades en juicio a comuneros mapuche en Cañete

Más de 35 testigos protegidos, penas que amenazan con 103 años de cárcel, doble proceso judicial -militar y civil- y una prisión preventiva que ya supera el año y 8 meses, son algunos de los rasgos del juicio que actualmente se desarrolla en Cañete contra 17 comuneros mapuches. Han pasado más de tres meses desde el fin de la huelga de hambre mapuche y el conflicto aún no es resuelto.
La medida de presión que involucró a 34 comuneros del pueblo de Lautaro en el reclamo por la aplicación de la Ley Antiterrorista se revive por estos días, en el Tribunal Oral de Cañete, lugar donde son procesados 17 de los ex huelguistas. Durante los últimos dos meses se ha extendido la investigación respecto a las supuestas responsabilidades de los indígenas en el ataque al fiscal Mario Elgueta, ocurrido el año 2008. Los comuneros y sus familiares han denunciado una serie de irregularidades en el juicio, que se relacionan con la polémica Ley Antiterrorista.

Las acusaciones de los mapuche se centran en las facultades otorgadas por dicha ley que, según sus representantes, entorpece el curso normal de las investigaciones del caso. Entre éstas, se considera que se han presentado 36 testigos “sin rostro” -cuya identidad es desconocida, sin derecho a que la defensa la compruebe- y algunos de los cuales, incluso, han denunciado torturas por parte del Ministerio Público; el “secreto de investigación” –que ha ocasionado la lentitud en el acceso a los archivos oficiales para su refutación-; el doble proceso judicial que enfrentan cinco comuneros –lo que significa un juicio paralelo ante la justicia civil y militar- y las altas penas a las que se ven enfrentados, que van desde los 50 a los 103 años de cárcel.

Además, los comuneros procesados están en prisión preventiva durante el tiempo que se ha extendido la investigación y por lo que queda del juicio, que se traduce en 20 meses de reclusión -casi dos años hasta la fecha- para los 17 mapuche. “Durante estos meses, todo lo que ha existido son testigos secretos, carabineros, gente de investigaciones y escuchas telefónicas y éstas no son interpretadas por los jueces, sino por agentes de la PDI”, relata Pamela Pessoa, familiar de Héctor Llaitul, uno de los comuneros procesados.

LAS CONFESIONES DE LOS TESTIGOS SECRETOS

Entre los más de 35 casos de testigos “sin rostro” que han ofrecido sus declaraciones en el Tribunal de Cañete, diversos situaciones han llamado la atención de la comunidad mapuche y de quienes han presenciado el trabajo de la Fiscalía. “Hay casos cómicos que se han dado, de personas que declaran en la sala: analfabetos, alcohólicos y sordos que, sin embargo, son presentados como testigos de oídas”, declaró Fernando Lira, presidente de la ONG Libera –que ha participado activamente de las demandas de la causa mapuche en los últimos meses-. El uso del cuestionado recurso de los testigos secretos ha sido criticado con frecuencia por organizaciones internacionales en defensa de los Derechos Humanos.

No obstante, lo verdaderamente extraño sucedió hace unos días, cuando dos de los testigos secretos confesaron que habían sido torturados para ser obligados a declarar contra los comuneros indígenas. Es el caso de Rodrigo Viluñir, quien relató que fue detenido por Carabineros y posteriormente colgado de un puente boca abajo, donde se le forzó a firmar un documento sin antes poder revisar de qué se trataba. Rodrigo sólo tenía 17 años. “Me dijeron que hablara y yo le dije que no tenía que hablar nada, si no sabía nada. Ahí me dijeron ¿Querí’s morir? ¿Vai a hablar o no? (sic). Llegó uno, sacó la escopeta y la cargó. Ahí me puse a llorar y me torturaron. Después, en Cañete, me hicieron firmar hojas y yo les dije ¿Puedo leerlas? No, me dijeron, tú no podí’s leer nada, te vai pa´la casa al tiro (sic)”, relata Viluñir. El joven perteneciente a la comunidad Caupolicán, del territorio de Lleu Lleu, acudió al líder mapuche de la zona, Patricio Cona, para relatar su experiencia y la de su hermano José, quien fue detenido a fines de 2009, en pleno mandato presidencial de Michelle Bachelet.

LAS PROMESAS INCUMPLIDAS TRAS LA HUELGA DE HAMBRE

En la huelga de hambre que se extendió por más de 80 días, los comuneros exigieron el derecho a un juicio justo en el que no fueran acusados por la Ley Antiterrorista, vigente desde la dictadura. Dicha cláusula legal fue defendida por diputados como José Manuel Edwards (Renovación Nacional), quien manifestó que “todo delito que se realiza para infundir terror en la población, es delito terrorista”. Edwards se declaró a favor de la aplicación de la Ley Antiterrorista, recordando que “debemos concentrar más esfuerzos en las víctimas del terrorismo y no en los victimarios”.

El gobierno chileno, no obstante, accedió a algunas de las demandas tras la fuerte presión mediática, internacional y ciudadana frente a lo que denunciaba el pueblo mapuche. Así, se retiraron las querellas amparadas en la Ley Antiterrorista, dejando en manos del Ministerio Público (con facultades punitivas en Chile) la posibilidad de recalificar los delitos, lo cual no sucedió y los comuneros siguen procesados por esta Ley. En la actualidad, se mantiene el juicio por 9 delitos, entre los que se encuentran: Amenaza terrorista, emboscada, asociación ilícita terrorista e incendio terrorista en contra de los 17 implicados en el caso del atentado al Fiscal Elgueta. Si bien el Gobierno retiró las acusaciones por la Ley Antiterrorista “y sigue como querellante por delitos comunes, la Fiscalía sigue adelante”.

Ellos perserveran, dicen que van “a seguir aplicando la Ley Antiterrorista porque son un organismo autónomo, distinto al Gobierno”, relató Natividad Llanquileo, ex vocera de los huelguistas de hambre en Concepción. En opinión de Pamela Pessoa, “la ley antiterrorista se aplicó durante toda la investigación y actualmente se ha aplicado durante todo el juicio”. Pessoa agrega, además, que todo el proceso legal ocurrido en Cañete “ha estado avalado por esta ley antiterrorista, lo que ha impedido el derecho a hacer una buena defensa por parte de los abogados”.

Por otro lado, uno de los puntos más conflictivos se refiere al doble procesamiento (civil y militar) que están recibiendo cinco de los comuneros mapuche, que arriesgan penas superiores a los castigos punitivos comunes por la misma clase de delitos, sin la aplicación de la Ley Antiterrorista. Es el caso de Héctor Llaitul Carrillanca, identificado como líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), quien aún corre el riesgo de ser condenado a 103 años de prisión.

ETAPA FINAL DEL JUICIO

Durante esta semana, el juicio oral que enfrentan los comuneros en el Tribunal de Cañete está entrando en su recta final. El pasado lunes 17 de enero se dio paso a la defensa legal de los mapuche, proceso que antecede al alegato de clausura del caso, donde se certificará su eventual cierre y la autenticidad de las pruebas presentadas, lo que será determinante en la futura sentencia. Los resultados del juicio en Cañete podrían ser considerados como un antecedente de lo que va a suceder en los próximos procesos legales en Lautaro, Temuco, Angol, Victoria y Chol Chol, también protagonizados por comuneros mapuche.

Tras varias horas de reunión con Monseñor Ezzati, actual arzobispo de Santiago; y Cristián Larroulet, secretario general de la Presidencia, Natividad Llanquileo declaró que aún están analizando las medidas ante una eventual sentencia negativa para los procesados y que “al fin y al cabo los que evalúan esto y cómo se va desarrollando el proceso legal son los presos”. Cristián Larroulet, en cambio, no quiso emitir comentarios al respecto.

La ex vocera de la huelga de hambre mapuche ha llamado a diversas organizaciones internacionales y medios alternativos a poner atención al curso del juicio en Cañete con el fin de transparentar las irregularidades que ahí están sucediendo. Por su parte, Pamela Pessoa, al ser consultada sobre la posibilidad de volver sobre una medida de presión similar a la del 2010, afirma: “La huelga de hambre siempre es una opción. Seguramente la pasada no fue la última”.

Por Vanessa Vargas Rojas

El Ciudadano

Foto del juicio: wichaninfoaldia.blogspot.com

Foto de Natividad Llanquileo: Ismael Muñoz/El Ciudadano