Carta a los historiadores e historiadoras

"La Historia no es sólo pasado, sino también, y principalmente, presente y futuro". Primer Manifiesto de Historiadores, Chile 1999.
I.
¿Qué es lo que no hemos aprendido, conocido, visto o leído del pasado, como para aceptar las aberraciones que hoy día se comenten de manos del Estado Chileno? ¿Qué es lo que no se contó, o sobre lo cual aún existe temor en dar conocer, como para entender que el Estado Chileno siempre ha afilado sus aparatos de represión e inteligencia sobre la construcción factual de su propio y más temido enemigo: el enemigo interno? ¿Cuál es la responsabilidad, entonces, que le cabe a los Historiadores e Historiadoras y a todos quienes hacen del trabajo de la memoria un conducto de disipación de esta realidad, para enfrentarse a los discursos y las prácticas controladoras del pasado/presente que hoy emergen como verdad hegemónica? Son estas, simples preguntas que nos hacemos nosotros y nosotras, personas solidarias con los/as presos/as políticos/as que el Estado Chileno ha encerrado en sus jaulas de Máxima y Alta Seguridad hace poco más de tres meses, y que queremos remitir a ustedes, historiadores e historiadoras que en otros tiempos y en otros momentos ya han alzado su voz y lanzado sus palabras para que vuelen por el viento de la justicia histórica, aquella que muchas veces no se encuentra en los fallos de los altos tribunales, pero que sí puede bañar con su brisa las conciencias de miles de personas que antes de simplemente aceptar la realidad impuesta, le dan un espacio de vida a la duda y el cuestionamiento.

II.

Históricamente, el Estado Chileno, se ha puesto al servicio de sectores muy privilegiados y minoritarios de su sociedad, a quienes ha perpetuado en el poder y llenado de todos los beneficios que la explotación sobre otros pueda generar; pero no es menos cierto, esa bolsa de riqueza sólo se ha logrado constituir por encima de un larga y triste franja represiva que le mantiene a su haber decenas de miles de hombres y mujeres muertos en manos del Ejército (tan sólo sumando los primeros veinte años del siglo recién pasado), otros miles de desaparecidos producto de los “Pronunciamientos Militares” y razzias represivas del también siglo pasado, y sin ir más lejos la escalofriante cifra aceptada de treinta y cinco mil personas torturadas o sometidas a apremios ilegítimos en la macabra Dictadura de Pinochet.

Es por tanto, la represión, una de las obras más consagradas y mejor desarrolladas con las que el Estado se viste de gala para hacer ostentación de su honor moderno y democrático. Un honor con el que transita orgulloso por la vereda del silencio, ya que, basta con mirar los hechos de conmemoración y celebración de las recientemente funestas fiestas del Bicentenario ¿Dónde estaban, en la memoria del Estado Chileno, los miles y miles de hombres y mujeres asesinados en las más de 20 masacres cometidas en nombre de la bandera y la patria, por las ensangrentadas manos del Glorioso Ejército de Chile? ¿Dónde estaban las madres de los niños guachos que colmaron son su andar inquieto los caminos del Chile de hace doscientos años, madres perseguidas que por optar vivir en comunidades auto-constituidas fueron acusadas de amancebamiento y tratadas de putas? ¿Dónde estaban los que murieron construyendo los rieles y abriendo los caminos para que el salitre y otros minerales fueran absorbidos por las fauces del capital chileno y extranjero? ¿Dónde estaban los que no aceptaron el control, la disciplina y la violencia de su ejército y desertaron de la patria, para ser perseguidos y acusados de “traidores”? ¿Dónde estaban, en su celebración, los que tomaron el presente en sus manos y no esperaron más respuestas de parte del Estado para cubrir sus necesidades, y simplemente ocuparon un pedazo de tierra, y al roce de las balas de la Policía construyeron sus hogares en las poblaciones de todo Santiago y Chile?

No estaban, y no estarán nunca, porque el Estado no tiene memoria, tan sólo cerros de Archivos donde anota sus hazañas y resguarda a sus héroes. Por ello, a cambio, instalaron una bandera gigante, como si aquel sangriento paño, representara una unidad nacional que jamás ha existido, porque la nación sólo abunda en las cabezas y en la cultura de los sectores dominantes, para el resto de la población, la pobreza y la marginación han sido la realidad a lo largo de estos siglos de explotación. Pero dentro de ella, la posibilidad de combatir la realidad existente se ha convertido en una ventana siempre abierta. Y así es entendido por todos quienes, en algún momento de la historia, se han transformado en el enemigo interno de este Estado, en quienes se justifican los miles de millones de dólares que se gastan en implementar y mejorar los servicios de tortura, muerte y vigilancia que representan las Policías, el Ejército y sus respectivos sistemas de inteligencia.

De todos modos, la fiesta bicentenaria fue aguada por la digna Huelga de Hambre de los prisioneros políticos mapuche encerrados en las cárceles del sur de Chile, siendo ésta movilización un verdadero batatazo para las pretensiones de enajenación que promovía el Poder. Si bien, los acuerdos aún no han sido cumplidos, y probablemente no lo sean, la fiereza demostrada por los guerreros enjaulados dejó al Estado, como rara vez ocurre, en un nivel importante de cuestionamiento sobre la naturaleza y aplicación de su legalidad.

La Ley 18.314, más conocida como Ley Antiterrorista, promulgada en marzo de 1984, en plena Dictadura de Pinochet, mantenida y perfeccionada por los cuatro gobiernos concertacionistas, no es sino un engendro macabro nacido desde las entrañas más retorcidas del monstruo dictatorial y que ha logrado legitimidad institucional en estos años de “democracia”. Lo que demuestra, que tanto en dictadura como en democracia, sólo se defienden y perpetúan los derechos de unos pocos privilegiados, castigando con lo más pútrido de su política de control, a todo aquel o aquella que demuestre el más mínimo sentido disidente o de conflicto con el mundo que nos han hecho vivir. ¿Cómo entender a un Estado que se jacta internacionalmente de que en su suelo no se ha posado el fantasma terrorista (haciendo alegoría a Europa o Norteamérica), pero que en su seno lleva causas criminales en contra de más de 50 personas (mapuches, anarquistas y ex-militantes de grupos subversivos) invocando aquella retorcida legislación?

La Ley Antiterrorista, contraviniendo todas las reformas y modernizaciones a la justicia de los últimos años, y pasando por alto todas las recomendaciones internacionales sobre dichos temas, considera como real la presunción de producir temor en la población a partir de diversos actos, salvo que se pruebe lo contrario. Siendo que posterior a la Reforma Judicial chilena de hace tan sólo algunos años, un/a imputado/a por la Fiscalía debe ser considerado/a inocente, salvo que se pruebe lo contrario, ¿cómo entendemos entonces lo que ocurre con un/a imputado/a formalizado por la Ley 18.314? ¿Es culpable de antemano, por el sólo hecho de ser formalizado por esta Ley? ¿O se respeta la presunción de inocencia, con el claro objetivo de investigar imparcialmente?

III.

En la noche del 21 de Diciembre de 1911, se escucharon tres detonaciones de dinamita en el Convento de las Carmelitas Descalzas, ubicado en calle Independencia; la fecha coincidía con el cuarto aniversario de la Matanza de Santa María de Iquique, en la que miles de obreros salitreros junto a sus familias fueron asesinados por obra del Estado Chileno en defensa de los capitales extranjeros; rápidamente, los servicios de investigación policial conjeturaron que se trataba de un atentado de carácter político. Y su mirada se posó, entonces, sobre quienes producto de las ideas que profesaban y expandían, podían considerarse como los responsables directos de dicha acción. La Sociedad de Resistencia de Oficios Varios de Santiago y la Peluquería del Pueblo, se convirtieron, debido a la “agudeza” y “profesionalidad” policial en los blancos del hostigamiento que produce una investigación de este tipo; la primera, una de las principales organizaciones políticas de la época; y la segunda, una pequeña peluquería autogestionada en manos de dos integrantes de dicha organización política.

La Sociedad de Resistencia de Oficios Varios fue allanada en los días posteriores, y todos sus documentos y actas de reunión requisados, todos sus miembros fueron llamados a declarar (casi 90), no encontrándose, con ninguna de las medidas realizadas alguna prueba real y fehaciente de su participación en los hechos investigados. Las preguntas de la justicia, giraron en torno a los conceptos que aparecían en los documentos requisados: “lucha de clases”, “huelga general”, “boicot”, “sabotaje” (que se asumían como el “plan criminal” de la organización, todos conceptos de un lenguaje político en boga por más de dos siglos ya). Sólo dos de sus integrantes, Víctor Garrido y Theodoro Brown (tesorero y subtesorero, que además trabajaban en la “Peluquería del Pueblo”) fueron sindicados como responsables directos; para evadir el accionar represivo, debido a la evidente persecución a las ideas, se trasladaron a Mendoza, donde fueron recibidos por Manuel Rojas (Premio Nacional de Literatura en 1957); para volver al cabo de tres meses y presentarse voluntariamente a la justicia, donde se declararon abiertamente anarquistas. Pero no hubo forma en que se les pudiera probar alguna de las acusaciones que pesaban en su contra, debido a que no existía ninguna prueba concluyente para ello, salvo las suposiciones de quienes guiaban la investigación y aplicaban la justicia. Así Garrido, Brown y las decenas de presos de la S.R.O.V. fueron puestos en libertad debido a que no se pudo comprobar que el atentado era su autoría. Quedando en claro, que el Poder sólo perseguía una forma de vida y organización. Un discurso. Las ideas.

El 14 de Agosto de 2010, casi un siglo después de aquella primera razzia represiva en contra de los anarquistas de la Sociedad de Resistencia de Oficios Varios, el Estado Chileno volvió a golpear, casi con las mismas armas y con argumentos muy similares, a otros hombres y mujeres que a pesar de la pesada distancia del tiempo, comparten con aquellos otros la agitación de ideas de libertad y rechazo a toda forma de autoridad.

El 14 de agosto de este año, la Fiscalía Sur al mando del Fiscal Alejandro Peña, articulándose con el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Inteligencia, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y los Medios Masivos y Privados de Comunicación, y en momentos en la que vida de los mineros atrapados bajo tierra se encontraba en la más absoluta de las incertidumbres, montaron un espectáculo jurídico-televisivo de grandes proporciones. Allanando con excesiva violencia más de 15 domicilios –particulares y okupados– en Santiago y Valparaíso, resultando detenidas 14 personas, que pasaron tres días después, a protagonizar una audiencia récord de formalización que duró más de 18 horas. En ella, la fiscalía expuso absurdas pruebas como stickers, posters, libros, rayados, llamadas telefónicas que demostraban las relaciones afectivas de los imputados con sus parejas, cartas y fragmentos de documentales; ¿pero de los famosos explosivos?, simplemente algunas mínimas muestras de trazas de iones de nitrito y nitrato, que incluso pueden encontrarse en el smog santiaguino. Como lo absurdo de las pruebas es tal, la jugada represiva se fundamentó, sobre la idea de la existencia de una supuesta Asociación Ilícita con fines Terroristas, liderada por ex militantes del MAPU-Lautaro y operativizada –como cuales piezas de un ajedrez– por jóvenes anarquistas y antiautoritarios, que mandados por estos viejos subversivos iban y colocaban las bombas. Así de burdo. Con ese nivel exagerado de lo absurdo y demostrando su completa ignorancia, el poder está construyendo Historia.

Así como en otra época el Plan Criminal de las organizaciones era su discursividad (lucha de clases, sabotaje, huelga) hoy lo son, una vez más, las ideas. La Fiscalía, demostrando cero interés por conocer la realidad actual, determinó como Plan Criminal de la supuesta Organización Terrorista la idea de una “Guerra Social”, concepto profundamente arraigado en el lenguaje político revolucionario desde hace más de un siglo; y especificó, como “centros de poder” (terminología utilizada en la persecución del narcotráfico) a las Casas Okupas y Centros Sociales Autónomos, lugares donde se expanden y multiplican ideas ligadas a la Libertad social e individual.

Hoy, y producto de la persecución de ideas que se produce en Chile se encuentran encarceladas diez personas: Mónica Caballero y Andrea Urzúa en la Sección Especial de Alta Seguridad del Centro Penitenciario Femenino; mientras que Vinicio Aguilera, Omar Hermosilla, Felipe Guerra, Francisco Solar, Rodolfo Retamales, Camilo Pérez, Carlos Riveros y Pablo Morales, se encuentran recluidos en la Sección de Máxima Seguridad al interior de la Cárcel de Alta Seguridad. Teniendo tan sólo dos horas de salidas al patio cada día, recibiendo con muchas complicaciones la alimentación que necesitan debido a que muchos de ellos/as son vegetarianos/as y Gendarmería de Chile imposibilita cada vez que puede el ingreso de alimentos, impedidos de acudir a las Bibliotecas de los recintos penales, recibiendo visitas que son vejatoriamente desvestidas y allanadas, confiscándose su correspondencia y censurándose hasta la poesía. Los presos/as encerrados por la Ley Antiterrorista a partir del 14 de Agosto y que se encuentran en una etapa de prisión preventiva aún, siendo simplemente imputados, conviven en los sistemas más sofisticados y desmedidos de control y vigilancia que posee el Estado Chileno. Tan sólo, por la peligrosidad que representan sus ideas.

No apuntamos al rompimiento de un cerco mediático, ya que conocemos perfectamente los intereses que poseen los dueños de los grandes medios de comunicación de este país. Ya que pensando sólo en el ejemplo de la televisión, rápidamente podemos resumir: un canal de Televisión del Estado, otro del Presidente de la República, otro de un ex asesor de la DINA y dueño de la empresa de Barcos más grande del país, y otro canal que recientemente ha sido adquirido por el dueño de la mayor fortuna de Chile. Evidentemente, no hay cabida ni interés en sus medios. Lo que no es igual, a no pretender visualizar e instalar el tema abiertamente en el escenario social.

Es por todo lo anteriormente expresado, que nos dirigimos a ustedes, para que con sus plumas, hablas y actividades solidaricen también con los/as presos/as político/as que el Estado mantiene encerrados por lo que la prensa ha denominado como el “Caso Bombas”, ya sea adhiriendo a esta carta o enviando una respuesta a ella, que pueda ser difundida y masificada.

LIBERTAD A LAS PERSONAS ENCARCELADAS POR SUS IDEAS.

FIN A LA LEY ANTITERRORISTA.

Agrupación de Familiares y Amigos por la Libertad de los/as Presos/as del 14 de Agosto