MANUEL OLATE DEBE SER LIBERADO. La guerra sucia contra la paz en Colombia

Hace tres días fue detenido en Chile el diseñador gráfico, Manuel Olate Céspedes, miembro del Movimiento Continental Bolivariano y representante del Movimiento de solidaridad por la paz en Colombia, por su supuesta vinculación con la guerrilla colombiana FARC-EP, tras la orden de la Ministra de la Corte Suprema Margarita Herreros, quien acogió una solitud de arresto enviada por la justicia Colombiana.
Ante ello, creemos necesario reflexionar acerca de algunos puntos que rodean la detención de Manuel.


La idea de una salida política y negociada al conflicto armado en Colombia no es un tema nuevo, pero es evidente que este se ha visto re oxigenado en estos últimos años por iniciativa de algunos gobiernos progresistas de Latinoamérica y la determinación de diversas organizaciones sociales y de derechos humanos. En estos últimos meses, esta necesidad urgente ha sido fuertemente instalada gracias a la iniciativa de Latinoamericanos y Europeos y europeas por la paz en Colombia, idea que encuentra sus caras más publicas en la senadora Piedad Córdova y en el premio nobel de la paz argentino Eduardo Pérez Ezquivel, entre otros, quienes durante el presente año realizaron una gira por varios países de Latinoamérica y Europa, aunando voluntades para encontrar una salida política a la Guerra más antigua del continente.

Pese a que la idea de la Paz como valor universal es evidente, esta no es conveniente para algunos y esto es particularmente cierto si volcamos nuestros ojos hacia los intereses norteamericanos, para quienes desde hace mucho tiempo, la guerra en Colombia se ha vuelto una fuente de millonarias ganancias para su desarrollada industria armamentista y para el negocio de la droga, que constituyen el primer y segundo ingreso más alto en los Estados Unidos. Esto explica porque el Plan Colombia lejos de terminar con el narcotráfico en este país, como planteara su objetivo principal, ha hecho crecer este negocio ilícito en más de un 27%, esto según un reciente informe de Naciones Unidas.

Es por ello que no es casualidad, esta nueva arremetida hacia los gestores para la paz en Colombia , la cual excediendo los límites de la patria neogradina, ha iniciado una verdadera cacería de brujas contra los que se resisten a la tesis de que “Más plomo resolverá lo que el plomo no ha logrado resolver en más de 50 años”.

La nueva ofensiva se inicia con la destitución e inhabilitación por 18 años de la Senadora Piedad Córdova, una de las principales impulsoras de los acuerdos para la Paz, el pasado 27 de Septiembre, por haberse extralimitado, según la procuraduría, en sus funciones como mediadora con las FARC-EP ¿O acaso por extralimitarse en la defensa de la paz?

A esto se suma el asesinato de de más de 20 activistas de derechos humanos en Colombia, en los apenas 75 primeros días de gobierno de Santos y la salida del país en el mes de Agosto del ex prisionero de guerra de las FARC, Pablo Mocayo, quien debió abandonar Colombia tras las constantes amenazas de muerte que lo sindicaba como colaborador de la FARC y reiterados seguimientos. Al parecer su posición antiguerrerista y en pro de un dialogo para paz no cayó bien en ciertos círculos.

Manuel Olate es una nueva prueba de tal intención de exterminio político. Su compromiso solidario hacia Colombia ha sido para él la inquebrantable obligación con un pueblo hermano que ha sido una mil veces pisoteado y cuyo nivel de represión y de manipulación mediática hace urgente el concurso de voces internacionales que hagan eco de la voz de los oprimidos. Defensor incansable de una salida política al Conflicto Colombiano asumió la tarea de aunar voces para la paz en Colombia en su país, en donde fue injustamente detenido.

En cuanto al requerimiento contra Manuel Olate es necesario dejar claro que este responde a ciertos métodos y prácticas reiterativas del Gobierno colombiano que, obedeciendo al mandato de Washington, actúa como el niño aplicado del hemisferio tratando de “encontrar donde no hay” para ganarse un punto en su lucha contra el “terrorismo” y justificar así los millones invertidos en Colombia por el amo del norte. En este sentido creemos visualizar desde ya una sucesión de pasos, que como en una obra teatral muchas veces repetida, se siguen unos a otros para configurar un delito que no existe.

Primer Acto: Condena mediática, antesala obligada de la investigación criminalística.

En el año 2008 Manuel Olate visitaría el campamento del extinto comandante de las FARC-EP Raúl Reyes, con motivo de la realización de una entrevista, la cual fue publicada posteriormente en el Semanario “El Siglo”. Dicha entrevista fue realizada solo días antes del bombardeo en territorio ecuatoriano del campamento de Reyes, en donde el ejército colombiano encontrarías pruebas fotográficas que darían cuenta de la presencia reciente de Olate en el lugar, presencia que de hecho sería posteriormente divulgada, dada la inminente publicación de la entrevista al comandante de las FARC, en un medio de comunicación chileno de cobertura nacional

A partir de esto y desde los sucesos de Sucumbíos, Olate fue sistemática y reiteradamente condenado por la prensa nacional sin que existiera, hasta ese momento, ningún proceso en Chile en su contra. De la misma forma , sin que aun las autoridades colombianas presenten las pruebas que den sustancia a la acusación que han formulado, las conocidas transnacionales de la “desinformación” replican al unisonó a través de sus medios locales e internacionales su condena anticipada “Piden investigación de chilenos que viajaron a entrenarse”( Diario La nación,1 Nov. 2010) “Enlace de las Farc entrenaba milicianos en Chile” (Caracol Radio, Minuto30, 1 Nov. 2010), “Colombia pedirá extradición de chileno ligado a las Farc ”(Heraldo de Miami, 31 Oct. 2010), “Roque, el promotor de las FARC en Chile” refiriéndose al chileno detenido (Diario el Tiempo de Colombia, 1 de Nov. 2010) esto entre muchos otros encabezados similares.

Segundo Acto: Aparecen las pruebas “irrefutables” que calzan con exactitud con los requerimientos de las acusaciones interpuestas ¿De dónde salen? Obvio…de alguna de las ya míticas e inagotables computadoras de los líderes abatidos de las Farc-ep.

Ronald Coy investigador perteneciente al grupo antiterrorista de la DIJIN aceptó ante un juez especializado de la audiencia pública que se rompió la cadena de custodia y que entre el día 1 y 3 de marzo las computadoras de Raúl Reyes habían estado expuestas a posibles manipulaciones y que esto hace que cualquier información que se quiera tomar como prueba judicial no pueda tomarse como evidencias, ya que no reciben las certificaciones necesarias. Haciendo caso omiso de tales declaraciones los ya famosos “correos de Raúl Reyes” que no son tales (ha sido reconocido por la Interpol que no se trata de correos si no de documentos Word) siguen develando con sospechosa oportunidad más y más antecedentes. Los supuestos y recientemente incautados computadores de Jorge Briceño, abren una nueva fuente de acusaciones cuyo límite sobrepasa las posibilidades de la imaginación de los simples mortales. Resulta curioso sin embargo constatar que si bien han afirmado que ya tienen en su poder las pruebas que inculparían a Olate, deban esperar dos meses para preparar su petición de extradición…¿O acaso aun falta el tercer paso?

Tercer Acto: Nace un testigo.

La existencia no aislada de montajes judiciales en Colombia ha sido denunciada reiteradamente por distintas Organizaciones de derechos humanos tanto dentro como fuera de Colombia.

En los llamados “falsos positivos judiciales” se destaca el papel clave de supuestos desmovilizados de las organizaciones guerrilleras que hacen de testigos falsos y la fabricación de informes de inteligencia dentro de las instalaciones militares que luego son usados en las fiscalías para la apertura de los procesos , esto según el Movimiento nacional de Victimas de crímenes de estado(MOVICE).

Esto queda claro en el informe divulgado en febrero del 2009 por la Human Rights (organización, por cierto, bastante lejana a posturas progresistas) quien denuncia la generalización de investigaciones judiciales sin fundamento y prácticas violatorias del debido proceso, destacando la utilización de testigos a sueldo preparados por los fiscales y el uso de informantes y desertores como única fuente probatoria en función de meter en un solo saco represivo a todos los opositores políticos, disidentes o defensores de derechos humanos y sindicarlos como terroristas.

“El montaje judicial, desafortunadamente, no constituye una conducta excepcional, inusitada o extraordinaria en Colombia, es mucho más “normal “de los que uno pudiese imaginarse” señala el Sacerdote Jesuita Javier Giraldo, defensor de derechos humanos y miembro de Centro de investigación y educación popular.

Frente a estos antecedentes cabe preguntar ¿Qué garantías puede ofrecer el estado colombiano de otorgar un juicio justo a Manuel Olate? En la práctica ya ha sido condenado por los medios oficiales, así como también por el propio Juan Manuel Santos quien aseguró, tras la detención, que Olate había visitado 5 o 6 veces los campamentos de la guerrilla y que se trataba del enlace chileno con las FARC. De otra parte ya han dejado trascender que los supuestos vínculos del chileno estarían contenidos en los computadores de Raúl Reyes y que habría más pruebas en las supuestas Laptops del Mono Jojoy, solo falta el testimonio de los infaltables “testigos” para ratificar la crónica de una condena anunciada.

En manos de la Justicia Chilena está hoy la posibilidad de no dejarse engañar por quienes han hecho de la justicia un oscuro circo que busca exterminar las posiciones divergentes a cualquier precio. Chile conoce muy bien de estos montajes, los negros años de dictadura militar lo hicieron triste testigo del asesinato y encarcelamiento de miles de chilenos y chilenas acusados de manera infundada y falaz de crímenes que nunca cometieron. Se vienen a la memoria la “Operación Albania”, las decenas de falsos enfrentamientos para encubrir la ejecución de los opositores a la dictadura, el “Plan Z “, el caso de Tucapel Jiménez y el asesinato posterior de su supuesto asesino y así tantos otros…confiamos que esa dura experiencia histórica haga luz sobre este caso y que Manuel Olate sea liberado con prontitud.


Dirección Ejecutiva.
MOVIENTO CONTINENTAL BOLIVARIANO.



Caracas, 1 de Noviembre 2010